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Auditor, revísate a tí mismo Eduardo Martínez Benavente Julio 8, 2007.
“Medice cura te ipsum”
El Auditor Superior del Estado, contador Héctor Mayorga, no es confiable para el cargo que se le confirió; por auditarse a si mismo, por los errores y omisiones que constan en su trabajo de fiscalización, por haber presentado fuera de tiempo los informes de la revisión de las principales cuentas públicas municipales, por su parcialidad, y por ocultar con dolo y mala fe información relacionada con la deuda pública y los pasivos que abruman al Gobierno del Estado; y por lo tanto, debe ser removido de su cargo. Cuando Marcelo de los Santos rindió protesta como gobernador del Estado, el 15 de septiembre de 2003, en el Teatro de la Paz, denunció la enorme carga que por concepto de deuda pública y otros pasivos heredaba su administración. Su intención era presentar unas finanzas en crisis para justificar la autorización de nuevos empréstitos y ganar simpatías y adhesión para un Ejecutivo que llegaba con la intención de rescatar a los potosinos de una situación de desastre. Fue impactante el monto que reveló en ese acto ante la mirada atónita de su antecesor que no esperaba que exhibiera públicamente sus excesos y desaciertos. La percepción en ese momento era que los préstamos con los que se había endeudado al Estado no se reflejaban en obras y bienestar para el pueblo. Fue tanta la humillación que soportó Fernando Silva Nieto que tuvo que salir por la puerta trasera del edificio y refugiarse en el anonimato. Nunca aclaró o justificó la descomunal deuda que había contraído. A casi cuatro años de que nos enteramos que debíamos 3 mil 490 millones de pesos; y que nos parecía un compromiso impagable, nos informamos ahora con especial asombro, que al 31 de diciembre de 2006, el monto total de nuestros pasivos asciende casi a la suma de 5 mil 541 millones, según consta en la página 120 del informe de la Cuenta Pública Estatal 2006. El desglose es preocupante, en pasivos a corto plazo a acreedores diversos se les debe casi 783 millones; cantidad muy superior a los 421 millones con los que terminó su administración Silva Nieto. A proveedores un poco más de 477 millones contra sólo 19 millones que le dejó pendientes de pagar el príista. Impuestos por pagar al 31 de diciembre pasado, 57 millones 145 mil pesos; en el informe de las obligaciones financieras que le transmitía Silva Nieto, el gobernador de los Santos no incluyó los impuestos retenidos y no enterados al fisco, ni las cuotas de seguridad social que se adeudaban a la Dirección General de Pensiones. En el informe gubernamental del 2006 tampoco se menciona el monto de la deuda con pensiones, pero si señalan los más de 292 millones de pesos de “obra por ejercer”. En este último rubro no se precisa de qué obras se trata y dónde quedaron esos recursos que aparentemente se desviaron para cubrir otros gastos. Lo que si detalla son los $2,668,735.088.00 que corresponden a la deuda pública directa que soporta el Estado. En septiembre de 2003, esta clasificación de deuda no alcanzaba los mil 210 millones, más otros mil 424 millones de deuda indirecta que se repartía principalmente entre el fideicomiso carretero, las plantas tratadoras de agua y el INESVI. Es cierto que ahora el adeudo fiduciario desapareció al haberle concesionado estos activos a un grupo de empresarios, pero también desaparecieron los importantes ingresos que recibía el Estado por el uso de las carreteras. En la auditoría que practicó el contador Mayorga a la Secretaría de Finanzas sólo menciona como deuda pública, los poco más de dos mil 668 millones de pesos que se adeudan a Banobras, Banorte y Banco del Bajío; todos los demás pasivos los omite en este capítulo de su informe. La falta más grave que se le puede señalar al Auditor, y que sería causa suficiente para que el Congreso rechazara su informe, es que él mismo se revisó. De las diez secretarías fiscalizadas, la de Finanzas fue una de éstas.; y dentro de los alcances de esta revisión quedaron incluidos los ingresos del Estado, que eran precisamente los que estaban bajo su responsabilidad como Director de esa área en el 2006. El contador Mayorga debió de excusarse de conocer este caso por que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos así se lo ordena, y encomendar la tarea a uno de sus subalternos, quien era el que debió haber firmado esta parte del informe. Por supuesto que su Dirección salió limpiecita de la revisión. Con el testimonio de algunos diputados y empleados del Congreso, con el hecho de que los ejemplares de los informes de las auditorías municipales no tienen sello fechador, y con las observaciones de los periodistas que cubren la fuente del Poder legislativo; podemos asegurar que el contador Mayorga no entregó dentro de los plazos que señala la ley, los informes de algunos de los municipios del Estado; y ésta falta, de conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado es causal para removerlo del cargo. Como también es motivo para destituirlo su actitud parcial para observar una conducta como la que se le señala a la administración de Octavio Pedroza, en la que se determina como improcedente un descuento de más de un millón y medio de pesos por concepto de impuestos por un traslado de dominio a la empresa Conductores Monterrey; pero no se fija en los subsidios multimillonarios con los que el Gobierno del Estado favoreció a General Motors; y menos en los estímulos fiscales que el Secretario de Finanzas ha otorgado para que determinadas empresas paguen una mínima parte de los derechos de registro público por inscribir sus operaciones. Que no nos extrañe que el 15 de septiembre de 2009, en el mismo recinto oficial, con la misma gente; el nuevo gobernador del Estado, en su discurso de toma de posesión, denuncie y clame a los cielos que le dejan una administración en quiebra, con una herencia de 8 mil millones de pesos de obligaciones financieras; y el ex gobernador, como su antecesor, tenga también que salir por la puerta de atrás.
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