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"El Chato" y sus demandas Eduardo Martínez Benavente Julio 15, 2007.
Cuando todas las instituciones parecen estar al servicio de los intereses de los grandes fraccionadores y constructores de la ciudad, cuando el Contador Marcelo de los Santos Anaya aparece como comisario de las inmobiliarias de Carlos Gerardo López Medina, alias “El Chato”, cuando son inocultables los estrechos lazos de amistad entre López Medina y el Gobernador Marcelo de los Santos, cuando sabemos que hay jueces de consigna que se doblan ante las influencias de los poderosos terratenientes potosinos; entonces, no nos debe extrañar que un juez de lo Civil haya fallado en contra del Municipio Constitucional de San Luis Potosí, de su ex presidente Octavio Pedroza Gaitán, de la ex síndico y valiente defensora del patrimonio inmobiliario de los potosinos Laura Elena Guerra Cerda y de los ex regidores Héctor Mendizábal Pérez, Lucía Guadalupe Jiménez Gómez, Luis Alfonso González de Alba, Lucía Dibildox, Jorge Herrera Romero, Claudia Díaz Díaz, Enrique Trejo, Francisco Lomelí, María del Carmen González Meraz y Margarita de los Santos, que en una primera instancia pierden una demanda millonaria que promovió en su contra López Medina, en representación de Urbanizadora Peña Blanca y Residencial La Tenería, por el pago de daños y perjuicios, cuyo monto exacto será fijado por la autoridad judicial en el incidente de liquidación correspondiente, porque el Ayuntamiento planteó un juicio de nulidad, reclamando los vicios de forma, el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y el perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de San Luis Potosí por la autorización del Condominio Residencial “La Loma Club de Golf”; lo que según el fraccionador, trajo como consecuencia que al hacerse pública la demanda se afectaran los intereses económicos de sus empresas, así como su crédito comercial y prestigio profesional. Solo en un mundo al revés, y en la sociedad potosina podemos entender cómo es posible revertir con tanta facilidad los papeles de victima a victimario y de héroe a villano. En la demanda que la Síndico Laura Elena Guerra Cerda presentó el 11 de noviembre de 2004, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hizo valer en la Vía de Juicio de Nulidad, la Acción de Lesividad en contra de las empresas de López Medina y/o quien resultara su representante legal, por los siguientes actos: 1.- Porque en los últimos días de la nefasta administración del presidente concejal Jacobo Payán, se autorizó en “forma condicionada” el fraccionamiento “Condominio Residencial La Loma Club de Golf”, propiedad de Urbanizadora Peña Blanca, el que resultó de una escisión de un predio, que de acuerdo a los registros municipales no existía la autorización para su división, y menos la constancia de la entrega material y jurídica del área de donación que le correspondía al Ayuntamiento, en este caso 73 hectáreas del predio original, propiedad de la escindida “Desarrollo del Pedregal de San Luis Potosí”. 2.- De igual manera no existía la constancia de pago por el cambio de uso de suelo del bien inmueble que habían solicitado y obtenido varios años atrás, sobre el que se autorizó el club de golf, motivo por el cual, de nueva cuenta la administración de Payán, condicionó contrario a toda norma jurídica la autorización de este fraccionamiento al otorgamiento de una fianza que garantizara el pago de dicho concepto; fianza que nunca fue otorgada y que no está considerada por nuestras leyes como un instrumento liberatorio de la obligación de pago. 3.- En esos mismos días, la dirección a cargo del Arquitecto Alejandro Mata Macías, autorizó el plano de dicho fraccionamiento, sin que para ello se hubiesen determinado de manera particular la superficie correspondiente al área de donación al Ayuntamiento de San Luis Potosí, eximiendo con su irregular actuación al fraccionador de la obligación de otorgar el 15 % del total de la superficie vendible, la que al cuantificarse representaba otro menoscabo patrimonial para los potosinos de más de diez hectáreas de las tierras más cotizadas de la ciudad. “Pulso” identificó desde hace varios meses en el plano oficial la “pedacería” de lotecitos que aparecían esparcidos sobre toda la superficie, y que había seleccionado el Ayuntamiento de Payán como área de donación, lo que de ninguna manera podía aceptarse como superficie vendible. Las presiones sobre la síndico, presidente municipal y varios regidores no se hicieron esperar. Se concretaron las amenazas de demandas millonarias por los supuestos daños y perjuicios que le ocasionaron a sus empresas al haber hecho público este asunto y espantado a sus clientes. La síndico Guerra Cerda no recibió el apoyo de su cabildo, la dejaron sola, a su suerte; el Ayuntamiento se desistió de su demanda, y en cambio le notificó un crédito fiscal a la inmobiliaria y el apercibimiento para suspender sus obras que también impugnó la empresa; aunque para que esto último no ocurriera otorgó garantías hipotecarias. Octavio Pedroza justificó el haber reculado a que la síndico no lo consultó y su demanda estaba mal planteada, y porque era más redituable llegar a un arreglo extrajudicial para “sacarle” algo al empresario, como lo había hecho con Vicente Rangel, del que recuperó más de 60 millones de pesos. Esto no le importó a López Medina que siguió adelante con su demanda, hasta que en abril del presente año, el Juez Sexto del Ramo Civil condenó al Ayuntamiento y ex funcionarios, en lo personal, a pagar sus reclamaciones. Los términos de la sentencia que ahora se está apelando se ocultaron por más de dos meses a los regidores de oposición. No nos extrañaría que atrás de esta cortina de humo se vaya a negociar algo tan lucrativo que anime a López Medina a retirar sus cargos, pues con el actual presidente municipal –que se lo come completito- mantiene una relación más que cordial; bien podía ser que le concesionara el servicio de agua para el poniente de la ciudad, algo que el fraccionador ha estado buscando desde hace tiempo. Pero ya ni hablar de los terrenos y dinero que le debe a la ciudad.
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