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¡Fuera Aguilar Gallegos! Eduardo Martínez Benavente Septiembre 30, 2007.
Rodolfo Aguilar Gallegos, presidente del Consejo Estatal Electoral, debe ser removido de su cargo antes de que se reforme la Ley Electoral del Estado, porque su permanencia al frente de esa institución no garantiza la imparcialidad y certidumbre que son elementos esenciales en los procesos electorales. Aguilar Gallegos debe correr la misma suerte que su homólogo Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del IFE, debe irse. No podemos participar en una contienda electoral con un presidente concejal incapaz de contrariar los intereses y ambiciones de los dirigentes de los partidos políticos que lograron imponerlo como presidente de ese organismo porque les garantizaba que no serían fiscalizadas sus cuentas. Se trata de un funcionario que saltó sin ningún pudor de la presidencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, a la que acababa de acceder mediante un nombramiento que le otorgó el propio Congreso, a la del Consejo Estatal Electoral. Es un consejero ciudadano que para asegurar su puesto, y la reelección que ambiciona, complace con docilidad a las dirigencias partidistas, degradando y envileciendo su función. Es un trepador sin escrúpulos que toleró el rechazo y desprecio del gobernador del Estado, que no lo quería en esa posición; y que tuvo que esperar meses de prolongadas antesalas para que finalmente lo recibiera en su despacho. Su designación es uno de los asuntos que más han contrariado al gobernador Marcelo de los Santos, y probablemente el único nombramiento que se le ha salido de control. A pesar de lo anterior, es tal su sumisión al titular del Poder Ejecutivo, que sus propuestas para reformar la Ley Electoral del Estado se las entregó en su oficina antes de consensuarlas con el resto de los consejeros. Se trata de planteamientos de una gran mediocridad, muy distantes a los alcances de las reformas federales. Ni siquiera se le ocurrió copiarlas, hacerlas suyas, y con eso proponer la adecuación de nuestras normas al nuevo texto constitucional. Propone reducir a 45 días el término para las precampañas, pero sin irse a puntos más finos como son el financiamiento y el espacio que deben ocupar estos eventos políticos que abusivamente involucran a todo el electorado, cuando deberían permanecer como asuntos internos de cada uno de los partidos. La iniciativa del diputado Jorge Vera es muy acertada al proponer que el ámbito de su publicidad no se extiende más allá de 100 metros de su sede principal. Es un encubridor que obstaculizó y regateó la información solicitada por Rafael Aguilar Fuentes y otros seguidores del Doctor Salvador Nava; que lograron que la justicia federal se las liberara. Solo así nos enteramos del desvío de recursos y la disposición fraudulenta de los recursos del financiamiento público que manejan los políticos encargados de las chequeras. Escuchamos su cínica respuesta de que el desvío de recursos queda justificada porque no existe un catálogo autorizado de gastos para los partidos políticos. Tiene en sus haberes el pago por más de 150 mil pesos que le cubrió a Jesús Reyes Heroles, por dictar una conferencia insulsa e intrascendente que nos exhibe en toda su dimensión las ínfulas y complejos del consejero Aguilar. Es un funcionario que maneja a discreción el presupuesto que se le confía año tras año, y que a pesar de que no cuenta con una partida presupuestal se atreve a iniciar la construcción de su edificio. No cuestiona y da por buena la declaración panista en la que le aseguran que el total del financiamiento privado que recibieron para el proceso electoral del 2006, apenas alcanzó la suma de 200 mil pesos, cuando todos los potosinos fuimos testigos del derroche y avasallamiento de la publicidad de ese partido.
Los alcances de la reforma a la Constitución
General de la República deben ser por lo menos los límites de la
reforma electoral en San Luis Potosí, porque el Partido Acción
Nacional, que cuenta con la mayoría calificada en el Congreso del
Estado, puede aprobar modificaciones más sustanciales que las
federales, que nos permitan a los potosinos participar en los
procesos electorales con reglas incuestionables de certidumbre y
equidad. Uno de los capítulos que requiere especial atención en la reforma electoral de San Luis Potosí es el de las precampañas, porque creemos que bajo las condiciones que prevalecen en el Estado es muy probable que en la elección interna del Partido Acción Nacional, que deberá celebrarse en enero o febrero del 2009, quede definido quien será el próximo gobernador del Estado. Los partidos de oposición pasan por una grave crisis que inhibe a sus prospectos a que se pronuncien como posibles precandidatos a la gubernatura del Estado. Aún así, no queremos que el PAN nos involucre a todos los potosinos en sus asuntos internos a través de una campaña desgastante y ajena en la que sólo seríamos espectadores. Si las reglas del juego no se corrigen y las sanciones para los que las infrinjan no se aplican debidamente, es seguro que los precandidatos panistas acabarán en una batalla campal.
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