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El contador que no llegó Eduardo Martínez Benavente Febrero 18, 2007.
Todo indica que mañana 19 de febrero será electo por la mayoría absoluta de los diputados de esta Legislatura, el contador Héctor Mayorga para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, a pesar de los irreparables impedimentos de naturaleza jurídica, ética y política que pesan sobre su persona. De esta manera concluye una acción legislativa con la que se traiciona la lucha de miles de potosinos que creyeron que llevando al Partido Acción Nacional al poder, llegarían también los hombres más probos y capaces a ocupar las posiciones de los priístas. El mismo contador que tapó la corrupción del gobierno silvanietista, cubrirá ahora la de los panistas. No tiene sentido distraernos ahora en el análisis de las posibilidades y antecedentes de los otros dos candidatos que también fueron propuestos de manera unánime por los integrantes de la Comisión de Vigilancia: de Ignacio Priego Santos, sólo podemos decir, sin ánimo de agraviarlo, que es un simple relleno para completar la terna, y que no tiene la menor oportunidad de obtener los votos que se requieren para ocupar esa responsabilidad; de Carlos Castillo Rodríguez, podemos asegurar que el objetivo de su impulsor y amigo, el senador Eugenio Govea, quedará satisfecho con el compromiso por parte de Mayorga y sus verdaderos jefes, (Marcelo y Joel Azuara) para que personas de su confianza tengan cabida en lugares estratégicos de la entidad fiscalizadora. No creo que Castillo haya creído que podía quedar como titular. Muchos recordamos que en la Legislatura anterior, Govea intentó por lo menos en dos ocasiones imponérselo al Contador Mayor de Hacienda, Antonio Sandoval Torres. Las dos veces lo rechazó. Esto fue uno de los tantos motivos de los desencuentros entre estos dos personajes. Hasta que llegó Jesús Conde lo incorporó y quedó congelado en una oficina irrelevante. Su aparición en el escenario público sólo le sirvió para que su ex socio, Carlos Aguinaga Hernández lo golpeara, circulando información en la que se le imputan serias responsabilidades como ex tesorero del Ayuntamiento de Tampico. Del que hay que preocuparnos es de Héctor Mayorga. Por un principio elemental de ética está impedido para ocupar ese cargo porque en los seis años que fungió como titular de la Contaduría (septiembre de 1997 a septiembre de 2003) rindió informes aprobatorios de todas las cuentas públicas del gobierno del Estado sin siquiera haberlas auditado, por la sencilla razón de que no existía el área de auditoría gubernamental. Hasta que llegó Antonio Sandoval se instauró. Los excesos que se cometieron durante esa administración siguen afectando a la hacienda pública. Nunca les detectó irregularidades a los gobernadores que supuestamente revisó. Hacía suyas las auditorías que le enviaba la Contraloría del Gobierno del Estado. Hay ejercicios gubernamentales que salieron limpios, inmaculados: cero observaciones. Todo quedaba solventado. Nunca se atrevió a revisar las finanzas del Poder Judicial, menos las del Legislativo. A todo mundo complacía. Sus empleados lo recuerdan como un jefe bonachón que les toleraba todas las indisciplinas. A él le toco revisar las cuentas de la administración municipal de Marcelo de los Santos. Salieron limpiecitas, como seguramente seguirán saliendo las que le faltan ahora como gobernador. Sólo se ensañaba contra aquellos alcaldes que no tenían padrinos políticos que los protegieran o los que por consigna había que perjudicar. Tenemos pruebas documentales de actas de cabildo de varios ayuntamientos en las que de la manera más ingenua se acuerda autorizar el pago para que el despacho que les recomienda el contador Mayorga los ayude a solventar las observaciones de sus cuentas públicas.; como consta en el acta del 2 de junio de 2003 del Ayuntamiento de San Nicolás Tolentino. Observaciones que el propio contador se encargaba de fincarles en sus informes para después indicarles quién los sacaba del atolladero. El Contralor Carlos Esparza del Pozo, informaba el 8 de diciembre de 2003 al Coordinador General del SIFIDE, Rodolfo Oliva Pué, que el despacho Díaz de León Mayorga y Asociados, SC., llevaba a cabo trabajos de auditoría en cinco fideicomisos del Gobierno del Estado, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2003, período en el que Mayorga se desempeñaba primero como el titular de la Contaduría, y después como Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. El contador Mayorga tiene la obligación de abstenerse de auditar a la Secretaría de Finanzas por haber ejercido el cargo de Director de Ingresos de esa Secretaría. Es cierto que este trabajo se puede encomendar a uno de sus subalternos, pero estamos seguros que nadie se atrevería a señalarle las irregularidades de sus actuaciones por la sencilla razón de que tiene facultades para cesarlos o removerlos sin consultar a nadie. Para no incurrir en un conflicto de intereses se estableció como impedimento legal para ocupar ese cargo, que el Auditor no hubiere dispuesto de recursos públicos durante el último año; requisito que no cumple Mayorga porque un Director de Ingresos, lo que equivale a la figura de Tesorero que desapareció, tiene dentro de sus facultades la de recaudar y manejar los ingresos del Gobierno, disponiendo incluso de éstos al momento de condonar multas u otorgar subsidios. Por cierto sería muy valioso que diera a conocer la lista de las empresas que favoreció con estímulos fiscales para que pagaran menos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad. Por lo tanto, no debe entenderse que el término “disponer” se refiere únicamente al gasto público. Por muchos años tendremos que lamentar que en el asunto más importante y trascendental de esta Legislatura, sus integrantes le volvieron a fallar a los potosinos. Se impusieron los intereses del Gobernador del Estado y del contador Joel Azuara, tal como estaba previsto.
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