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¿Otros cuatro años? Primera parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 17, 2008.
El presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos, no pudo convencer a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de que borraran al licenciado Antonio Barrera Morales de su lista de propuestas para ocupar una de las magistraturas electorales de San Luis Potosí; aunque después consiguió que la mayoría de los diputados lo neutralizaran, reubicándolo en la Primera Sala de la zona del Altiplano, en la que pocos y triviales asuntos se ventilan. Su objetivo era eliminar a este incómodo personaje de quien sospecha es el autor intelectual que activó una campaña de desprestigio en contra del CEE, a través del combativo navista Rafael Aguilar Fuentes. En un hecho insólito, Aguilar Gallegos, solicitó y obtuvo una audiencia de la Comisión Instructora del Procedimiento para la Evaluación de Magistrados Electorales, que se celebró el pasado 14 de mayo, con la finalidad de que los magistrados encargados de evaluar a los candidatos a integrar el Tribunal Electoral, escucharan sus opiniones y probanzas respecto de la conducta de Barrera Morales, hasta esa fecha, presidente de la Sala Regional de Primera Instancia con cabecera en la ciudad de San Luis Potosí. En su comparecencia sólo se ocupó de la persona del magistrado Barrera, pues calificó como “excelente” el desempeño del resto de los magistrados. Consideró que su trabajo durante el proceso electoral de 2006 había sido el adecuado, pero que una vez que concluyó éste, “le asaltaron algunas inquietudes”, en especial haberle solicitado que quería seguir colaborando con algunos programas de capacitación al personal del Tribunal. Les informó que tenía la sospecha que el magistrado Barrera, más que buscar el fortalecimiento de la Institución, “iba en búsqueda de asegurar su permanencia en el trabajo como Magistrado del Tribunal Electoral”. Por medio de sospechas y chismes intentó el presidente del CEE descalificar al magistrado Barrera. Les reveló a los integrantes de la comisión evaluadora que cuando se dio cuenta de que su propósito era que lo ratificaran en el cargo, “… pues la verdad es que bajamos un poquito el nivel de nuestra colaboración y cuando él se dio cuenta de que ya no había eco de parte de nosotros, por no tratarse de un aspecto institucional, sino de un aspecto personal, entonces empezó para nosotros un problema, pues que en un principio creímos que podía no ser grave, pero que a lo largo de más de un año ya, pues ha puesto en vilo, diría yo, la propia pues imagen, la propia confianza y la credibilidad en nuestra institución. Y es así que pues nosotros tenemos nada que pudiéramos comprobar, pero si muchas sospechas de que a propósito de la necesidad o el deseo de él permanecer en el Poder Judicial, pues echó andar una campaña de desprestigio al Consejo Estatal Electoral, a través de un Ciudadano de nombre Rafael Aguilar Fuentes, a quien coloquialmente, y discúlpenme la expresión, se le apoda el “Chiquilín”, y es que así es más conocido, y a través del cual se promovieron una serie de acciones para recusar todas las decisiones del Consejo Estatal Electoral en materia fundamentalmente de fiscalización en el uso de los recursos económicos de los partidos políticos y también, en materia de la operación y desde el propio registro del Partido Conciencia Popular, el único Partido político estatal. La situación, bueno, pues es todos Ustedes conocido, el señor Aguilar Fuentes, desde nuestro punto de vista, es un herrero de profesión, nunca ha tenido, pues la preparación para presentar recursos, yo traigo aquí algunos que él ha elaborado, y por supuesto, hay una relación directa entre el Magistrado Barrera y el señor Aguilar Fuentes…” Continuando con sus intrigas les contó que hay constancia de que Aguilar Fuentes asistió a un festejo de cumpleaños del magistrado Barrera, y que después de torear lo cargó en hombros; y como si estuviera tratando con tontos, les relató un incidente en el que un grupo de presión encabezado por el “Chiquilín” ingresó a una conferencia que dictó la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las invitaciones –según supone- que el magistrado Barrera les filtró, las que reconoció porque no traían la etiqueta con su nombre. Les confesó que siempre tiene habilitada una grabadora para lo que se ofrezca, y que el pasado 9 de mayo grabó al “Chiquilín”, cuando se presentó ante su Secretaria Ejecutiva, y le relató que ya tenía problemas con el magistrado Barrera pues le advirtió que ya no lo iba a ayudar porque le estaba ocasionando muchos conflictos. Finalmente el magistrado Álvaro Eguía Romero le pidió que le dejara las grabaciones. A lo que le contestó que no consideraba correcto grabar a las personas y le parecía riesgoso el que alguien pudiera decir que utiliza esos métodos. Que lo hacía para protegerse, pero que estaba “en contra de este tipo grave de situaciones”. Los magistrados lo escuchaban con atención. No lo interrumpían. Lo estaban midiendo, seguramente que ninguno de ellos desconoce los empeños que realiza desde hace tiempo para que lo ratifiquen en el cargo por otros cuatro años; y que este domingo, en el colmo del derroche e insensatez está convocando a cientos de políticos, empresarios y políticos a la sesión de instalación del CEE en los espacios del Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga, sin el consenso del resto de los consejeros, y sin la autorización para cambiar de sede. Transportar y alimentar a cientos de consejeros de los comités municipales y de las comisiones distritales cuesta mucho dinero. Su propósito es proyectarse como un funcionario con poder de convocatoria que difícilmente podrá ser reemplazado una vez que se inicie el proceso electoral. Quiere hacernos creer que es insustituible; y de paso, aprovechar el escenario para rendirle pleitesía a un gobernador que ha sido duramente vituperado por la inseguridad y ejecuciones que ocurren en el Estado.
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