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El colapso de la seguridad pública Eduardo Martínez Benavente Abril 27, 2008.
Es muy probable que el gobernador Marcelo de los Santos haya leído la entrevista que le concedió el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta al periodista Juan Pablo Moreno, publicada el pasado mes de febrero en la revista “La Noticia”, en la que el priísta lo responsabiliza de haber convertido a San Luis Potosí en un nicho de oportunidades para el crimen organizado, conceptuándolo como un gobernador incapaz de preservar la vida y patrimonio de los potosinos. Hasta hace unas cuantas horas, en que el Ejército tomaba el edificio de Seguridad Pública y el de la Procuraduría General de Justicia del Estado, detenía y remitía a la Ciudad de México al director y subdirectores de la policía ministerial, y desarmaba a su policía; consideraba que algunos de los señalamientos del príista que se vierten en la entrevista contenían exageraciones y posiciones extremas en su análisis que le restaban seriedad y valor a sus juicios, pero ahora vemos que tiene razón y que sus críticas y experiencias deben ser atendidas, principalmente cuando señala el error de haber designado a funcionarios fuereños en cargos de tan delicada responsabilidad. Un forastero viene, saca el mayor provecho posible y desaparece. No deja raíces. No hay compromisos, ni la preocupación de que una vez que termine su encargo caminará entre nosotros y se convertirá en un ciudadano común y corriente sujeto a las críticas y recriminaciones de los que haya ofendido. Los que estudian con seriedad el fenómeno de las ejecuciones de los jefes policíacos que ocurren en el país sólo le dan dos explicaciones a estos actos que cimbran a nuestras instituciones; la primera, como asegura el procurador del Estado Francisco Martín Camberos, obedece a una respuesta a las acciones emprendidas contra el crimen organizado, que deseamos que éste haya sido el móvil que provocó su muerte; y la segunda, que sean parte de la organización criminal y que el incumplimiento de algún acuerdo de su código de valores, los condena a ser eliminados. El mensaje que dejaron los ejecutores sostiene esta última tesis: “Los tratos se respetan, los inocentes no se inmiscuyen”. Coincidimos en lo que apunta el ex embajador de México en el Vaticano: que el contador no conocía a los abogados que colocó en tan importantes cargos antes de su nombramiento, y por lo tanto el vínculo de lealtad es inexistente. De la entrevista de Sánchez Unzueta podemos destacar también algunos otros cuestionamientos como el que asegura que la seguridad pública se ha colapsado por las malas decisiones del gobernador del Estado. Tenemos la impresión que ni de los Santos sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, pues estas áreas indelegables de responsabilidad son atendidas ahora por instancias federales, como él expresamente lo reconoce. No nos extrañaría que el gobernador ni siquiera se hubiera enterado de la incursión del Ejército en las instalaciones policíacas hasta que el operativo estaba consumado. Lo más seguro es que nadie le avisó, y menos le pedio autorización. Es cierto que el escenario es muy complicado, y muy distinto al que les tocó administrar a sus antecesores. Todavía hasta este miércoles no considerábamos que el sistema de seguridad pública del Estado estaba colapsado, creíamos que era una exageración, una desproporción, porque cuando nos emparejáramos con los niveles de criminalidad que ocurren en otros estados de la República, entonces ya no habrá adjetivos calificativos para señalar la gravedad de nuestra situación, pues las últimas encuestas nos reportaban que San Luis Potosí estaba ubicado como la entidad número 6 en la escala de los estados con menos crímenes violentos en el país, y eso, de alguna manera nos confortaba. Tenemos informes de un registro de 23 casos criminales de alto impacto que siguen en proceso de investigación sin resultados, más bien 24 con la reciente ejecución del subdirector de Averiguaciones Previas de la PGJE, Raúl Santamaría Casas, todos ocurridos en los últimos meses en el Estado, y de los cuales 6 indaga la Procuraduría General de la República, 15 la del Estado y 2 lo hacen de manera coordinada. Sabemos que el haber designado a fuereños en posiciones tan importantes obedece a las condiciones que impuso el procurador para aceptar el cargo, a su vez impuesto por la federación, y éstas eran de que se rodearía de su gente porque no confiaba en los abogados locales; y el gobernador no tuvo más remedio que aceptar sus exigencias, no obstante que sabía que se violaba la Ley. No sería raro que se desmantelara el equipo del procurador ante el temor fundado de que les pueda ocurrir lo mismo que al subdirector de Averiguaciones Previas. El exgobernador le critica también que haya desmontado el aparato de seguridad que se había construido durante su administración y en el sexenio de Silva Nieto, sin que los que los sustitutos estuvieran preparados para recibir o mantener el estándar de calidad vigente. Se lo olvida a Sánchez Unzueta que en los cuatro primeros años de la administración marcelista, el Estado estuvo en relativa calma, exceptuando los secuestros en los que se recuperaron a las personas pero no las fortunas que tuvieron que desembolsar para obtener su libertad, lo que significa que el sistema de seguridad funcionaba, sino satisfactoriamente, por lo menos no ocurrían los crímenes tan violentos que aterrorizaban en esas fechas a otras entidades. Califica de traidor al ex procurador Guillermo Flores Escamilla por haber “botado” el expediente del asesinato de Jaime Flores Escamilla en el escritorio del delegado de la PGR para que lo atrajera. Exhibe la inoperancia de las policías federales en San Luis Potosí, pues después de cinco meses no hay resultados. Ante la negativa gubernamental para escuchar a Sánchez Unzueta, creo que lo único que le queda es convocar a un foro abierto en el que participen todos los que puedan aportar algo para tratar de remediar esta preocupación ciudadana.
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