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Borrando nuestra Historia Primera parte Eduardo Martínez Benavente Noviembre 4, 2007.
A Enrique Rivera Sierra, Con mucha vergüenza nos estamos enterando cómo un grupo de extranjeros está desapareciendo el emblemático cerro que forma parte del escudo de armas de la ciudad, que nos fue otorgado en 1656, por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva. No se trata de un montículo cualquiera, como pretende reducirlo el entreguista Joel Milán Navarro, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien justifica que en los permisos está prevista la desaparición del cerro. La reveladora fotografía que publicó “Pulso” esta semana, nos exhibe sin trampas ni maquillajes, el irreversible daño que los de la minera le están causando a este símbolo de nuestra identidad. El gobernador Marcelo de los Santos no puede seguir eludiendo su responsabilidad para detener la destrucción de Cerro de San Pedro. No puede seguir excusándose con el pretexto de que se trata de un asunto federal que se ventila en los tribunales y que le fue heredado por su antecesor. Las futuras generaciones no se lo perdonarán. Le bastaría con aplicar lo que dispone la Ley de Protección del Patrimonio Cultural para el Estado de San Luis Potosí para ordenar la suspensión de los trabajos de demolición de un bien inmueble que forma parte del patrimonio cultural tangible de los potosinos, en razón de lo que simboliza y representa. La afrenta es tan grave, como sería la de arrasar con todos los árboles de maple para que sus hojas no se dieran más. Pensar en una hoja de maple es pensar en Canadá. El gobernador, de acuerdo a esta Ley, tiene facultades para dictar las medidas necesarias a efecto de rescatar, conservar y defender este patrimonio. Es un desatino, una incongruencia que como principal argumento para que la UNESCO declare a la ciudad de San Luis Potosí, como “Patrimonio Histórico de la Humanidad”, se acredite que es un sitio de origen minero, pero simultáneamente se aliente y proteja un proyecto depredador que pone en alto riesgo los bienes que forman parte de nuestra cultura e historia, los que por su valor, significado social, características de expresión y simbolismo, constituyen elementos de identidad; y por lo tanto deben ser protegidos. No entiendo qué razón puede tener un potosino, como el gobernador del Estado, que una vez que termine su mandato seguirá viviendo entre nosotros para defender la permanencia de la minera, y garantizarle la viabilidad de su proyecto. No creo que lo convenzan los 150 empleos mal remunerados que se han originado. Muchos de ellos encargados de vigilar las instalaciones de la empresa, por la incertidumbre que los rodea, y por el temor fundado de que la sociedad civil los expulse, pues saben que sus actuaciones son ilegales. Al gobernador y a todos los que han visitado esa cabecera municipal les consta que son falsas las promesas de bienestar y progreso a que se comprometieron. La desolación y pobreza está más acentuada que antes que se iniciaran las obras. Los millones de dólares que dicen haber invertido no han generado progreso alguno en la comunidad. Sabe que las contribuciones que algún día se cobren por esta actividad no le corresponden al Estado; y en cambio ha sentido y siente los reclamos por su pasividad y tolerancia, al permitir que la empresa siga avanzando. Cada día son más los organismos nacionales e internacionales que condenan ese proyecto. Destacados articulistas con presencia nacional en la prensa escrita y electrónica lo han cuestionado severamente. Todavía bajo los estragos del fraude electoral, en el que Fernando Silva Nieto lo sumió por haberlo despojado de la gubernatura en 1998, y atendiendo a su compromiso de que sería un vigilante de las actuaciones y excesos del gobernador, acudí a su despacho de la calle de Galeana para invitarlo a que suscribiera un desplegado en contra de la instalación de la minera San Xavier, en el que participábamos Guillermo Pizzuto Zamanillo, el padre Darío Pedroza Martínez, Julio Hernández López, Martín Faz Mora, Enrique González Ruiz, Ángel Rubio Huerta, Carlos López Torres y este articulista. Una vez que lo leyó con atención estuvo de acuerdo y me autorizó para que incluyera su nombre. Me preguntó con cuánto tenía que cooperar para pagar la publicación; a lo que le respondí que no era necesario, que su costo ya había sido cubierto por los otros firmantes. En seguida me presenté en “Pulso” para ordenar su inserción. En eso estaba, cuando me pasan una llamada de Marcelo pidiéndome que retirara su nombre del desplegado. Lo que hice sin cuestionarlo. Nunca le pregunté los motivos de su abrupto arrepentimiento. El escrito salió publicado el 29 de marzo de 1998. Sólo él sabe porque cambió de opinión. El documento que publicamos hace casi diez años sigue vigente. En él retábamos al ex gobernador Silva Nieto a que convocara a un plebiscito, si es que tenía dudas de que lado estaba la razón para aceptar o rechazar a la minera. Le recordábamos que nos estábamos comportando como si nuestra generación fuera la última que iba a vivir en el planeta Tierra. Que los daños que le estábamos causando a la naturaleza, eran tales, que parecía que queríamos acabar con todo lo que nos rodeaba, como si la catástrofe final fuera inmediata, y que no podíamos permitir que una empresa agresivamente depredadora viniera a poner en riesgo nuestro medio ambiente, nuestras raíces históricas y nuestra salud. Le exigíamos al gobernador que no autorizara la instalación de la minera en la cabecera municipal del Cerro de San Pedro. Denunciábamos que los encargados de salvaguardar nuestra ecología no eran dignos de confianza, pues siempre nos habían mentido. Que los estudios de impacto ambiental pagados por la empresa no eran confiables por aquello de que el que paga, manda. Insistíamos en que eran mucho más los perjuicios, que los beneficios económicos a que se comprometían para el desarrollo del Estado; y que no queríamos más espejitos a cambio de nuestro oro.
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