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La versión de los mineros Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Diciembre 16, 2007.
A los opositores al proyecto minero depredador, por su empeño y sacrificios en esta lucha desigual.
El pasado 13 de noviembre, “Pulso” publicó una solicitud de réplica del Coordinador Jurídico de Minera San Xavier, Luis Rodolfo Rodríguez, en la que le asegura al director de este diario que ”todos” los argumentos que invoco en mi artículo que apareció publicado el domingo 11 de noviembre, con el título de “Borrando Nuestra Historia”, y que se refieren a la resolución del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró la nulidad lisa y llana de la autorización de impacto ambiental otorgado a esta empresa, fueron legal y debidamente superados por otra sentencia que dictó este mismo Tribunal el 5 de octubre de 2005, con la que la Semarnat se atrevió a darles una nueva autorización que es con la que actualmente funcionan; pero el abogado de la empresa omite en su réplica que ante este atropello, los grupos ambientalistas presentaron un recurso de queja que si bien se acaba de declarar improcedente, el Tribunal, en cambio, ordenó que se instruyera como un nuevo juicio de nulidad que se está atendiendo; y nada dice de la demanda de amparo que los opositores presentaron simultáneamente ante esa negativa y que también está pendiente de resolverse. Como se puede apreciar, los canadienses y sus colaboracionistas están muy lejos de terminar con el conflicto y superar las demandas legales que pesan sobre la minera, y tan es así, que en el informe sobre la situación financiera y desarrollo de la empresa que rindió el pasado 13 de noviembre, el presidente de la junta directiva de Metallica Resources Inc., propietaria de Minera San Xavier, reconoce y advierte a sus accionistas que “In the event of an adverse ruling from any of the irresolved lawsuits, the Company may be forced to suspend or cease proyect construction or operating activities”, que quiere decir: “En el caso de que se pronuncie un fallo adverso en cualquiera de las demandas legales que están pendientes de resolver, la compañía puede verse obligada a suspender o cesar el proyecto de construcción o las actividades de la explotación”. Los juicios pendientes de resolver existen y preocupan a los dueños de la minera. Es así que queda demostrado, que el que miente a la opinión pública es el representante de la empresa; como mintieron también en sus folletos publicitarios que distribuyeron por miles entre los potosinos para que su inversión fuera aceptada en nuestra comunidad, y en los que se comprometían, entre otras muchas cosas que no han cumplido ni cumplirán, a que no desaparecería el Cerro de San Pedro. Sin embargo, aun cuando estamos plenamente convencidos que tenemos la razón, y el derecho nos asiste, no podemos soslayar que el tiempo está a favor de los mineros, pues la desaparición del cerro avanza aceleradamente, y las definiciones legales son tortuosamente tardadas. El presidente de la Junta Directiva de Metallica Resources Inc., miente en su informe cuando afirma que todas las demandas que han presentado los grupos opositores a la minera en los últimos cuatro años se han resuelto finalmente a favor del gobierno mexicano, y por consiguiente han favorecido a la minera. Lo que desde luego no es cierto, y para muestra basta con citar uno de los asuntos que se han ganado, como es la resolución definitiva de fecha 18 de octubre del año en curso, que dictaron por unanimidad de votos los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el juicio de amparo en revisión administrativa que promovió el Núcleo Agrario de Cerro de San Pedro contra el presidente municipal de ese lugar y otras autoridades, en el que coludidos con la empresa minera acordaron la aprobación de la definición técnica de los límites del polígono que corresponde a la zona urbana que conforma el fundo legal de esa cabecera municipal y la regularización de la tenencia de la tierra dentro de dicho fundo. Lo que se pretendía era afectar al ejido con los acuerdos que se tomaron en dos actas de cabildo, pero los ejidatarios no fueron llamados a juicio a defender sus intereses violando sus garantías, ya que el cabildo de Cerro de San Pedro al iniciar unilateralmente un procedimiento para deslindar su zona urbana, violó las garantías de audiencia de los colindantes, en este caso del Ejido. De tal manera, que este alto tribunal concedió el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades municipales de Cerro de San Pedro, dejen insubsistentes las actas de cabildo 58 y 59, así como el plano oficial que delimita su fundo legal. Es más, el abogado de la empresa no desmiente las otras observaciones que se mencionan en mi colaboración dominical, tal vez porque no tiene argumentos con que hacerlo. Nada dice de que la administración municipal de Cerro de San Pedro no ha otorgado ni renovado permiso alguno de cambio de uso de suelo a favor de Minera San Xavier, pues el anterior quedó sin efectos por la nueva autorización en materia de impacto ambiental que les otorgó la Semarnat. No tiene elementos jurídicos para defender la ilegal ocupación de su representada, para usos mineros, sobre una superficie de 136 hectáreas enclavadas dentro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pues no sólo no han conseguido el permiso para el cambio de uso de suelo, sino que el cabildo en pleno rechazó su solicitud “por los graves daños ecológicos que causaría a nuestro municipio y a los habitantes de los alrededores”. Aunque nos parezca raro, pero este pronunciamiento ocurrió durante la administración de Roberto Cervantes; mejor el controvertido personaje soledense se preocupó por el impacto que ocasiona esta actividad, negándoles el permiso que solicitaban, que el alcalde capitalino Jorge Lozano, que contempla indiferente cómo nos están borrando del mapa el Cerro de San Pedro, sin considerar que ese montículo forma parte del escudo de armas de la ciudad, en el que está representado nuestro origen e identidad.
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