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El colapso de la seguridad pública Eduardo Martínez Benavente Abril 20, 2008.
A la doctora Luz María Anaya, ejemplo de participación ciudadana
Podemos estar seguros que la reforma energética será aprobada por la mayoría de los legisladores panistas-priístas antes de que concluya el próximo mes de julio, en un período extraordinario, pero dicha reforma será también el detonante de una confrontación social como pocas veces se ha visto en el país. Los arreglos entre el gobierno y el PRI de Manlio Fabio Beltrones están amarrados. La siguiente fase de la lucha, más intensa y organizada que la anterior, será la de conseguir la derogación de todas esas disposiciones inconstitucionales. El gobierno de Felipe Calderón desestima la capacidad y alcances de la resistencia ciudadana a su iniciativa entreguista y tramposa; y los panistas no han sabido calcular el peso y respuesta de los agravios acumulados durante muchos años que en esta administración se han acentuado por la inseguridad, pobreza y desempleo que padecen millones de conciudadanos; y que un atentado contra la vaca sagrada del petróleo seguramente aglutinará el enorme descontento de una población ofendida y engañada. Para el hinduismo la vaca es sagrada porque está concebida como la madre de la humanidad por el nutriente que suministra: la leche; para la mayoría de los mexicanos el petróleo es intocable porque es parte de nuestra historia, orgullo e identidad nacional, y generador de más del 40 por ciento de los ingresos que destinamos al gasto público; y por eso no aceptamos que los intereses y negocios de los particulares incursionen en este terreno. Los calderonistas creen que su campaña mediática de desprestigio al movimiento opositor desalentará la participación decidida y valiente de muchos mexicanos que entendemos que la apertura de Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada será el más lucrativo de los negocios que jamás haya existido en México para un grupo privilegiado de empresarios y especuladores locales y extranjeros, y en perjuicio de las finanzas y soberanía del Estado. Si realmente le preocupara a Felipe Calderón sanear y fortalecer a la paraestatal debería haber empezado por eliminar la corrupción y abusos del sindicato petrolero que tanto daño le ha hecho a la empresa y al país. En cambio protege y defiende a sus líderes y, en ningún párrafo de su iniciativa propone medidas para corregir o por lo menos atenuar los excesos de ese insaciable depredador de nuestro patrimonio. A muchos mexicanos no se nos olvida la suerte y consecuencias desastrosas de la privatización de la banca usurera que acabó siendo propiedad en un 90 por ciento de extranjeros, sin ningún beneficio para los usuarios, cuando en un principio se habían comprometido a que su participación sería meramente marginal y complementaria; o la venta y entrega del sistema ferroviario del país a una empresa americana, sin considerar que con ese cambio de propietario quedarían cientos de poblados arruinados e incomunicados, y sin que se pactara como contraprestación un compromiso por parte de la adquirente para ampliar y modernizar el transporte. Seguramente que muchos de nosotros estaríamos reconociendo el éxito de esta operación si a estas fechas contáramos con un ferrocarril digno y funcional, como el que mueve personas en Europa o Estados Unidos. ¿Dónde quedaron las utilidades y beneficios de las empresas que fueron del Estado y ahora pertenecen a particulares, como las carreteras, aeropuertos, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantas otras que dejaron de ser patrimonio de la Nación? Hemos comprobado una y otra vez que el Estado sale perdiendo, y por tanto los mexicanos, cada vez que permite que los empresarios realicen negocios con los bienes que le pertenecen o administra. La desconfianza a los insaciables inversionistas es absoluta, histórica y justificada, y si no los detenemos, antes de que nos demos cuenta se convertirán en los nuevos dueños de petróleo mexicano. Poco o nada tendría que hacer la oposición en esta lucha, si Felipe Calderón garantizara que con el nuevo esquema de participación empresarial en PEMEX, los precios de los combustibles se reducirían, si no a los 3 dólares que pagan los venezolanos por llenar el tanque de gasolina de su automóvil, por lo menos que el pago disminuyera en un 30 o 40 por ciento de los 50 dólares que cubrimos los mexicanos por el mismo concepto. Es necesario que se dé un gran debate nacional sobre este tema, cuyo principal objetivo sería conseguir que la mayoría de la población deje de creer que esta reforma no tiene impacto en su vida cotidiana, y que por lo tanto no le concierne, que bien puede durar 50 días; aunque lo que realmente importa es que éste sea equitativo, que se difunda en horarios estelares, con derecho a réplica y contrarréplica cuando se solicite, que los noticieros presenten de la manera más objetiva los argumentos y razonamientos de cada una de las partes; y que los programas de opinión queden equilibrados con analistas a favor y contra de la reforma. Si los debates no se dan de esta manera, entonces sólo servirán para engañar y justificar las maniobras que los dueños del dinero y el poder acordaron con anterioridad. Ante la inexistencia del plebiscito y referendo en nuestra legislación, se podría someter la reforma a una consulta popular, que serviría para medir el grado de aceptación o rechazo de los mexicanos, una vez que estuviéramos bien informados. Aunque de nada servirán los resultados de la consulta, ni los mejores argumentos ni los discursos más convincentes y nacionalistas que se pronuncien, la realidad es que el voto de los legisladores panistas y priístas, que son mayoría en el Congreso está comprometido a favor de la reforma. Sólo un poderoso movimiento de protesta en las calles de las principales ciudades del país, y paralizando a la ciudad de México, cuyas autoridades están con la oposición, de tal manera que el gobierno no pueda reprimir, puede detener este atentado contra nuestro patrimonio, historia y dignidad.
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