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Las vergüenzas del Congreso Segunda parte Eduardo Martínez Benavente Septiembre 2, 2007.
Una de las tareas encomendadas a los cinco ciudadanos integrantes del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado es la de revisar el exacto cumplimiento de todas las obligaciones impuestas al Poder Legislativo en la Ley de Transparencia Administrativa, y en su propia Ley Orgánica; son en total 47 disposiciones vigentes en materia de transparencia que obligatoriamente tienen que cumplir. Pues bien, una vez que se revisó minuciosamente la página Web de la actual legislatura, que tiene la encomienda de transparentar el ejercicio del poder e informar a la ciudadanía de lo que ocurre en el recinto legislativo, nos encontramos con la sorpresa de que sólo cumplen seis de estas obligaciones; cumplen parcialmente 22 e incumplen en su totalidad las otras 19. Hay omisiones tan graves como el ocultamiento de los informes de todas las cuentas públicas del ejercicio del 2006 y sus dictámenes que tenían que haber subido al Internet a más tardar el pasado 15 de julio; así como el presupuesto por grupos parlamentarios con sus estados financieros, el Diario de Debates y la Gaceta Parlamentaria, que circula sólo entre los diputados. Un logro de la anterior legislatura consistió en publicar el contenido de los cheques que se expedían para que los ciudadanos pudieran revisar su monto, fecha, beneficiario y concepto; y la información no se retiraba del sitio para ser consultada en todo momento. Al que lo solicitaba se le entregaba una copia de la póliza con su comprobante fiscal. Con este ejemplo se pretendía que el Gobierno del Estado hiciera otro tanto, lo que desde luego nunca ocurrió. Pues bien, la actual legislatura desaparece el listado de cheques a los siete días. Se trata de otro retroceso en esta materia. A propósito, no pueden argumentar que no hay espacio en su página Web, pues en la información que aparece en su apartado de transparencia se localizaron 12 archivos cuyo peso es de apenas 2.2 megabytes. Está prácticamente vacío. La página de este articulista, cuando era diputado, ocupaba 850 megabytes y estaba vinculada a la del Congreso del Estado. Cuando llegó esta legislatura borró toda la información acumulada durante tres años de trabajo. En el artículo que publiqué el domingo pasado relativo a este mismo tema, por cuestiones de espacio me quedé en la observación marcada con la letra h); respetando el orden alfabético le asigno a la anterior la letra i), y a la que sigue la - - - - - - - - - - - - j).- Su trabajo legislativo es pobre, mal hecho y con un enorme contenido de demagogia; como quedó exhibido en la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, aprobada el pasado 17 de julio, en la que se desatendió el único asunto de interés para ese sector de la población, que consiste en recibir mensualmente un apoyo económico directo; quedando de esta manera una ley insustancial y sin los beneficios pecuniarios que otorga la del gobierno del Distrito Federal a sus adultos mayores de 70 años de edad. Por cierto que en su página Web sigue apareciendo la Ley de Protección a la Senectud para el Estado de San Luis Potosí, que está derogada, y que no ha sido sustituida por la recientemente aprobada. k).- En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que también se aprobó en la fecha anterior, se define como un tipo de violencia que se presenta contra las mujeres, y que es sancionada, todo acto u omisión que afecte su estabilidad psicológica por actos de negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, devaluación, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la victima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Independientemente de las bondades que podamos encontrar en esta Ley que se originó por un impulso feminista a nivel federal; nos obliga a que de la misma manera se legisle para proteger a los hombres, porque además de que también son victimas de todos esos males que aquejan a las mujeres; este ordenamiento atenta contra el artículo cuarto constitucional, por aquello de que el varón y la mujer son iguales ante la ley. l).- Cuando esta Legislatura advirtió el error que contiene el artículo 53 de la Constitución del Estado, debió haber iniciado de inmediato los trámites legislativos para adecuarlo a las otras reformas constitucionales que originaron la Ley de Auditoría Superior del Estado; y no lo ha hecho, no obstante que se les complicó emitir los dictámenes de los informes de las auditorías que finalmente le aprobaron al contador Héctor Mayorga, aun cuando no se especificó si las cuentas estaban aprobadas o rechazadas, como lo señala la disposición desfasada. m).- Sería muy útil que los ciudadanos encargados de la transparencia del Congreso del Estado evaluaran el desempeño de los diputados cuando se expresan en la tribuna; para medir, más que el número de sus intervenciones; la calidad y contenido de éstas. Hasta antes de la sesión del 9 de agosto pasado, los diputados con el mayor número de participaciones eran Enrique Octavio Trejo Azuara con 47, Jorge Alejandro Vera Loyola con 45 y Ma. Guadalupe Almaguer Pardo con 42. Los que menos habían subido a hacer uso de la palabra eran Marcos Esparza Martínez, Eugenio Márquez Fernández, José Luis Ramiro Galero, Hilario Vázquez Solano y Modesto Zumaya Salazar, que comparten el último lugar con cuatro intervenciones cada uno. Los diputados Izaguirre y Zumaya rompieran su silencio cartujano hasta hace unas cuantas sesiones, cuando se animaron a leer en la máxima tribuna del Estado una tarjeta informativa que se refería a asuntos de la Junta de Coordinación Política a la que no pertenecen; para esto es indispensable que los miembros del Consejo de Transparencia asistan a las sesiones del Pleno, lo que irresponsablemente no han hecho.
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