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Cuentas para un auditor "barco" Segunda parte Eduardo Martínez Benavente Abril 6, 2008.
Los pasivos y demás obligaciones que pesan sobre las finanzas públicas merece una amplia y detallada explicación por parte del Gobernador del Estado, sin ocultar ni minimizar su impacto y tamaño; y es todavía más importante el que nos defina cómo le va a hacer para pagarlos. En el balance general consolidado al 31 de diciembre de 2007, que aparece publicado en el último informe de la cuenta de la hacienda pública estatal, se reconoce que se le debe a diversos acreedores, sin mencionar sus nombres y cantidades, la suma de 862 millones 886 mil pesos; de igual manera, a proveedores que no se les han pagado sus bienes y servicios, 1,008 millones 96 mil pesos; por concepto de impuestos retenidos que no han sido enterados al fisco federal, 288 millones 252 mil pesos; por obras ejecutadas y no pagadas, 324 millones 793 mil pesos; se reporta además una deuda pública con varias instituciones por 2,709 millones 698 mil pesos; más otros 859 millones 112 mil pesos por otros pasivos con vencimientos a largo plazo. La suma de todas estas obligaciones, pasivos, deudas o cómo se les quiera llamar alcanza la impresionante cifra de $6,052,837.00 (SEIS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS), que con toda seguridad heredará el que lo suceda en el cargo, más lo que se siga acumulando de aquí a que termine su sexenio. Por lo pronto habrá que agregarle a estos pasivos otros 301 millones de pesos, que según la Auditoría Superior de la Federación tiene que reintegrar el Gobierno del Estado al Federal, porque determinó en su última revisión que se desviaron esos recursos del fondo para apoyar a la pequeña y mediana industria, y se entregaron indebidamente a General Motors. Es muy probable que solicite una nueva reestructuración de la deuda pública en la que el pago del capital se difiera para uno o dos años después de que concluya su mandato, y de esta manera evitar que el impacto político y económico en el gasto público para el próximo gobierno sea tan traumático. Para ir preparando el terreno, informa que la relación que guarda la deuda pública directa con los ingresos del Estado no rebasa el 12.63%; lo que técnicamente le permite contraer nuevos empréstitos por otros 1,580 millones de pesos. Pero si se considera la totalidad de los pasivos antes mencionados, entonces nos hemos excedido en más del 9.62% de lo que se autoriza como tope de endeudamiento en la Ley de Deuda Pública. Para mayor confusión, en la página 121 de la cuenta pública estatal se informa que durante el 2007 se abonaron 326 millones 837 mil pesos para reducir el capital de la deuda pública; y no revela cuánto se pagó por concepto de intereses, pero más adelante, en la página 131 que corresponde al estado de ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, informa que sólo se cubrió la suma de 246 millones 596 mil pesos por pago de deuda, sin distinguir lo que correspondió a capital y a intereses. El Poder Legislativo gastó casi 30 millones de pesos por encima del presupuesto que por 174 millones 817 mil pesos se le había autorizado, y dispuso ilegalmente de los remanentes del ejercicio 2006 que no devolvió a la Secretaría de Finanzas; lo que sí hizo el Poder Judicial. Solo los auditores de obra de la Auditoria Superior del Estado son los que tienen la información necesaria para verificar la calidad y costos de la construcción y/o modernización de 47.8 kilómetros construidos en 10 municipios de la región huasteca que aparecen como obras en proceso en la cuenta gubernamental. Uno de los asuntos que más se le ha cuestionado al Gobierno del Estado es el incremento en el costo de las carreteras, puentes y caminos vecinales que licita y adjudica a constructores señalados como favoritos a un precio muy inferior al que finalmente resulta la obra. Los sobreprecios en la obra pública y en las adquisiciones de bienes y servicios son una de las artimañas más comunes y corrientes para defraudar al Gobierno del Estado, y enriquecer a proveedores, contratistas y servidores públicos. Un ejemplo del abuso en los precios de las obras gubernamentales son las nuevas oficinas del Registro Público de la Propiedad, y del Registro Civil del Estado, que se localizan en el mismo inmueble, y que tuvieron un costo de casi 30 millones de pesos, sin considerar otros 100 que se reporta que se gastaron en equipo, tecnología y sistemas. Se destinaron en el 2007 casi 100 mdp al Museo del Laberinto de las Ciencias que se construye en el Parque Tangamanga. Se trata de un gasto desproporcionado para un museo que puede resultar atractivo de visitar sólo una vez. Para la elaboración del dossier o expediente para la declaración del centro histórico como Patrimonio de la Humanidad se le gastaron más de 3 millones de pesos. En la construcción del Centro de Convenciones se invirtieron este año más de 10 millones de pesos, sin importar que el terreno se encuentra en litigio. El gasto de mayor monto en el sector deporte fue el apoyo por casi 15 millones de pesos que recibió el equipo de fútbol Real San Luis, propiedad de Televisa, empresa que con todo y el donativo se niega a transmitir gratuitamente los eventos en los que juega el equipo local. Al Santos de básquetbol lo subsidiaron con 2 millones, no obstante que desapareció de la plaza desde finales del 2006. Le regalaron más de 50 mil dólares al Club Deportivo Potosino para cubrir los gastos de su desangelado torneo de tenis de Semana Santa. No se destinó un sólo centavo a obras y acciones deportivas en los municipios del interior del Estado; y luego nos extrañamos de los altos índices de delincuencia que prevalecen en esas regiones. Todavía el 16.2 por ciento de la población del Estado carece de agua entubada en sus viviendas; por eso es inaceptable seguir gastando en lo superfluo, como cabalgatas, banquetes, museos y tantos otros gastos ofensivos e innecesarios, mientras cientos de miles de potosinos carecen de lo indispensable.
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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