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"San Pedro debe ser destruido" Eduardo Martínez Benavente Enero 28, 2007.
El objetivo era destruir a Cartago –Delenda est Carthago- para eliminar a los fenicios de la competencia comercial y extender los dominios territoriales del Imperio Romano. Catón, el censor, imprimió esta frase en todas sus arengas para convencer y llenar de odio a sus conciudadanos, allá en el año 150 antes de Cristo. No se trataba de vencerla, su objetivo era arrasarla, borrarla de la faz de la tierra para siempre: sus piedras, sus ciudadanos, su cultura, incluso su recuerdo debían desaparecer; y Catón lo consiguió: fue arrasada con una minuciosidad tal que los arqueólogos sólo han conseguido encontrar pequeños restos de lo que antaño fue la mayor y más rica ciudad del mediterráneo. Cerro de San Pedro, como Cartago, por ambiciones mercantiles, debe ser destruido para extraerle todo el oro y la plata que aún quedan en sus entrañas. Estoy plenamente convencido, como muchos otros potosinos, que la instalación de la Minera San Xavier en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro no ha traído los beneficios prometidos para esa comunidad ni para el resto del Estado; y sí en cambio es un proyecto depredador, motivo de serios inconvenientes y riesgos para los potosinos, por lo que no debemos permitir su funcionamiento. La bonanza y progreso de la comunidad anunciados como argumentos por parte de la Minera para obtener los permisos de los tres niveles de gobierno han resultado ser un engaño, una más de sus mentiras. En el último informe de la cuenta pública de este Ayuntamiento consta un ilustrativo caso de los actos de corrupción de la empresa: se detectó un donativo por cincuenta mil pesos que no ingresó a la tesorería de Cerro de San Pedro, y sí presuntamente al bolsillo del ex alcalde por los favores recibidos. La minera quiso justificar el egreso con un recibo de entero que no se reportó en la contabilidad municipal. En la póliza de egresos de la sociedad no consta el número de cheque y banco por lo que se presume que el pago se hizo en efectivo para que el verdadero beneficiario no dejara pistas si cobraba un documento. La Procuraduría no ha procedido contra los directivos de la empresa por la destrucción de la “Finca Guadalupe” que fue demolida no obstante que estaba catalogada como un inmueble patrimonio de la Nación. A las arcas municipales no ha ingresado un centavo por concepto del Impuesto originado por el cambio de uso de suelo de más de 350 hectáreas, por lo que debería fincárseles un crédito fiscal de más de 100 millones de pesos. En un Municipio que administra un miserable presupuesto anual de no más de 9 millones de pesos representaría un ingreso histórico suficiente para transformar esa comunidad. A todos nos consta que no ha habido desarrollo económico en ese municipio: ni la población ha crecido, ni hay obra pública, ni recaudación tributaria. Para colmo, si algún día logran extraer y comercializar sus productos, la Federación se quedará con los impuestos que se cobren. Nada para el Estado, ni para el Municipio. En cambio los riesgos son enormes: los grupos ambientalistas y el sentido común nos han advertido de los graves daños a nuestro patrimonio histórico y cultural, al medio ambiente y por supuesto a la salud, que padeceríamos de consumarse este proyecto. El uso inmoderado de agua potable para sus piletas de lixiviación y otras áreas es brutal: millones de metros cúbicos quedarán contaminados con el cianuro que se utilizará para extraer los metales preciosos de las piedras trituradas que se amontonarán hasta formar enormes montañas de tierra cianurizada. No podemos permitir ese consumo irracional en un valle en el que escasea este líquido. El compromiso original de la empresa, dentro de las condicionantes que aceptaron para trabajar era utilizar agua tratada. Lo incumplieron; lo mismo que conseguir la anuencia de todos los habitantes del área de afectación y reubicarlos en un lugar seguro. Se atrevieron a utilizar explosivos con la población dentro de la zona de peligro. Ni siquiera fueron avisados. El mito de que su dinamita estaba controlada se les vino abajo: las rocas del cerro rodaron por montones hasta el poblado en su última voladura. Con estas detonaciones es inminente el derrumbe del bello y colonial Templo de San Pedro Apóstol que se localiza en la plaza principal, quince metros abajo se encuentra una red de socavones de tiempo de la colonia. El tajo y mutilación a la cima del Cerro de San Pedro provocará la desaparición de uno de los símbolos que aparecen en los escudos de la ciudad y del Estado. Los daños serán irreparables. No conozco desacato más atrevido en San Luis Potosí, que el incumplimiento de la sentencia en la que la SEMARNAT, en lugar de cancelar el permiso de uso de suelo y operación, como irreversiblemente lo sentenció el Pleno del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, emite un nuevo permiso con menos restricciones y obligaciones que el anterior; lo que le ha permitido a San Xavier seguir avanzando en su proyecto. Los abogados opositores presentaron un recurso ante este Tribunal para que obligue a la Secretaría del Medio Ambiente a dar cumplimiento a su sentencia y someta a Juicio de Responsabilidad a los funcionarios implicados. Estamos esperando la resolución. No hemos perdido esta lucha a pesar de las enormes desventajas que significa enfrentarse con una empresa que cuenta con todos los recursos económicos, y el apoyo y complicidad de las autoridades, principalmente del gobernador Marcelo de los Santos, a quien hacemos responsable directo de los daños y destrucción que provocará la minera si logra imponerse. Que no se le olvide que los canadienses se van en pocos años; él y nosotros nos quedamos. Por lo pronto, los grupos de oposición a la Minera tomaron el acuerdo, dentro de otras acciones de resistencia civil, congregarse el viernes 2 de febrero, a las 4 de la tarde, frente a la doceava zona militar, sobre la Calzada de Guadalupe, y de allí marchar hasta Palacio de Gobierno para iniciar la batalla final.
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