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Más de la Garita de Jalisco Tutti contenti Eduardo Martínez Benavente Enero 16, 2006.
Tuvieron que transcurrir doce largos años para que los dueños de los fraccionamientos que se levantan en el ex ejido de la Garita de Jalisco cumplieran a medias con la obligación de cederle a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí una superficie de diez hectáreas contiguas a aquellas primeras 72 hectáreas, colindantes con el Parque Tangamanga, que adquirieron de la manera más ventajosa cuando se privatizaron las tierras ejidales mediante la reforma constitucional que promovió el ex presidente Salinas de Gortari. Durante la administración de Horacio Sánchez Unzueta se modificó el convenio en el que varios empresarios se habían beneficiado abusivamente de la adquisición de esta superficie a través de una operación que había celebrado con este grupo el ex gobernador interino Teófilo Torres Corzo. Horacio conseguía que el precio que su antecesor había pactado por la renuncia de los derechos que le correspondían al gobierno se incrementara considerablemente y los obligaba además a que una vez que adquirieran el resto de la superficie de la Garita de Jalisco –más de mil hectáreas– donaran a la Universidad diez hectáreas de terreno en un área privilegiada que se localizaría en la prolongación de la avenida Chapultepec con el boulevard Antonio Rocha, una superficie que a valores actuales sin urbanizar puede alcanzar un valor en el mercado inmobiliario de más de 80 millones de pesos. El origen de esta contraprestación se derivaba de una operación que había celebrado el gobierno de Carlos Jonguitud con el comisariado del ejido de la Garita de Jalisco en 1985, en el que consentían una expropiación de 72 hectáreas, para integrarlas como reserva para el desarrollo urbano de la ciudad y evitar la especulación ilícita del suelo urbano, como ocurriría más tarde con estos terrenos por los que pagaron 40 pesos el metro cuadrado para revenderlos ya urbanizados de 2 a 3 mil pesos. El profesor Jonguitud aplicaba 350 millones de pesos como indemnización para finiquitar este trato y se obligaba a gestionar ante el gobierno federal la expropiación correspondiente. Una buena parte de estos recursos nunca llegaron a sus destinatarios. Su yerno y operador financiero con el contubernio de algunas autoridades del Ejido se encargarían de que esto no ocurriera. Hasta 1997, Fernando Silva Nieto conseguía mediante un contrato de promesa de donación que los fraccionadores aceptaran el compromiso de donar a la Universidad esa superficie, que de ninguna manera puede considerarse como una generosa y altruista donación por parte de estos hombres de negocios, sino como el pago en especie de un terreno que habían comprado a un precio de ganga con lo que se había mermado el patrimonio inmobiliario de los potosinos. Sin embargo, desde entonces hasta el 25 de mayo de 2006 que se formalizó el compromiso mediante un contrato de Donación Gratuita e Incondicional, después de resistencias y pretextos, la Universidad obtenía finalmente su título de propiedad, no en el lugar privilegiado como el que en un principio se había señalado, sino en uno muy distante ubicado al sur del Periférico Sur entre el Parque Tangamanga y las faldas de la Sierra de San Miguelito, con un valor que difícilmente llega a la mitad de lo que vale uno de igual superficie con frente al boulevard Antonio Rocha. En la escritura de donación aparece como representante de Desarrollo del Pedregal de San Luis, la empresa donante, Eduardo García Navarro, con la anuencia de Vicente Rangel Lozano, quien estampó su firma además como testigo de honor, probablemente con la intención de reducir los riesgos de una reclamación posterior por parte de su socio principal porque el objeto social de esta sociedad no le permite celebrar este tipo de operaciones que desvirtúan la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles que es el lucró y la especulación comercial. Todavía más, en esta escritura no existe un vínculo o antecedente que obligara a la donante a desprenderse gratuitamente de este inmueble pues sólo reseña que una empresa denominada Urbanizadora del Sur lo había donado al Gobierno del Estado, sujeto a condición de formalizar su adquisición. Las partes y menos el Gobierno quisieron adentrarse en explicaciones no pedidas de esta truculenta historia. Del resto de los accionistas: los ejidatarios, que en la constitutiva aportaron el terreno y re-presentaban el 43 por ciento del capital social, ni se acordaron que existían, ellos nunca han contado para las decisiones importantes. Con todo esto, cuando mucho se le había dado una pequeña despostillada al patrimonio de los empresarios inmobiliarios que recuperarán pronto y con una enorme plusvalía el valor de la superficie cedida cuando las inversiones universitarias incrementen el precio de estos terrenos. Con la escasa información que se ha manejado sobre este tema, podemos asegurar que esta superficie todavía se redujo y de manera considerable porque de aquí se tomó el área en la que se construye el Tec Milenio propiedad del Tecnológico de Monterrey. Para compensar a la Universidad del daño patrimonial ocasionado por no haber recibido satisfactoriamente los terrenos convenidos. Marcelo de los Santos gestionó a cambio de algo que ignoramos, que Industrial Minera México le vendiera a la máxima casa de estudios de San Luis, en un precio irreal, desproporcionadamente bajo de 300 mil pesos, a 6 pesos el metro cuadrado, una superficie de casi 5 hectáreas en un lugar muy cotizado y bien ubicado frente al camino a !a presa de San José, la vialidad Sierra Leona y el boulevard del Río Santiago, propiedad que bien puede alcanzar un valor comercial de unos 30 millones de pesos. Esta operación no se podía, formalizar a través de una donación porque el objeto social de la minera no se lo permite e iría contra los intereses de los accionistas que especulan con sus títulos por medio de transacciones de compra venta en la Bolsa de Valores. Si alguno de estos especuladores se entera de la generosidad de sus administradores no nos extrañaría que obligaran a la empresa a revelar que negociaron con el Gobernador de los Santos. En fin, todos contentos, la Universidad por haber incrementado su patrimonio con estas dos adquisiciones: el gobernador del Estado, por haber aparecido en los medios de comunicación como un intermediario que había logrado destrabar exitosamente este nudo, la Industrial Minera México que algo sustancioso y muy gratificante ha de haber conseguido y que en esta ocasión consideró prudente que no le convenía cacarear su donativo, cuando su costumbre es publicitar y hacer ruido hasta cuando les regala unas escobas a sus vecinos de la fracción de Morales para que barran los montones de polvo con que los contamina; y no se digan los empresarios inmobiliarios, más que contentos: felices, porque como siempre resultaron ser los grandes ganadores de esta negociación.
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