|
a Periodismo de mano en mano y Visor de Transparencia |
||||
|
|
Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
El mercader de Ciudad Satélite Segunda parte Eduardo Martínez Benavente Agosto 3, 2008.
El Gobierno del Estado bajo ninguna circunstancia puede avalar empréstitos o financiamientos de particulares. Sin embargo, el director general del Instituto de Vivienda del Estado, Jorge González Hernández, lo hizo. El 28 de agosto de 2007 firmó la escritura número 80,044 del protocolo a cargo del notario Bernardo González Courtade, en la que se hizo constar un contrato irrevocable de fideicomiso de administración, inversión, garantía y fuente de pago, que afecta en fideicomiso el 50 por ciento de los derechos de una propiedad que tiene una de superficie de 6.844,988.21 metros cuadrados, en la que se ubica el proyecto habitacional de “Ciudad Satélite”, transmitiéndole la propiedad a una fiduciaria, sin la autorización del Congreso del Estado, y con la finalidad principal de brindar una garantía y fuente de pago a favor de Banco Interacciones, S.A., para que de esta manera quedaran debidamente garantizados los préstamos que otorgó esta institución de banca múltiple a la empresa responsable de urbanizar la primera etapa de la obra: Constructora Urbanizadora de San Luis, que representa Urbano Díaz de León Ocaña; así como a las diez constructoras de las primeras 3,000 viviendas: Alpa Construye, representada por Javier Álvarez Porrazas; CM Desarrollos, por Javier Córdoba Mendizábal; Comebi del Centro, por Roberto del Valle López; Potosina de Constructores, por Francisco Rafael Olmos Ocejo; Constructora Aicon, por Carlos Cepeda Rodríguez; Constructora Obregón, por Pablo Ortiz González; DLB Constructora, por Enrique Díaz de León Barroso; Grupo Constructor 3M, por Héctor Elías Mahbub Sarquis; Calco Promotora Inmobiliaria, por Carlos del Valle Colon y CECSA de Aguascalientes, representada por Eduardo Zendejas Hernández. Como testigo de honor compareció en la escritura el gobernador del Estado, Marcelo de los Santos. Algunos de estos promotores justifican que las viviendas no se han entregado porque arrancaron en diferentes fechas; aseguran, que no todas se empezaron a construir al mismo tiempo para evitar que se encareciera la mano de obra calificada ante una demanda desmesurada de sus servicios, lo que les ha permitido negociar un sobreprecio con el INVIES de 18 mil pesos por unidad, para costear los incrementos que han tenido los materiales de la construcción. Es innegable que la urbanización va sumamente atrasada, y no se diga los servicios y equipamiento urbano del proyecto. A la Ciudad le falta mucho para que reúna las condiciones adecuadas para ser habitable. El importe total del crédito que se otorgó a este grupo de exitosos constructores ascendió a 270 millones de pesos -90 mil pesos por vivienda- más una cantidad adicional que se destinó a cubrir el costo de la urbanización del terreno en el que se construyen las viviendas, que no he podido investigar, y que recibió una empresa vinculada al director de la Comisión Estatal de Agua, Urbano Díaz de León Barroso, organismo estatal responsable sustituto de proporcionar el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje en esa zona, ante la incapacidad reconocida por el INTERAPAS. El director del INVIES, la banca acreedora y demás involucrados debían saber que el único que puede avalar empréstitos o financiamientos es el gobernador del Estado, así lo disponen los artículos 57 fracción XV, y 80 fracción XX de la Constitución Política del Estado, previa autorización del Congreso del Estado, siempre y cuando lo obtengan los ayuntamientos u otros organismos públicos o sociales, y a condición de que sean destinados al beneficio de la comunidad. Es muy grave la responsabilidad en que incurrió el promotor de la vivienda en el Estado, pues además de violar la Constitución, incrementó el monto de la deuda pública, pues de acuerdo con las disposiciones que regulan esta materia, los avales que otorga el Gobierno del Estado deben registrarse como deuda. En cualquier caso, las participaciones federales son la única garantía de pago para el cumplimiento de tales obligaciones. Por lo tanto, la operación que se celebró es nula de pleno derecho, y el Auditor Superior del Estado está obligado a observar y sancionar esos ilícitos. Que no se nos olvide que González Hernández engañó a los pequeños constructores que quedaron excluidos del negocio. Los rechazó, y no fueron invitados a participar en la obra porque no eran sujetos de crédito para obtener el financiamiento bancario. Les advirtió que para ser considerados necesitaban exhibir un capital mínimo de 30 millones de pesos en efectivo o créditos bancarios por ese monto. Hubo algunas reclamos, pero finalmente todos los rechazados aceptaron su triste realidad. Lo que no sabían, era que les había ocultado que las garantías para obtener el préstamo bancario, y convertirse así en deudores solventes correría por cuenta del Gobierno del Estado, a través del INVIES. Se trata de un crédito puente en el que los promotores van disponiendo de los recursos a medida que avanza la construcción, y posteriormente se cubre con el producto de la venta de las casas que son financiadas por el INFONAVIT. La historia de San Luis Potosí registra un hecho similar al anterior que ocurrió durante la administración del ex gobernador Manuel López Dávila (1961-1967). Al mandatario también se le hizo fácil, y le ordenó a su tesorero que avalara una serie de pagarés por una cantidad equivalente a unos 200 millones de pesos de los de ahora para que los henequeneros siguieran surtiendo de materia prima a la cooperativa de la Fábrica Atlas. Los trabajadores no pudieron pagar, y en el sexenio de Don Antonio Rocha (1967-1973), los acreedores le exigieron al gobernador en turno que les pagara. Don Antonio, hombre justo y honesto, los remitió con el ex tesorero, a quien hizo responsable en lo personal de la deuda para que le exigieran el pago, pues les argumentó que además de que el aval era ilegal, el Poder Legislativo nunca le autorizó al Ejecutivo garantizar esa operación.
|
|||
|
VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
Lista obtenida a través de solicitudes de información
Usuarios de Leyes de Transparencia
|
||||
