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Las vergüenzas del Congreso Primera parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 26, 2007.
Sin la intención de demeritar el desempeño de los cinco ciudadanos integrantes del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado, -en el que muchos potosinos tenemos depositada nuestra confianza-; y esperando con especial interés su primer informe trimestral que rendirán a la ciudadanía el próximo 7 de septiembre; en el que evaluarán los asuntos parlamentarios, administrativos y de transparencia del Poder Legislativo que han podido observar durante este período; me permito presentar, insisto, sin el ánimo de chotear su trabajo, algunos asuntos de su competencia que pueden servirles para orientar sus esfuerzos. Independientemente de que la designación de los consejeros haya sido una propuesta de los coordinadores de los partidos políticos con representación en esta Legislatura, que obedeció a una negociación entre el Verde, Conciencia, PRI, PT-PRD y PAN; que se llevó al Pleno para formalizar los nombramientos de la historiadora Ma. Isabel Monroy Castillo, del comunicólogo José Tovar Rodríguez, del notario Jacinto Lárraga Martínez, y de los abogados Marco Antonio Coca Manzanares y Roy González Padilla; y que puede interpretarse como una cuota o asignación, en este órden, para que cada uno de esos partidos tuviera “su representante”; no podemos descalificarlos si no conocemos el contenido de su trabajo, porque confiamos en que son personas honorables, y seguramente nos informarán con objetividad y veracidad de lo que ocurre en ese recinto. Para los potosinos no tiene ninguna relevancia la discusión que existe entre el consejero Jacinto Lárraga con uno o dos diputados, en el sentido de que si el informe de sus observaciones debe rendirse ante el Pleno, ante la Junta de Coordinación Política o a ante la Comisión de Vigilancia del Congreso; lo que realmente nos interesa es que no se omita ningún tema, que le entren sin ninguna consideración a los asuntos más conflictivos y que el informe tenga a través de los medios de comunicación, la difusión más amplia que se le pueda dar. Pues son sabedores de que el único instrumento de presión o arma con la que cuentan, es su calidad moral y las denuncias y observaciones que presenten ante la opinión pública. Esta es la primera experiencia en el país, en la que de una manera oficial, un grupo de ciudadanos sin retribución alguna, y sin facultades, por ahora, para aplicar sanciones, se les faculta para que puedan acceder a cuanto documento o sesión consideren convenientes y se les proporcione todo tipo de información para que cuenten con los elementos de juicio necesarios para cumplir con su encargo. Del éxito o fracaso de este consejo depende su instauración en otras instancias de poder o su desaparición para siempre si es que no funciona; es así como se concreta uno de los objetivos más apreciados del ideario de las democracias más avanzadas de izquierda, que consiste en implantar un sistema de fiscalización y participación de la sociedad en los asuntos públicos. Está comprobado que es el método más efectivo para reducir la corrupción y eficientar el trabajo de los servidores públicos. Se requiere de alguien que los vigile e inspeccione permanentemente. Algunos de los asuntos de mayor consideración que se le pueden observar a esta Legislatura son los siguientes: a).- El nombramiento tardío y de mala gana de los miembros del Consejo de Transparencia, que en un ambiente hostil y de rechazo inician sus actividades como observadores ciudadanos. Los diputados incumplieron con su Ley Orgánica porque su designación se postergó 8 meses de la fecha establecida en el artículo transitorio septimo de esta Ley. b).- En la comparecencia del Secretario de Educación Pública, ante la comisión encargada de asuntos relacionados con la educación, se prohibió el acceso al público y a los medios de comunicación, no obstante que la privacidad de las sesiones sólo está permitida en los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, como lo dispone la segunda fracción del artículo 40 de esta Ley; con lo que retrocedimos en materia de transparencia. C).- Son 12 las iniciativas y 5 los puntos de acuerdo pendientes de dictaminar que fueron turnados hace más de seis meses a diversas comisiones, y que permanecen en la “congeladora” contraviniendo el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque no consta solicitud de prórroga que justifique la complejidad del asunto a tratar; como tampoco pueden argumentar exceso de trabajo porque hasta el 9 de agosto del año en curso, a casi once meses de su arribo, sólo se han celebrado 76 sesiones, con una duración promedio de una hora 20 minutos cada una. D).- En uso de sus facultades, sería muy ilustrativo que se asomaran a revisar los comprobantes de los gastos originados por concepto de viáticos, investigando si el egreso está justificado con alguna actividad legislativa. E).- Analizar la bitácora que reporta el uso de los vehículos oficiales del Congreso, porque es muy probable que varias unidades de su flotilla las utilicen para sus asuntos particulares. F) Observar el ilegal acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la que se aprobó exentar a los diputados de la obligación de comprobar la partida que mensualmente se les entrega para apoyos de gestoría. G).- Verificar la existencia y en su caso, el trabajo que desempeñan los asesores de los diputados que se pagan con recursos que reciben del erario. H).- Reprobar las últimas contrataciones del contador Héctor Mayorga, que agrega a la pesada nómina de la Auditoría Superior del Estado a personas que no tienen el perfil ni los méritos que se requieren para actividades de fiscalización y revisión de cuentas públicas. Que no pierdan de vista los consejeros de la transparencia que sus atribuciones como observadores alcanzan también a este órgano del Congreso; y que si bien es cierto que no pueden husmear los trabajos de auditoría hasta que queden concluidos, si pueden observar sus asuntos administrativos y de transparencia.
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