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Cuentas para un auditor "barco" Tercera y última parte Eduardo Martínez Benavente Abril 13, 2008.
Una cifra que pone en entredicho la veracidad de la información de la cuenta pública gubernamental del 2007 es la que se refiere al sector vivienda. Se trata de un tema que ha sido duramente cuestionado y que de nuevo involucra al Instituto de la Vivienda del Estado, pues en la inversión que reporta para la adquisición de la segunda etapa de la reserva territorial del proyecto habitacional de Ciudad Satélite, con un costo de 133 millones 859,908 pesos, le adjudica el cien por ciento del pago al Gobierno del Estado, cuando la verdad es que el Gobierno Federal, a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, aportó la suma de 40 millones 943,168 pesos, según consta en la escritura número 13413, otorgada el 23 de enero de 2007, ante el notario número 28 del primer distrito judicial de San Luis Potosí, en la que se formalizó el contrato de compra venta que celebró Dintel del Centro con el INVIES, respecto de 58 parcelas, que previamente habían sido adquiridas por un grupo de especuladores chihuahuenses que se hicieron pasar como ejidatarios para defraudar al fisco. Pero para que no quede ninguna duda sobre la credibilidad y seriedad de la información de la cuenta pública, en la página 88 del documento se exagera un poquito, nada más 120 mil viviendas, pues se anuncia que el Gobierno del Estado ha dado inicio al megaproyecto de Ciudad Satélite, con el cual se verán beneficiados más de 150 mil familias potosinas que no podían tener acceso a una vivienda digna. Por otra parte, y siguiendo con un somero análisis de la cuenta pública estatal, reconozco que no entiendo qué argumento utilizó la Secretaría de Finanzas para calcular en su presupuesto un ingreso muy inferior al que se había estado captando en años anteriores, en esta ocasión de un poco más de 240 millones de pesos, por otros productos, que corresponden principalmente a la venta de hortalizas del Invernadero de Santa Rita, cuando en el 2006 ingresaron más de 356 mdp, y en el 2007 alcanzó una cantidad similar a la del ejercicio anterior por 360 mdp. El caso es presumir un ingreso extraordinario del 50 por ciento por encima de lo presupuestado, para presentar a Santa Rita como una empresa exitosa y próspera; aunque para simular lo anterior hayan tenido que borrar de sus estados financieros el préstamo bancario por 27 millones de dólares que le correspondía pagar a este organismo y que absorbió el Gobierno del Estado. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se redujo de 797 mdp a 351 mdp, menos del 55 por ciento de lo obtenido en el ejercicio del 2006. Esta importante disminución la podemos interpretar como el fin de las consideraciones y trato preferencial que se le brindó al gobernador Marcelo de los Santos durante la administración de Vicente Fox. Con Felipe Calderón todo ha cambiado, ni siquiera ha cumplido su compromiso de iniciar las obras de la presa el Realito, y eso que ya vamos para el segundo año del ofrecimiento. Otro tanto ocurre con los dineros del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que disminuyeron con relación al año 2006 en casi 230 mdp, equivalente a un 51.4%. La reducción, explican, se debió a la creación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros con el 40% de los excedentes, para que una vez alcanzado el límite máximo de este fondo, se distribuyera el 25% del excedente a las entidades federativas. Y si bien es cierto que el Gobierno del Estado puede modificar con muy pocas restricciones su presupuesto, por la flexibilidad que las leyes de la materia le permiten, no hay constancia de que el Congreso del Estado haya recibido las actas con los acuerdos de la Comisión Gasto Financiamiento, en las que se justifique la aplicación de recursos adicionales y extraordinarios a programas prioritarios. Como tampoco existen las actas de las ampliaciones presupuestales de las dependencias y entidades que rebasaron el veinte por ciento del monto anual presupuestado. El informe de la cuenta pública estatal reconoce que no se ha podido reducir la taza de mortalidad infantil en San Luis Potosí a 9.47 por cada 1000 nacimientos, como era el compromiso del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, pues el resultado al 2007 es de 11.14 niños muertos por cada 1000 nacimientos. Había el compromiso del sector salud de disminuir la taza de mortalidad por SIDA en personas de 25 a 44 años de edad a 6.6 por cada 100,000 habitantes, el resultado a esta fecha es de 59.7 por cada 100,000 potosinos. La meta de reducir los tiempos de espera en consulta externa a 15 minutos en promedio para el 2009, no se ha alcanzado, actualmente el promedio es de 30 minutos de espera. Con todo esto, en el informe de la cuenta pública del 2007 aparece que nuestra entidad se encuentra posicionada en el primer lugar de la Evaluación Nacional de los Indicadores de Excelencia. El informe asegura que se han afiliado 491,768 familias al Seguro Popular, cuando todo mundo sabe que se trata de un fenomenal engaño porque no existe la infraestructura hospitalaria ni los médicos para atenderlos. Las inversiones más cuantiosas de ese sector fueron los proyectos ejecutivos, -no las construcciones- del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, con más de 9 millones 657 mil pesos, y el Hospital del Niño y la Mujer con 9 millones 247 mil pesos, que se pagaron con dinero federal. La obra mas importante en el sector de asistencia social fue la rehabilitación, remodelación y equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Gobierno del Estado, por 9 millones 486 mil pesos. Se trata de una institución que presta los mismos servicios que los centros de rehabilitación Teletón, pero sin sus pretensiones y costos de operación. Y pensar que los diputados creen que son ellos los que le autorizan al gobernador cómo gastar el dinero.
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6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
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