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El de atrás paga Eduardo Martínez Benavente Agosto 19, 2007.
Además de los enormes pasivos que el gobernador Marcelo de los Santos le endosará a su sucesor dentro de un poco más de dos años, y que pueden alcanzar la cifra de 7 mil millones de pesos; le dejará también como herencia un buen número de obligaciones financieras que afectarán durante varios sexenios las partidas presupuestales destinadas a obra pública; que puede contraer, sin autorización del Congreso, desde que le aprobaron las recientes reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado. Una buena parte de la recaudación local y/o de las participaciones federales de las próximas administraciones podrían estar etiquetadas para cubrir los compromisos que suscribirá su gobierno con la iniciativa privada para que ejecuten desde ahora proyectos de infraestructura, como pueden ser la construcción del nuevo centro penitenciario de Ciudad Valles, la construcción del ducto para traer el agua de la presa “El Realito” a la capital del Estado, con sus plantas purificadoras, la construcción de hospitales regionales, el Centro de Convenciones, entre otros; que bajo un original esquema de prestación de servicios a largo plazo pueden financiarse a través de inversionistas privados a los que habrá que retribuir con una atractiva contraprestación por sus servicios; algo muy parecido al experimento de los PPS (Proyectos para Prestación de Servicios), que en nuestro Estado se han iniciado con la empresa española “Acciona”, a la que el gobierno federal le adjudicó en una licitación internacional el diseño y la construcción de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, que tendrá un costo de 388 millones de pesos, y que será cubierto con recursos de los inversionistas. Este proyecto debe quedar concluido en su primera etapa en octubre de 2008; por lo que la federación los compensará con 3 anualidades de 70 millones de pesos a partir de esta fecha, y 17 entregas de 105 millones cada una, con ajustes inflacionarios que se pagarán después de que quede totalmente concluida la obra. En esta contraprestación están incluidos los costos de los servicios por la operación, el equipamiento básico, el mantenimiento y la reposición de activos de las nuevas instalaciones universitarias. La suma total de estos pagos podría rebasar los 2 mil millones de pesos, por un edificio al que sólo se le van a invertir 388 millones de pesos en su construcción, más las erogaciones por los otros servicios que se mencionan, que durante cuatro lustros correrán por cuenta de los españoles. sin incluir el valor del terreno que lo aporta el Gobierno del Estado, El gobierno federal justificó esta inversión privada con el argumento de que si no se financiaba de esta manera, se llevaría años en su construcción, y que el gobierno del Estado no cuenta con recursos propios para realizar el proyecto. Hay que destacar que nuestras participaciones en este ejercicio han disminuido en más de 700 millones de pesos. Los tres panistas más viables para suceder al gobernador de los Santos en el 2009, podrían reaccionar de distintas maneras ante el desencanto que debe causar el hecho de que el presupuesto que les correspondería ejercer para la construcción de “su” obra pública, -con la que se hacen buenos negocios y amares políticos- quede desde ahora comprometido para pagar los proyectos que sean del gusto de su antecesor. El senador Eugenio Govea que no le hace fuchi a nada, le entra a lo que le dejen; el alcalde Jorge Lozano, ni le entiende ni le preocupa el problema; y el otro senador, Alejandro Zapata, que parece que si le molesta, lanza sus inconformidades a través del iracundo Luis Manuel Calzada, el único diputado que le queda y que le guarda lealtad y agradecimiento por haberlo promovido para ocupar ese cargo; los otros seis que llegaron al Congreso gracias a sus negociaciones lo han abandonado, y ahora están alineados con el gobernador del Estado; no con el secretario de Finanzas, Joel Azuara, como temerosamente se lo reprochó a su compañero de bancada, el diputado goveísta Enrique Trejo, aunque con términos mucho más descriptivos y exactos que los que usa este articulista. La oposición del diputado Calzada a las reformas aprobadas está plagada de incongruencias originadas por su irreflexión y desconocimiento del tema, -aunque me arriesgue a que también me aplique el mismo calificativo que utilizó con Trejo- porque si está tan a disgusto con este nuevo instrumento, con el que según él se maquilla la cuenta pública, se endeuda al Estado y se obtienen créditos sin el aval del Congreso; debió haber usado la tribuna para combatirlo y votar en contra de la reforma y no abstenerse como cómodamente fue el sentido de su voto. Si tanto le preocupaba el asunto debió denunciarlo desde abril en que se turno la iniciativa a la Comisión de Hacienda de la que forma parte; y dirigir sus baterías contra el gobernador del Estado, que es autor de la misma, a quien por cierto no se atreve a señalarlo en sus peroratas. El diputado debe saber que estas reformas no se pueden aplicar hasta que la Ley de Adquisiciones del Estado, que se les olvidó adecuar, se reforme para que los arrendamientos y servicios que se contraten puedan rebasar la vigencia del ejercicio presupuestado y tomar las previsiones necesarias, como lo señala la ley federal. Debió en todo caso solicitarle al gobernador un informe de los proyectos que pretende financiar con esta modalidad; y el valor de las contraprestaciones que se pagarían a los proveedores por estos bienes y servicios. No nos queda más que darle seguimiento a todos los convenios que se celebren bajo este nuevo modelo de financiamiento, porque se registran como gasto corriente y tienen prioridad en el proceso de presupuestación. No se dan en garantía las participaciones federales como los empréstitos que el gobierno obtiene de la banca, ni se registran como deuda pública, sino en el Registro Público de Contratos de Prestación de Servicios y Arrendamientos de Largo Plazo, al que todo ciudadano puede acceder.
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