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Sanando heridas Eduardo Martínez Benavente Octubre 7, 2007.
Resultó irrelevante el voto de la legislatura potosina avalando las reformas constitucionales que establecen las bases para un nuevo régimen electoral. Se quedaron rezagados en el lugar número 25 de entre los congresos que se pronunciaron a favor de las recientes y trascendentales enmiendas y adiciones a la Constitución General de la República. Hasta para un pronunciamiento ocupamos los últimos lugares a nivel nacional. No tuvimos el honor de ser incluidos entre los primeros 17 congresos que se requerían para validar las nuevas reglas de equidad electoral. La justificación de esta demora, según una diputada panista, se debió a que los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión en San Luis Potosí les pidieron que escucharan sus argumentos antes de que votaran la reforma, como si de nuestros diputados dependiera la suerte del incontenible decreto que se les envió para su aprobación. Los empresarios potosinos por cierto no asistieron a la cita y dejaron plantados a sus anfitriones. Ahora falta que el Congreso de la Unión realice el cómputo de los votos de las legislaturas y declare que la reforma ha sido aprobada. Ha sido tan rápido el trámite legislativo que ahora se verá el Poder Legislativo abrumado por el trabajo de adecuar al nuevo texto constitucional, en tan sólo 30 días contados a partir de la fecha en que éste entre vigor, más de 16 leyes secundarias federales, por lo que como los trenes que se anticipan, tendrán que hacer tiempo antes de publicarla para que no le corran los términos. Hay que aceptar que gracias a la actitud intransigente del movimiento lópezobradorista; gracias a su resistencia y oposición a los vicios y excesos del pasado proceso electoral; los mexicanos convenimos, por conducto de nuestros representantes en el Congreso, en que las prácticas y usos de esa elección nunca jamás se volverán a repetir; de tal manera que tenemos que reconocer que si Andrés Manuel López Obrador hubiera aceptado dócilmente los resultados y se hubiera retirado sin chistar a sus actividades privadas, como lo hizo el candidato del PRI, es muy probable que esta reforma no se hubiera dado. No la aceptamos como un borrón y cuenta nueva, el agravio del fraude del 2006 no se olvida, y millones de mexicanos nunca reconoceremos a Felipe Calderón como presidente de México, pero es necesario remontar las heridas que dejó esa elección para lo cual se requiere de una transformación profunda tanto política como social, por lo que esta reforma y lo que falta por venir en sus leyes secundarias pueden servir como punto de encuentro entre la clase política para iniciar la reconciliación nacional. Es inevitable que las legislaturas locales adecuen sus leyes a las reformas constitucionales en un plazo que vencerá en un año a partir de que éstas entren en vigor; esto último puede ocurrir durante el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, los Estados que hayan empezado con sus procesos electorales, que no es el caso de San Luis Potosí, que lo inicia hasta el domingo 27 de octubre de 2008, realizarán sus comicios conforme a las disposiciones vigentes. Aquí es donde tenemos la oportunidad histórica de colocar a San Luis Potosí como vanguardista de la democracia, impulsando una reforma electoral que sea modelo para el resto del país. Puede parecer incongruente proponerlo, pero es el gobernador del Estado quien cuenta con los medios para concretarla porque sabemos que todas sus iniciativas prosperan en el Congreso sin mayores resistencias, es así que podría convocar a un gran foro para adecuar nuestra ley electoral a las nuevas normas federales e incluir además lo mejor de las propuestas locales que se han recibido en otras convocatorias. No importa que el gobernador Marcelo de los Santos se haya pronunciado en contra de la reforma constitucional en materia electoral, argumentando que la publicidad en los medios de comunicación son la principal forma de promover el voto y vencer el abstencionismo; lo que sin duda manifestó para congraciarse con el dueño del club de fútbol potosino, Emilio Azcárraga, porque la permanencia de ese equipo en esta plaza, está sujeta a los caprichos del magnate de Televisa. No nos importa quién sea el promotor, con tal de que aterricemos una reforma electoral incuestionable. Los representantes de los organismos empresariales de San Luis Potosí, sin consultar a sus representados, y sin entender los profundos cambios de la reforma constitucional, probablemente porque no la leyeron, publicaron el pasado 27 de septiembre en la prensa local, un desplegado en el que aseguran que las modificaciones a la ley atentan contra el derecho a la libertad de expresión, sin reparar que al artículo sexto de la Constitución General de la República se le adicionó el derecho de réplica que podrá ser ejercido por los ciudadanos, y que no estaba consagrado en nuestra carta magna. Los dirigentes empresariales que suscribieron el documento, en solidaridad con Televisa y TV Azteca, que ven reducida su influencia política en los procesos electorales y mermados sus ingresos por concepto de publicidad, desconocen que la libertad de expresión sigue garantizada en todo el territorio nacional, y que todas las voces seguirán emitiéndose en los medios sin más cortapisas que los límites que su propia autocensura les indique. Lo que realmente les perjudica es que de ahora en adelante no podrán vender publicidad electoral y que el poder del dinero no será el fiel de la balanza en las contiendas electorales. Sólo los más retrógradas del empresariado no aplauden el fin al dispendio de recursos en los medios de comunicación, de ahora en adelante todo lo que se vea y escuche correrá gratuitamente en los tiempos oficiales del Estado; y tan no leyeron el documento que más adelante destacan que la reducción a las prerrogativas a los partidos políticos quedó como una asignatura pendiente, cuando en el artículo 41 constitucional se les disminuye drásticamente obligando a los Estados a que hagan otro tanto.
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