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El cambalache Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Julio 29, 2007.
Al día siguiente de la jornada electoral del 2 de julio, los representantes de López Obrador en el estado le pedimos al doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, que instruyera a los siete vocales ejecutivos de los distritos electorales del Estado para que permitieran la apertura de aquellos paquetes electorales en los que las actas de escrutinio y cómputo aparecían con resultados de más o de menos que el número de boletas que se habían recibido, esto, con el objetivo de volver a contar voto por voto. A lo que desde luego se negó rotundamente. Se le denunció también que en la bodega del Distrito 6, con cabecera en la capital del Estado, a cargo del vocal Ejecutivo Sergio Humberto Muñoz Pérez, en la que estaban depositados los paquetes electorales de la elección presidencial; los sellos de “CLAUSURADO” de la puerta de acceso estaban rotos y vueltos a colocar con otros nuevos; y que el responsable de ese Distrito, sin importarle la crispación y desconfianza que prevalecía en esos días, justificaba lo anterior con el argumento de que las personas del aseo tenían que entrar a realizar sus labores de limpieza. Con esta explicación se daba también por satisfecho el doctor Hernández, no obstante que de las entradas y salidas a ese local quedaba constancia con 5 ó 6 sellos violados y repuestos por otros igual. El doctor es un burócrata que está enterado de todo lo que ocurre en las comisiones distritales bajo su jurisdicción, pero permite que la conducta y referencias de algunos de los vocales ejecutivos de los distritos, que como él tenían un perfil priísta, y que han permanecido desde hace muchos años en sus cargos, no sean de lo más edificador y ejemplar que se requiere; a uno se le acusa de no poder superar su alcoholismo a pesar de sus esfuerzos por rehabilitarse; a otro de malos manejos; al Vocal de Capacitación del Distrito 02, se le sancionó por no apegarse a los procedimientos establecidos. La Dirección de Seguimiento de Programas, Evaluación y Apoyo Técnico del IFE determinó que en “la evaluación del desempeño de capacitadores-asistentes y supervisores electorales resultó en un 100% de reprobación”. El doctor Hernández Rodríguez, para darle credibilidad a su Junta ha tenido la habilidad y disposición de invitar y proponer al IFE como consejeros electorales locales a miembros muy combativos de la oposición, como las señoras Martha Morelos Zaragoza, Nelda Alva de Martínez y Martín Faz Mora, entre otros distinguidos navistas. Varios de los consejeros locales presentaron una denuncia ante el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, en la que le señalan que la mayoría de los vocales de los siete distritos electorales del Estado fueron designados por el propio Doctor Hernández Rodríguez, privilegiando a sus compadres, compañeros universitarios y en atención a algunas recomendaciones para dar cumplimiento a compromisos creados. Se le hizo ver también el control y manipulación con que administra al Consejo Local, como si fuera una oficina de su propiedad y no una institución en el que colegiadamente se deben tomar las decisiones. Si en verdad fueran para mejorar los cambios de los funcionarios responsables de los procesos electorales, si la estrategia no fuera aquella de que algo debe cambiar para que todo siga igual, entonces, se tendría que haber empezado por la sustitución de los nueve consejeros que integran el Consejo General del Instituto Federal Electoral, principalmente por la remoción de su presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez. El IFE ha perdido la confianza de la mayoría de los mexicanos. En los próximos meses vamos a leer y escuchar hasta el cansancio miles de notas referentes a las propuestas para reformar las leyes electorales del país, tanto en lo federal, como en lo estatal. Los tiempos para hacer modificaciones sustanciales a estas normas se vencen el próximo mes de noviembre. Percibimos un enorme fastidio y desinterés por parte de los ciudadanos para analizar estos temas. Son muy pocos a los que les interesan. Creo que muchos ciudadanos coincidimos en que el enorme aparato electoral del país funciona a un costo elevadísimo que se debe abaratar y simplificar. Es evidente que dentro de la Junta Local Ejecutiva del IFE en San Luis Potosí hay trabajadores que tienen la capacidad y vocación de armar ese complicado monstruo que son los procesos electorales del Estado; y para ellos nuestro respeto y reconocimiento. En las cientos de iniciativas que existen para reformar las leyes electorales del país que se empiezan a debatir en los congresos, hay que considerar con especial interés la que propone la desaparición de los Consejos Estatales Electorales, para que el Federal se encargue de las actividades de los procesos electorales de los Estados. Lo que se justifica plenamente si revisamos quién hizo la tarea más pesada e importante de la elección del 2 de julio de 2006. El IFE actualizó el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores del Estado, más de 158 mil ciudadanos obtuvieron su credencial para votar con fotografía. El CEE aceptó con toda comodidad que el IFE se encargara del procedimiento de insaculación. Se acordó la integración de dos directivas de casilla, en la que se recibió la votación de los ciudadanos, una para la elección federal, y la otra para la federal. Los estatales se distinguieron por su poca o nula capacitación, y todavía en la víspera andaban buscando quien las atendiera. Lo que nos ahorraríamos con la eliminación del aparato estatal, lo que puede ocurrir con un simple convenio de coordinación entre el estado y la Federación para que esta última asuma todas las demás funciones. El problema del IFE reside en el tejido de sus propias redes de intereses que han sido expuestas vergonzosamente a la luz pública. Si a Felipe Calderón le permitieran reivindicarse con la oposición –no legitimarse-debería enviar una serie de iniciativas sustanciales para reformar la Ley Electoral que procuraran que nunca más se vuelva a repetir una imposición como la suya. Pero no les conviene ni a él ni a su partido porque saben que de ocurrir esto perderían el poder en el 2012. La derecha le tiene miedo a la democracia, como bien dice Lorenzo Meyer en su última obra.
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