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El auditor que viene Eduardo Martínez Benavente Enero 21, 2007.
La designación del Auditor Superior del Estado seguramente será la acción legislativa más trascendental que le corresponderá tomar a los actuales diputados en los tres años que permanezcan en el Congreso. Creo que ninguno otro dictamen que voten a favor o en contra durante su gestión, así como ninguno otro nombramiento en el que intervengan tendrá las consecuencias e importancia de esta elección. No se si los diputados de esta Legislatura están conscientes de la importancia que tiene para los potosinos la designación, entre una terna de profesionistas, de este personaje de la vida pública que puede durar en el cargo hasta el 2015. Si se equivocan o ceden a los intereses y lineamiento que les pueda marcar el Gobernador del Estado a través de alguno de sus operadores, entonces estarán traicionando a sus representados y retrocederemos en esta materia de revisión y examen de las cuentas públicas a un punto que nos costará muchos años revertir, si es que nos proponemos algún día recuperarnos. Las conductas de sumisión y simulación que han exhibido la mayoría de los diputados en los poco más de cuatro meses de actividades que llevan, nos indica que el gran elector en este caso será Marcelo de los Santos. Vimos cómo recularon los diputados panistas al aprobar una serie de impuestos que gravan la mermada economía de los potosinos, no obstante que se habían comprometido defender su patrimonio. Fuimos testigos de que sólo se atrevieron a reducirle en 4 millones de pesos los gastos de propaganda y difusión de su imagen, dejándole intacto el resto de su presupuesto; y para congraciarse con él le aprobaron una Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que le permite hacer prácticamente lo que quiera con el gasto público. Una nueva Ley con más concesiones y libertades que la que abrogaron y que pasó inadvertida. Finalmente nos enteramos que ni siquiera se animaron a exigirle que firmara un compromiso formal de austeridad, especificando las medidas a las que se comprometía. Estamos convencidos que el principal interesado en que esta designación recaiga en un auditor que se deje manipular es el propio Gobernador del Estado, que es también el funcionario que más temería que se le revise de una manera profunda y seria; sin concesiones ni ocultamientos. En un gobierno en el que los recursos públicos se manejan de manera discrecional; en el que nadie se atreve a cuestionar sus cifras y movimientos; en el que el titular del Ejecutivo a través de una Comisión Gasto Financiamiento modifica y dispone de las partidas presupuéstales cómo le viene en gana; lo peor que le puede ocurrir es que le pongan enfrente a una persona que libremente fiscalice y sanciones todos sus excesos. Las funciones del Auditor Superior del Estado serán de suma importancia, pues el examen y revisión de todas las cuentas públicas son asuntos de su competencia, así como los nombramientos, promociones y despidos del personal a su cargo. Se le otorga autonomía administrativa, técnica y de gestión; lo que quiere decir que los diputados ya no serán sus patrones. No lo podrán cesar, sino sólo por causas graves y después de un complicado procedimiento. Manejará libremente su presupuesto. Tendrá fuero. Se le faculta para que presente las denuncias y querellas que considere convenientes. Todo esto sin consultar a los diputados. La fiscalización y verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales será otro de sus encargos. Podrá determinar y fincar responsabilidades a los servidores públicos y señalar el monto de los daños y perjuicios que afecten al erario público; y algo muy importante será el encargado de hacer efectivas todas estas sanciones. La Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales, ante su rotunda fracaso para recuperar los créditos fiscales serán relevadas de la cobranza. En lo sucesivo ya no se votará por la aprobación o rechazo de las cuentas públicas, simplemente se señalarán sus irregularidades e ilícitos que presentará en sus informes la ASE. De tal manera que reduce a la Comisión de Vigilancia a una figura decorativa y ociosa, pues absorbe la mayoría de sus atribuciones. Su última acción relevante será recibir decenas de solicitudes para ocupar este cargo, revisarlas, determinar cuáles cumplen con los requisitos, entrevistar a los prospectos, evaluarlos y llevar al Pleno un dictamen con la terna de candidatos para su elección. Los presidentes y tesoreros municipales deben saber que los diputados ya no podrán intervenir e influir en sus cuentas, ni para bien, ni para mal. Como se puede advertir, se trata de un puesto muy apetitoso; el poder que tendrá el Auditor puede ser desmedido si se utiliza indebidamente, por eso, la necesidad de que llegue a esa posición el ciudadano más apto, probo, independiente y valiente que podamos identificar; si no, de lo contrario se convertiría en una herramienta de castigo y represión política, y más corrupción. Muchos son los prospectos que pueden ocupar esta función: los que se inscriben sin patrocinios, ni apoyo de padrinos, los que están promoviendo algunos funcionarios públicos, y los que nos gustaría que por sus méritos ocuparan ese cargo pero que no les interesa participar porque saben que todo está arreglado; en este último grupo destaca Daniel Diep Diep, que sería la persona más indicada para esta responsabilidad por su independencia, valor civil, conocimientos y autoridad moral; Cesar Rubio Arteaga, Joaquín Herrán Martínez. En los otros grupos empiezan a aparecer Nestor Garza Castillo, Eduardo Zúñiga, Antonio Sandoval Torres, Jorge Palomo Lara, Alfonso Díaz de León, Javier Sánchez Villalobos, Pedro Armendáriz, Roció Torres Armenta, Jesús Conde Mejía, Armando Zúñiga Rivera, Felipe Lobo, Delfino Vergara, Héctor Mayorga, Oscar Alarcón Guerrero, Jorge Ramírez Cruz y los que se sumen a esta larga lista de aquí al próximo martes, fecha en que se cierran las inscripciones.
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