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Cómo se perdió el Tangamanga III Eduardo Martínez Benavente Marzo 4, 2007.
Ante de la virulenta respuesta de Horacio Sánchez Unzueta al anuncio gubernamental de que los terrenos del Parque Tangamanga III no son propiedad estatal, y de su intento por deslindarse de cualquier responsabilidad por la pérdida del inmueble que estaba destinado a la construcción de un lugar de esparcimiento en el oriente de la ciudad, es necesario remontarnos a los antecedentes de esta fallida adquisición para tratar de entender qué es lo que realmente ocurrió; y quiénes son los culpables del menoscabo del patrimonio inmobiliario del Estado. Antes que nada hay que destacar la desproporcionada reacción de Horacio a la información que dio a conocer el gobernador Marcelo de los Santos, pues éste ni siquiera se refirió a él de manera directa, ni precisó que los anteriores gobiernos hubieran desviado recursos económicos en un terreno que no estaba escriturado a su favor. No se justifica su enojo a menos que tenga más información de los motivos profundos por los que fracasó este proyecto, y no se atreva a revelarlos. Calificó de indolentes a las administraciones de Silva Nieto y de los Santos por no haber logrado escriturarlo, y mintió al asegurar que la voluntad expresada por el propietario era regalar esa superficie, cuando se trataba más bien de una contraprestación o pago del terreno por la renuncia o exención de los derechos e impuestos municipales que se originarían por la autorización de un ambicioso desarrollo inmobiliario que se pretendía construir sobre un predio de más de 395 mil metros cuadrados propiedad de Grupo Kalos de la ciudad de Monterrey. Y volvió a mentir en su más reciente declaración publicada en “Pulso”, en la que confiesa que Kalos accedió a donar el terreno para el hospital y el parque, con la sola expectativa de verse recompensada con la plusvalía de la superficie restante que conservarían. Lo que es absolutamente falso. Y para que no quedaran dudas de la incapacidad de la administración marcelista, remató con su característica ironía, que era inexplicable que un gobernador que presume de inagotables capacidades de gestión, no hubiera logrado siquiera materializar la escrituración de un predio. La verdadera historia de este desmembramiento inmobiliario es muy distinta a lo que Sánchez Unzueta plantea como un simple trámite de gestión administrativa que descuidaron sus sucesores en el gobierno. Antes que nada hay que recordar que el actual Auditor Superior del Estado, Héctor Mayorga, era el responsable de fiscalizar esa operación, y que como Contador Mayor de Hacienda ocultó las observaciones en el informe que debió rendir al Congreso con el resultado de la cuenta pública del ejercicio de 1997. No advirtió que el gobierno del Estado estaba realizando inversiones en un inmueble que no estaba escriturado a su nombre, y que las condiciones para obtener el título de propiedad, además de ser inaceptables, eran ilegales; independientemente de que la administración municipal de Alejandro Zapata se negaba a convalidar los acuerdos de un convenio que se había celebrado sin la aprobación de su cabildo. Horacio Sánchez Unzueta no revela en su iracunda contestación que el anuncio de esas obras, en las postrimerías de su mandato, obedeció más bien a su desesperado intento por fortalecer a los candidatos de su partido, pues unas semanas más tarde, el 6 de julio de 1997, se medirían en las elecciones para renovar todos los cargos de elección popular en el Estado. Sabía que su gobierno no disponía de dinero para comprar esas hectáreas, y se le hizo fácil comprometer las contribuciones municipales ajenas como contraprestación por el valor del inmueble. No fue sino hasta el 1 de diciembre de ese mismo año, en que el tesorero municipal, Joel Azuara, recibía un oficio de Antonio Navarro Robles Gil, Secretario de Desarrollo Urbano, en el que le anexaba el referido convenio firmado 4 días antes, entre Grupo Kalos y el Gobierno del Estado. El funcionario estatal le informaba que la empresa solicitaba la exención de todos los impuestos y derechos municipales que causaría el proyecto inmobiliario referido, por lo que le pedía su apoyo para que esa tesorería autorizara las exenciones; y a cambio el Gobierno recibiría un terreno para la construcción del parque y del Hospital de Especialidades del Seguro Social. Algo así como 8 hectáreas de terreno. Nadie en el Ayuntamiento tenía facultades para exentar de impuestos y derechos a un contribuyente, pues esto significaría violentar gravemente disposiciones legales y crear un peligroso precedente para operaciones similares. Es cierto que estaban ante un conflicto de intereses porque nadie puede cuestionar los beneficios sociales y económicos que significarían para los potosinos las obras que se pretendían edificar en ese predio, pero al mismo tiempo el procedimiento de adquisición era un atentado contra la legalidad y el orden constitucional que no podían permitir. Por este caso y otros similares, podemos comprender por qué Silva Nieto se vio obligado a ratificar en sus cargos a muchos funcionarios de la administración anterior. El desorden, la maraña tejida, los arreglos extralegales de su antecesor lo tenían cautivo y no podía destrabar los conflictos que le heredaron. El triste desenlace de esta historia es que el parque se perdió. Se revirtió la propiedad a favor de Kalos. Pero lo más lamentable es que las familias del oriente de la ciudad, además de seguir viviendo hacinadas en sus diminutas viviendas, no gozarán de un área verde de esparcimiento con instalaciones deportivas. No todo está perdido, el Ayuntamiento puede exigir la cesión del 15 por ciento de la superficie vendible cuando se fraccione, derecho al que ya se había renunciado en el leonino convenio, o reclamar su diez por ciento de la superficie en breña si se subdivide. Aunque puede resultar muy fructífero investigar qué movimientos se han realizado en esta propiedad.
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