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¿Otros cuatro años? Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 24, 2008.
Ni el gobernador Marcelo de los Santos ni el consejero presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita, asistieron al vano evento que organizó el domingo anterior el presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar Gallegos, al que convocó con el pretexto del inicio del proceso electoral 2008-2009. Buscó ese escenario para proyectarse y ganar voluntades con el objeto de lograr su ratificación como presidente del organismo por cuatro años más. Su ausencia fue muy significativa, pues las invitaciones que se giraron a cientos de potosinos aseguraban la presencia de estos dos funcionarios. Con su vacío renace la esperanza de que no prospere su confirmación en el cargo, pues es evidente que ya no cuenta con todo el apoyo institucional que necesita. Es insostenible su permanencia en el CEE, pues se le ha perdido el respeto y las consideraciones debidas, carece de la autoridad que demanda su posición, y es incapaz de hacer valer sus propios acuerdos. En varias de las sesiones del pleno del Consejo, los incidentes lo han rebasado, pues ha permitido las ofensas e insultos a su persona porque no sabe cómo hacerse respetar. En una sesión festejó los agravios que se le infirieron a un ciudadano al que trataron de despojarlo de su ropa. Y nada hizo, sino festejarlo. Todo menos confrontarse y contrariar a los dirigentes de los partidos políticos. Los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular se pitorrean de sus amenazas. Está enredado en su propia telaraña de incongruencias y nadie lo obedece. Les prohíbe a los aspirantes promoverse, pero él es el primero en promocionarse. No se atreve a sancionar a ninguno de los políticos que han manifestado ilegalmente y a destiempo su interés por participar como precandidatos de su partido. Debe saber que pone en riesgo la validez de la elección porque cualquier afectado puede demandar la nulidad del registro de esos candidatos, aduciendo razones de inequidad en la contienda. No es lo mismo iniciar la carrera en la fecha reglamentaria que salir con meses de anticipación. El propio CEE ha dado a conocer un monitoreo que practicó a los medios de comunicación del 1 de mayo al 17 de julio del año en curso, en el que hace constar puntualmente las apariciones de los aspirantes a la gubernatura, y que pueden ser motivo de descalificación para participar en esta competencia. El más visible y desobediente es Alejandro Zapata Perogordo, con 32 declaraciones propias o de sus seguidores. Le sigue Paco Salazar con 16; más distante, Jesús Ramírez Stavros, con 7. Eugenio Govea también con 7, y a Carlos Jiménez le contabilizan sólo una aparición en ese período. Por otra parte, es necesario señalar el mal uso del dinero que se le confía a Rodolfo Aguilar Gallegos. En un año, el 2007, en el que no se celebraron procesos electorales, el CEE gastó más de un millón 368 mil pesos en publicidad. Los nombres de varios periodistas enturbian el listado de cheques del organismo. Es una pena que el ingenioso caricaturista Alfredo Narváez Ochoa, el “Pingo”, aparezca mes tras mes, con un cheque de $6,900.00 por concepto de honorarios. Es muy probable que los devengue por los servicios que presta; pero moral y éticamente estaba impedido para satanizar al “Chiquilín”, impugnador infatigable del que le extiende los cheques, con 8 caricaturas infamantes que le ha dedicado. Por cierto que el PRI acapara el 79 por ciento de los recursos entregados por adelantado a los partidos políticos. Llaman la atención los pagos por más de 327 mil pesos que se le cubrieron a la contadora Beatriz Suárez Báez, en 29 cheques que recibió entre el 25 de enero y el 23 de julio de 2008, por auditar al Consejo. Sería muy revelador conocer los resultados de su trabajo, sobre todo sus observaciones a los comprobantes falsos que presentaron los partidos políticos para acreditar sus gastos. Del 15 de enero al 31 de julio se repuso 76 veces el fondo de caja chica que manejan indistintamente 6 personas. No se justifican los 138 mil pesos, más viáticos que se le pagaron a Federico Reyes Heroles, por dictar una conferencia insulsa en la que nada nuevo aportó. Lo más grave, sin duda alguna, es el pago indebido por más de 5 millones y medio de pesos que cubrió a los 8 consejeros suplentes del CEE, y que fue observado por la Auditoría Superior del Estado. Esto le valió una solicitud de Juicio Político que presentaron en su contra los abogados del Grupo Plural San Luis, y que está sin resolverse en razón de su reciente fecha. Es justo destacar que el maestro Antonio Barrera Morales fue el candidato mejor evaluado por el Supremo Tribunal de Justicia para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral, como consta en su resolución del pasado 29 de mayo. Los magistrados no atendieron las quejas del presidente del CEE para eliminarlo de la lista de sus propuestas, pues consideraron que “constituyen meras apreciaciones subjetivas fundadas en una simple sospecha de una supuesta búsqueda de la permanencia del licenciado Antonio Barrera Morales, como Magistrado del Tribunal Electoral; y un dictamen de evaluación no puede apoyarse en presunciones, sino en pruebas fehacientes”, y en cambio, calificaron su desempeño como óptimo. A los diputados no les quedó otra que ratificarlo, pero le asignaron un Tribunal de poca monta que solo funciona los meses que dura el proceso electoral. Por sus méritos le correspondía formar y presidir la Sala de Segunda Instancia. No es cualquier cosa haber sido designado magistrado electoral por cinco ocasiones ininterrumpidas. En su lugar quedó la abogada Yolanda Pedroza Reyes, amiga y ex compañera de pupitre del diputado panista Pablo Escobar. En la Segunda Instancia se repartieron el pastel: por el PRI, Bulmaro Corral, ex asesor jurídico de la fracción priísta de la anterior legislatura; y Abelardo Herrera Tobías, ex jefe de la diputada panista Sonia Mendoza, cuando se desempeñaba como escribiente en el juzgado de Matehuala a su cargo.
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