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Gastos de Campaña Eduardo Martínez Benavente Mayo 6, 2007.
A pesar de las enormes deficiencias que constan en los trabajos de revisión de las cuentas de los partidos políticos, muchos potosinos queremos seguir creyendo en la honorabilidad y buena fe de los consejeros ciudadanos Juan Jesús Aguilar Castillo, María Isabel Irma Dickinson Gómez y Cosme Robledo Gómez, miembros de la Comisión Permanente de Inspección y Vigilancia del Origen y Uso de los Recursos de los Partidos Políticos, los que seguramente por su inexperiencia en esta materia fueron rebasados por las mañas y dobleces de los partidos contendientes que no les permitieron entrar en sus recovecos. Son decepcionantes los resultados de la revisión contable de los gastos de campaña originados en el pasado proceso electoral que vivimos los potosinos para elegir a los diputados locales y a los integrantes de los 58 ayuntamientos del Estado. Ni siquiera se contrataron los servicios de un despacho de auditores que les ayudara a fiscalilizar las cuentas de los partidos. Es así, que de una manera irresponsable concluyen en su dictamen que se respetaron los límites máximos que se les fijaron, y que de la revisión exhaustiva de cada documento comprobatorio, se obtienen los medios de convicción necesarios para estimar que no se genera duda alguna sobre la comprobación del origen, uso y destino de los recursos. A pesar de todo, hay que reconocer que ésta es la primera ocasión en que se ventilan públicamente los gastos de una elección, para lo que fue necesario que un grupo de ciudadanos recurriera a los tribunales para que el Consejo Estatal Electoral les entregara la información solicitada. Las observaciones que señalan los consejeros ciudadanos a las declaraciones de los partidos son nimiedades. Se quedaron muy lejos de revisarlos a fondo. Aceptaron sin cuestionamientos los números falsos que les presentaron. ¿Quién va a creer que los apoyos que recibieron todos los candidatos panistas a puestos de elección popular durante el 2006, por parte de sus amigos y parientes, incluido lo de de Jorge Lozano, no rebasaron la suma de 435 mil pesos? El informe no detalle los nombres de los donantes y sus montos. ¿Dónde quedaron los donativos millonarios de los constructores y fraccionadores que después recuperarán con creces el dinero invertido en el panista? Todos fuimos testigos del derroche de las campañas panistas. El Consejo no hizo el menor esfuerzo por calcular los gastos originados en su publicidad en bardas, espectaculares, pancartas, volantes, radio, televisión, prensa, comidas, equipo de sonido, eventos políticos en salones alquilados, pagos a empleados y promotores del voto, propaganda utilitaria, entre muchos otros conceptos. Su publicidad debió monitorearse para poder aproximarse a la cantidad que realmente erogaron. Seguramente que encontraríamos muchas facturas pagadas con cargo a las empresas que soportaron sus gastos, y que tienen una prohibición expresa para otorgar cualquier tipo de apoyo económico. ¿Cómo es posible que no hayan observado una transferencia bancaria del Partido Revolucionario Institucional al Congreso del Estado por 300 mil pesos? El informe no precisa cuánto costo cada campaña. Son números globales que muy poco revelan. No se pueden identificar los montos que gastaron los tres principales candidatos a la presidencia municipal de la capital del Estado. Pero hay un dato revelador en el informe del PRI que nos puede acercar a lo que gastó Jorge Lozano; si Miguel Ángel Martínez Navarro recibió un cheque de su partido por $2,210.515.97, que por cierto no se informa en qué lo aplicó; ¿cuánto le habrán dado a Lozano que rebasó con mucho la presencia del príista? El Consejo Estatal Electoral está facultado para vigilar permanentemente que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con sujeción a la ley, y esto incluye la verificación e inspección de sus recursos de origen público y privado. Pero es tal el desprecio de los dirigentes priístas a las autoridades electorales, que en un acto de simulación y defraudación fiscal, acaban de reconocer que el multitudinario evento de los Tigres del Norte, que dicen organizó para afrontar su crisis económica, apenas les dejó 10 mil pesos de utilidades, cuando quedó constancia de que la asistencia rebasó con mucho el cupo autorizado. No nos extrañaría que con algún membrete partidista se presente Shakira en San Luis, para que los verdaderos promotores del espectáculo exenten el pago de impuestos en un acto en el que la colombiana cobrará un millón 300 mil dólares. La Comisión informó que los partidos dispusieron de $43,238.876.80 para cubrir sus necesidades electorales, de acuerdo a la siguiente distribución, independientemente de lo que recibieron ese año por concepto de gasto ordinario. (ver tabla)
El PC, PNA y PASC no recibieron financiamiento público ni declararon haber recibido otros apoyos. Seríamos demasiado ingenuos en creer que los partidos políticos van a renunciar a estos beneficios en las reformas electorales que se avecinan, pero si se podría intentar, si hubiera presión ciudadana, que el Consejo Estatal Electoral administre todos estos recursos, como una medida de control que permita reducir sus abusos.
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