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¿Qué esconde la General Motors? Eduardo Martínez Benavente Abril 15, 2007.
Debe preocuparnos el control político y administrativo que el gobernador Marcelo de los Santos ejerce sobre todas las instituciones del Estado. Resulta difícil encontrar una que se oponga a sus intereses y no satisfaga dócilmente sus ruegos o caprichos: diputados que no lo cuestionan y todo le aprueban; jueces que dictan sentencias aberrantes a su favor; secretarios y colaboradores que no se atreven a corregirlo; servidores públicos obsequiosos hasta la ignominia, todo esto, más millones de pesos que se gastan para promover su imagen y mitos, lo han convertido en un gobernante autoritario y arrogante en el que se concentra todo el poder del Estado. Creo que desde el cacicazgo de Gonzalo N. Santos no habíamos visto a ningún otro mandatario que ejerciera el poder sin restricciones ni límites. Por eso, no nos extrañó la tendenciosa resolución que nos notificó esta semana la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, en un asunto largamente esperado, que consistía en obtener una copia del convenio que celebró el Gobierno del Estado con la empresa General Motors de México, para conocer todos los compromisos a que se obligaban las partes. En las anteriores administraciones, los convenios que celebraba el Gobierno con las empresas que se venían a instalar a la zona industrial se publicaban completos en el Periódico Oficial del Estado. Nuestra solicitud se refería a información pública que necesariamente la SEDECO estaba obligada a proporcionarnos porque involucra la disposición de recursos públicos. Les advertimos que no aceptábamos la cláusula de confidencialidad que el Gobierno había suscrito con la empresa, porque un acuerdo de esa naturaleza no puede estar por encima de la Ley de Transparencia. Es más, lo que solicitamos debía difundirse de oficio. El 18 de octubre, el titular de esa Secretaría, Fernando López Palau, nos negaba la información solicitada argumentando que esa dependencia estaba impedida para otorgar su acceso, ya que se trataba de información considerada como reservada. Nos inconformamos y presentamos un recurso de revisión, que la CEGAI resolvió el pasado 28 de marzo, revocando parcialmente el acuerdo emitido por López Palau, y ordenando que sólo se nos podía entregar la información de las etapas del proceso que la Comisión consideraba concluidas, como son. “a) Entrega del Predio dentro del Parque Logistik Free Trade Zone, ubicado en Villa de Reyes…” Es irrelevante esta información y no le corresponde al Gobierno proporcionarla porque no fue parte del contrato de compra venta. En este caso, los que podían darnos los detalles de la entrega recepción del inmueble serían los vendedores, que como consta, fueron unos simuladores que se hicieron pasar como avecindados del ejido, cuando tienen su domicilio en zonas residenciales del municipio de Garza García, Nuevo León; y de la ciudad de México. Podría ser de interés en todo caso que la SEDECO nos explicara cómo le hizo este grupo de especuladores para obtener información privilegiada que les permitió vender con enormes utilidades una superficie de más de 345 hectáreas, que unos meses atrás acababan de adquirir a un precio irrisorio, para después revenderlo a la General Motors en más de 295 millones de pesos. Muy revelador hubiera sido entrar a los detalles de cómo el Gobierno del Estado, con dinero prestado, le reponía a la empresa los 295 millones de pesos que había pagado por la adquisición. No nos queda la menor duda del desmesurado interés del gobernador para que esta inversión se quede en San Luis al precio y bajo las condiciones que sean; pues sin lugar a dudas se trata de la gestión más importante de su administración, y sabe que si se cancela o suspende, los costos políticos y el desprestigio que tendría que asumir serían fatales. Es evidente que para lograr su objetivo, además de haber puesto en crisis las finanzas del Estado, ha tenido que violar un sin número de leyes, y por lo tanto tiene que evitar que se conozcan las ilegales particularidades de la operación. Bien diría Marcelo, que el fin justifica los medios. ¿Estará bien amarrada esta operación con severas cláusulas penales, si la poderosa trasnacional lo rescinde o no cumple con todos sus ofrecimientos? Todo indica que no, porque la CEGAI informa en su resolución “…que las gestiones relativas a las facilidades e incentivos que se entregarán se encuentran en un constante proceso de negociación…” De ser cierto lo anterior, el Gobierno estaría negociando de rodillas con la empresa, con tal de que no se le vaya. Los comisionados de la CEGAI también instruyeron a la SEDECO para que liberen: “b) Información relativa a infraestructura y dotación de servicios”. Se trata de una grave contradicción a su resolución porque son asuntos que supuestamente no deberían revelarse por encontrarse en proceso su realización. Lo que sí sería de interés conocer es el precio que tendrá que cubrir el Gobierno del Estado por cada uno de los servicios que está introduciendo en esta obra, y que son a su cargo, como la urbanización de las cuatro avenidas que circundan el inmueble, las costosísimas instalaciones eléctricas y ferroviarias, la perforación y equipamiento de un pozo que surtirá de agua a la automotriz, y algunos otros servicios que desconocemos. ¿Quiénes son los proveedores y constructores de estas obras no licitadas? El resto de la información que se desclasifica se refiere a números que ya se conocen como el monto que se pagó por el terreno y la cifra global de los apoyos en infraestructura. Y en lugar de confirmar o negar la información que ha trascendido en materia de estímulos fiscales, como la exención en el pago de los derechos de licencias de construcción, cambio de uso de suelo, impuesto sobre la nómina y otros; le ordena que nos de sus “Razonamientos que sustentan la entrega de apoyos e incentivos a la citada empresa…”, como si sus rollos para justificar sus excesos fueran del interés publico.
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6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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