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La violencia llegó a San Luis Eduardo Martínez Benavente Diciembre 9, 2007.
Es traumático perder la tranquilidad y sentirse vulnerable e indefenso en una ciudad en la que hasta hace muy poco el crimen organizado no la había penetrado. Presumíamos con especial orgullo que San Luis era ajeno a la violencia desatada en casi todo el territorio nacional. Era uno de nuestros principales atractivos que nos permitía competir con otros estados de la República e inclusive con otros países para atraer inversiones a la entidad. Pero algo muy grave ha de haber ocurrido para que se rompiera tan bruscamente la “PAX POTOSINA”. ¿Quién fue y por qué, o cambio de qué, el que incumplió las reglas no escritas o valores entendidos de convivencia y tolerancia entre autoridades potosinas y la gran delincuencia? Porque San Luis Potosí ha sido desde siempre un lugar de paso para sus productos. Ante la incapacidad de la policía para combatir a las bandas criminales, o bien, debido a la corrupción de los responsables de brindar seguridad a los potosinos, es muy probable que un acuerdo de tal naturaleza pudiera habernos permitido transitar sin mayores sobresaltos durante muchos años en el Estado, hasta que hace unos cuantos meses vinieron los arrestos de presuntos delincuentes, seguramente muy importantes dentro de su organización, como el ocurrido en una gasolinera rumbo a la carretera a Zacatecas, en la que por un asunto menor se vieron implicadas varias personas vinculadas con alguno de los cárteles que operan en el país, y que reclamaban contrariados y perplejos que se les permitiera seguir su camino porque algún alto personaje de la administración pública les había garantizado el paso libre por nuestro territorio, a cambio de no realizar acciones violentas en el Estado. Es lo que los alemanes conocen como la “realpolitik”, que es la política basada en intereses prácticos más que en la teoría o en la ética; y que sabemos que se aplica en nuestro país en ciertas actividades ilícitas que triste y vergonzosamente tienen que ser “administradas” por el Estado. El acuerdo no fue cumplido. Los presuntos delincuentes fueron atraídos por la federación, y todos fuimos testigos de la peligrosidad de estos individuos por el tamaño del operativo policiaco militar que se empleó para que fueran trasladados de la cárcel de la Pila al aeropuerto “Ponciano Arriaga”, y de allí, con rumbo desconocido, a una prisión de máxima seguridad. Algunos consideramos que éste fue el evento que desató la crisis y las violentas ejecuciones de los jefes de la policía en San Luis Potosí. Ante el ocultamiento de los hechos ocurridos el pasado 29 de noviembre, y ante la invitación del gobernador del Estado para que saquemos nuestras propias conclusiones del episodio de sangre y terror que vivimos los potosinos en esa fecha, nos vemos obligados a teorizar en este caso porque no hay un informe veraz y exacto de la violenta incursión que ocurrió en el centro histórico de la capital del Estado. Las versiones que hemos escuchado y leído son contradictorias y confusas. ¿De quiénes eran los vehículos que se desplazaron en sentido contrario del Hotel Panorama a la esquina de Carranza e Independencia? ¿A quién buscaban en el interior de la capilla de Guadalupe de la Acción Católica? ¿Quiénes eran? ¿A qué venían? En fin, son interminables las preguntas que nos hacemos y nadie nos da respuesta. Pocos sucesos han conmocionado tanto a la sociedad potosina, como el que acaba de ocurrir. Percibimos que la secuela de ejecuciones y balaceras va a continuar. Pues no se trata de hechos aislados o accidentales. Estamos muy decepcionados por la inoperancia de los casi 500 elementos de la policía federal preventiva instalados en San Luis, que tanto nos cuestan, y que a la hora de la verdad no se aparecieron. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no intervinieron? Si el tiroteo y la persecución duraron más de una hora; tiempo suficiente para haber bloqueado todas las salidas de la ciudad. Ni un solo detenido, ni una pista. Exigimos una explicación sensata de su inmovilidad. Parece que para lo único que sirven es para reprimir y asustar a pequeños comerciantes de la ciudad a los que les confiscan su mercancía. El gobernador apunta a un jefe policiaco como el objetivo de la misión punitiva, seguramente se refiere al comisario Cesáreo Carvajal Guajardo, que a esas horas se encontraba en Palacio de Gobierno con los otros encargados de la seguridad pública del Estado. Si esto es cierto, que lo dudo, porque si quisieran ejecutarlo lo habrían hecho en lugares de más fácil acceso; pero por si las dudas, por un mínimo de respeto a la vida de esta persona y por el riesgo inminente en que se encuentra, debería despedirlo y ordenarle que regrese de inmediato a su lugar de origen. Si desaparece de San Luis, puede ser que también cesen los embates de la delincuencia, pues quedó demostrado que somos incapaces de responder exitosamente a una agresión como la ocurrida ese jueves. Fue un error del gobernador Marcelo de los Santos haber renunciado a su responsabilidad de garantizar la seguridad pública de los potosinos al confiársela al gobierno federal, cuando sabemos del fracaso de su estrategia nacional a cargo de los mismos ineficaces policías del sexenio foxista; y peor aún, haber contratado los servicios de jefes policiacos foráneos, sin arraigo ni querencia por el terruño. Sabemos que se trata de un problema nacional insoluble, al que mucho ha contribuido la desatención de los gobiernos panistas a los rezagos sociales que consideramos inaplazables. Que bueno que la sociedad civil salga a la calle y participe de cualquier manera para manifestar su preocupación y rechazo con lo que está sucediendo, mi respeto y reconocimiento a las personas que de buena fe se incorporen este domingo a la marcha “light” que han convocado las organizaciones de ultra derecha de San Luis vinculadas al gobierno del Estado; pero cuiden que no los utilicen esos grupos para sus fines muy particulares, y exíjanle al gobernador del Estado que les de una explicación puntual de lo ocurrido ese fatídico jueves.
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