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"Nos reservamos el derecho de admisión" Eduardo Martínez Benavente Julio 1, 2007.
Podemos o no estar de acuerdo en que los colegios Real de San Luis y Lomas del Real, vinculados a la prelatura del Opus Dei, violaron los derechos humanos de los tres hijos menores de edad del matrimonio Rivera Goytortua, a los que se les canceló la reinscripción como alumnos de estos centros educativos porque el padre -aseguran los directivos de los planteles- participa en actividades comerciales contrarias a las normas de conducta que obligan estas instituciones; y podemos o no estar de acuerdo en que la exclusión de los niños fue un acto discriminatorio, que por lo tanto debe ser condenado por la sociedad, y sancionado por las autoridades; pero en lo que creo que sí vamos a coincidir es que un conflicto del ámbito privado de la familia Rivera, como el que nos ocupa, lo convirtieron los padres en un asunto público, y por lo tanto de interés general; que nos obliga a conocerlo y analizarlo en todas sus aristas para entender hasta dónde puede una asociación dedicada a la educación castigar conductas de los padres que pueden afectar la permanencia de sus hijos en sus colegios particulares; pero este incidente, nos da también la oportunidad de penetrar en el mundo de los giros negros en San Luis Potosí, porque finalmente la relación del padre con esta clase de negocios fue la causa determinante que provocó el rompimiento entre las partes. La Declaración de los Derechos del Niño, que promovió la ONU desde 1959, y que nuestro país suscribió y aprobó desde entonces, considera dentro de su decálogo de buenas intenciones que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, y que ese sector de la población merece una protección especial, Nuestro país se obligó a proteger a los niños contra toda práctica de discriminación de cualquier índole o condición, ya sea del propio niño o de su familia; y en el caso que nos ocupa, creo que los menores si fueron victimas de un acto discriminatorio que violó sus derechos humanos al haber sido excluidos como alumnos de esos colegios por la actividad económica que desarrolla su primogenitor. Desde luego que ningún reglamento de cualquier institución privada puede estar por encima de normas que por su jerarquía están consideradas al mismo nivel que las de la Constitución General de la República; aunque la gravedad de este caso puede quedar atenuada al considerar que se trata de una discriminación consentida por los propios padres, porque en el momento de inscribir a sus hijos en estos planteles aceptaron cumplir con una serie de compromisos que sabían que eran incompatibles con algunas de las actividades del señor Rivera; como la que aparece en el punto número uno del acta de aceptación a ese colegio, en la que se obligan a luchar por ofrecer a sus hijos una formación congruente con los valores y las virtudes que promueve la religión Católica; y desde luego que estar vinculado a centros nocturnos cuyo giro son los “table dance” contraviene los lineamientos de esta doctrina. De seguro que los colegios le habrían negado el ingreso a la familia Rivera, haciendo uso de su derecho de admisión, si el padre en un acto de honestidad hubiera declarado en su solicitud de inscripción que era propietario de los antros el “Golden” en San Luis, y del “Mandará” en Soledad, y más, si les hubiera explicado los detalles de lo que ocurre allí adentro, si es que los directores los desconocen. La ocupación que proporcionó el solicitante correspondió a otra de sus actividades. Ahora bien, el señor Rivera publicó el pasado 21 de junio un desplegado en los principales diarios de la ciudad, en el que denuncia el daño moral que el colegio causó a su familia, y se queja de que los directivos del Instituto Real de San Luis afectaron la dignidad de sus hijos descargando sobre ellos una “moral retroactiva”, y aclara que sus centros nocturnos, que califica como legales, tengan algo que ver con lo que se conoce como “giros negros”, pero no niega su relación con estos negocios. Creo que ante este reto, el Gobierno del Estado y el Municipal tienen ahora la oportunidad de revisar las licencias y horarios con los que funcionan todos los antros de San Luis; de cerciorarse si se permite la entrada a menores de edad; y si se les suministran o venden bebidas de contenido alcohólico. El problema radica en encontrar a inspectores honestos que resistan los embates del influyentismo y la corrupción para desarrollar bien su trabajo. Es el momento de abrir una investigar para castigar los delitos que habitualmente allí se cometen, como el lenocinio y trata de personas; porque además de facilitarles los medios para que las bailarinas se prostituyan, los administradores obtienen un lucro al cobrarles a los clientes una cantidad para permitirles que salgan con sus empleadas a un encuentro sexual. Podrán decir que nadie las obliga y que ganan buen dinero, lo que desde luego no es excluyente del delito. El fisco, tan ocurrente para inventar y recaudar contribuciones puede determinar con una simple visita a esos lugares, los extraordinarios ingresos que reciben y la evasión fiscal que los caracteriza porque nadie exige facturas de sus consumos. Los negocios de la vida nocturna que si respetan los reglamentos y cierran a los dos de la mañana resienten el trato preferencial que reciben los antros con los que no es posible competir. Ante el reciente acuerdo de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, que hasta el segundo intento logró la comparecencia del Secretario de Educación Pública, porque en el primero ignoraba que su presencia ante el Poder Legislativo requería la autorización expresa y por escrito del gobernador del Estado, se le solicitó que se abstenga de conocer el caso por los intereses que lo ligan con los colegios, y que el Sistema Estatal de Educación Regional sea el encargado de investigarlo; pero no se atrevieron a entrar al tema de los antros para que por lo menos se revise el funcionamiento de estos lucrativos e ilegales negocios.
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