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Nuevo Congreso, viejas prácticas Marcha atrás en derechos adquiridos Eduardo Martínez Benavente , 2006.
La LVIII Legislatura inició sus funciones con una serie de violaciones a la legalidad, que comienzan a mostrar el escaso compromiso por parte de los nuevos diputados con las funciones para las que fueron electos y, con ello, exhiben su poca convicción que, como representantes populares, deben tener en torno a los valores de la democracia. Dominado por mayoría panista, el Congreso local sigue los pasos de su gobernador Marcelo de los Santos, y hace poco honor a lo que a nivel federal se presume como el principal avance logrado en el sexenio foxista, que está por concluir, en la democratización del país: la transparencia y el reconocimiento y puesta en operación del derecho de acceso a la información pública. Si bien en esta materia la LVII Legislatura, recién concluida, dejó pendientes, también es cierto que se lograron avances que los nuevos diputados, apenas instalados, hicieron retroceder. No conformes con las violaciones legales en las que han incurrido, los nuevos diputados han quitado a los potosinos derechos adquiridos durante la anterior legislatura y han sido omisos en el cumplimiento de obligaciones que quedaron establecidas en la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo. Resulta paradójico que quienes asumen responsabilidad de legislar, lo hagan violando la ley que los rige, especialmente en el tema que ofrece una nueva relación entre gobernantes y gobernados: la transparencia. Entre los derechos adquiridos por la ciudadanía y que ahora le son negados se encuentra la posibilidad de consultar en la página de Internet del Congreso del Estado la lista de cheques emitidos diariamente por la Legislatura. Desde noviembre de 2004, como un esfuerzo individual como diputado, publiqué en mi página personal de transparencia la lista mensual de cheques. A partir del 1 de noviembre de 2005, de manera formal la LVII Legislatura comenzó a publicar diariamente la lista de cheques emitidos en cada jomada. El último día que se publicó este listado fue el 12 de septiembre y, a la fecha, la actual Legislatura no ha dado a conocer ni un solo gasto que haya practicado. Para negar derechos, la nueva Legislatura ha incurrido en argumentos tan ridículos como la confesión de que incumplen con la Ley Orgánica del Poder Legislativo al dar respuesta a una solicitud de información relacionada con la nómina con el siguiente argumento: "por el momento no es posible atender su petición, en virtud de que el módulo de información del Congreso del Estado no se encuentra en funciones... haciendo de su conocimiento que una vez nombrada la persona que estará a cargo de dicho módulo, le haré llegar su solicitud, para que sea atendida a la brevedad posible", según nota publicada en este diario el pasado 10 de octubre. Con ese argumento, confiesan que incumplen con el artículo 137 de su Ley Orgánica, además de que ignoran en su totalidad la vigente Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública, pues, como sujetos obligados, la entidad pública que posea el documento solicitado debe proporcionarlo a quien lo requiera. Resulta lamentable que con ese argumento evasivo, Carlos Rebolledo en su carácter de Oficial Mayor, proteja a la Coordinación de Finanzas del Congreso. Ignoramos quien haya sido el solicitante que recibió esta respuesta, pero desde el momento en que se la entregaron está en todo su derecho de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAI). Es en materia de transparencia donde más acumulan violaciones a la legalidad los nuevos diputados. De acuerdo con el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política tienen un plazo de 15 días a partir de su conformación para nombrar un Consejo de Transparencia integrado por cinco ciudadanos representativos de diversos sectores de la sociedad. Ya ha pasado más de un mes de que se integró esta Junta y no ha existido ni la más mínima señal para que se inicie con una convocatoria para integrar este órgano de control ciudadano. Otra paradoja de la LVIII Legislatura que ensaya como lema la frase "Un Poder Ciudadano". A más de un mes de iniciada la Legislatura, las violaciones tanto a la Ley de Transparencia como a su Ley Orgánica son evidentes en su página de Internet. A pesar de que la página mantiene prácticamente la misma estructura que en la Legislatura anterior, los apartados se encuentran vacíos de información en su mayoría. El apartado de Transparencia se encuentra igual que como lo dejó la anterior Legislatura, con los huecos que las resistencias internas impidieron cubrir con la información correspondiente. Con la actitud mostrada hasta ahora aun son menores las esperanzas de que se complete la información. Las omisiones en que han incurrido los nuevos diputados derivan en violaciones a otra serie: de normas. Por ejemplo, se puede citar la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, de la cual, en principio, estarían violando, tanto los legisladores como los funcionarios administrativos que han negado información, el artículo 56 en sus fracciones I y IV, cuando menos. Cuando la tendencia en el país se encamina a la ampliación de los derechos de la población con el reconocimiento de los que se han dado en llamar derechos de segunda generación, sobre los que durante la anterior legislatura se tuvieron pequeños avances a pesar de las resistencias, San Luis Potosí es testigo de la instalación de una nueva Legislatura que como carta de presentación borra, derechos ya adquiridos, pone reversa en materia de transparencia y viola las leyes. Toda primera impresión cuenta, y la que han dejado los nuevos legisladores en materia de transparencia, uno de los pilares básicos de los valores democráticos, deja mucho qué desear. Apenas inician el camino y tienen ante sí muchas oportunidades de corregir y mostrar una verdadera actitud democrática: la Comisión de Gobernación de la anterior Legislatura les dejó aprobado el dictamen de reforma constitucional que da autonomía a la CEGAI y la faculta para sancionar a funcionarios que nieguen información, basta que lo lleven al pleno para su aprobación. En esa misma comisión quedó como documento de trabajo una versión de una nueva Ley de Información Pública que concentra las iniciativas y el trabajo del Comité de Información de la anterior Legislatura; tienen la oportunidad de dotar al Estado de una de las leyes de transparencia más completas y que mejor garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo cuenta con un capítulo de transparencia y otro de participación ciudadana que, si los aplican con el más auténtico sentido democrático, darán una clara señal de buscar ser una Legislatura de cara a la población. Ante la muy mala primera impresión que han causado, los nuevos diputados tienen ante sí la oportunidad de demostrar que son verdaderos demócratas. Les costará más compromiso y más trabajo, pero su labor apenas comienza y les quedan casi tres años por delante...
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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