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Los ex gobernadores Primera parte Eduardo Martínez Benavente Enero 27, 2008.
Creo que la mayoría de los potosinos coincidimos en la parte medular de la solicitud que el pasado 20 de enero le presentaron cuatro ex gobernadores de nuestra entidad al gobernador Marcelo de los Santos, para que nos informara qué es lo que está ocurriendo en San Luis Potosí, a qué atenernos y qué medidas está adoptando su administración para combatir al crimen organizado. Tan sencillo que hubiera sido que el gobernador, acompañado del equipo encargado de brindar seguridad y procurar justicia convocara a un foro de información y participación ciudadana, en la que se invitara a los medios de comunicación, académicos, autoridades, y dirigentes sociales, entre otros, para que nos explicaran lo que realmente está sucediendo en nuestro entorno, por qué se rompió tan abruptamente la tranquilidad en San Luis Potosí, en qué estado se encuentran las averiguaciones de las acciones criminales que han conmocionado a nuestra sociedad, qué es lo que está haciendo su gobierno en materia de procuración de justicia y seguridad pública, y en qué podemos contribuir los ciudadanos para recuperar la tranquilidad que se ha perdido. Comprendiendo que la mayoría de estos asuntos los atrae la Procuraduría General de la República, y los pormenores de la información están reservados y se mantienen en secreto. Sin embargo, la respuesta del gobernador a esa petición no fue la adecuada porque él, y no el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al que los remitió, es el responsable directo de la seguridad en el Estado; iniciándose así una abierta confrontación con los ex mandatarios que parece irreconciliable y no tener fin. Un asunto que bien podía haber capitalizado políticamente se ha convertido en otra más de las crisis de su administración, y en un instrumento en el que hábilmente se monta el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, como abanderado de causas populares; quien seguramente fue el promotor del desplegado de esa preocupación ciudadana, y el que “encuerdó” al resto de sus pares a que lo suscribieran; con lo que pretende recuperarse políticamente, después de que su partido lo despreció como candidato al Senado de la República, y en su lugar prefirió a Carlos Jiménez Macías. No me extrañaría que alguno otro de los ex gobernadores a los que invitó a suscribir el documento, y no lo hizo, haya filtrado su contenido al gobernador, por la respuesta inmediata que tuvo; por cierto inoportuna y torpe al amagar al ex gobernador Fernando Silva Nieto con el requerimiento judicial para que comparezca a declarar en el asunto relacionado con los Invernaderos de San Rita. Tratar de involucrar en la causa penal al principal responsable de la fallida operación de compra venta, después de 4 años de haberlo protegido, nos debe preocupar a todos los potosinos por la facilidad con la que se manipulan los asuntos judiciales, y la intromisión del gobernador en asuntos que no son de su competencia. Nadie se atrevería citar a comparecer a un ex gobernador, si Marcelo no lo autoriza. Es una aberración jurídica que nunca se haya molestado a Silva Nieto en este asunto tan delicado, en el que hay varios procesados, algunos de ellos en la cárcel; y al que firmó la operación como representante del Gobierno del Estado, al que engañó a los potosinos con el cuento de que se había recibido satisfactoriamente el precio convenido, al que no le importó la insolvencia moral y económica de los compradores y así les dio crédito, al que no les pidió un enganche y garantías para asegurar la operación; a éste, no se le haya citado, y no se haya presentado voluntariamente a declarar. Por eso creo que es de una enorme torpeza política la acción de represalia con la que se intenta hasta ahora atemorizar al ex mandatario; como también fue un desatino anunciar, el mismo día en que apareció publicado el desplegado, el monto millonario de la fianza que se le fijó al abogado Gustavo Barrera López para no ser reaprendido, y esperar a que, gozando de su libertad, se resolviera su situación jurídica. Por cierto que se trata de la fianza más alta que jamás se le haya fijado a procesado alguno en la historia judicial del Estado, por un asunto que quedó parcialmente subsanado al haberse recuperarado ese patrimonio que administra y usufructúa el Estado desde hace varios años. Todo esto derivado de una respuesta desproporcionada por haber colmado y exasperado la paciencia del gobernador en las negociaciones de pago que intentó con el apoderado de la empresa compradora, y que a Marcelo le sirvió para proyectarse como un gobernador temido y justiciero. Ahora nos enteramos que la Procuraduría General de Justicia del Estado se equivocó al dar a conocer la información anterior, no estaba actualizada, porque desconocía que en el increible lapso de diez días que transcurrieron del 8 de enero, en que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmaba un monto de más de 350 millones de pesos, como fianza para garantizar la reparación del daño; al 17 del mismo mes del año en curso, Barrera López conseguía que la primera Sala del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dictara una resolución absolutoria, quedando exonerado de los delitos que se le señalaban. Creo que no han sabido evaluar la dimensión de la preocupación ciudadana por la pérdida de la tranquilidad en el Estado, sobre todo cuando intentan desviar tan burdamente la atención a temas distintos a los de la seguridad; y para acabar de descomponer el panorama, nos estamos enterando de algunos detalles que se han dado a conocer de la incursión de un grupo armado a la presidencia municipal de Rioverde, a horas de oficina, el pasado 21 de diciembre; lo que nos muestra lo vulnerable que somos los potosinos de todas las regiones del Estado. Se trata de un asunto tan delicado que las autoridades han sido de lo más herméticas para dar a conocer este caso. Su estrategia seguirá siendo la de simular que no existen los conflictos de inseguridad que nos afligen.
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