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Los ex gobernadores Tercera parte Eduardo Martínez Benavente Febrero 10, 2008.
Son tantos los asuntos que quedaron pendientes de transparentar del mini sexenio del exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, y tantos los señalamientos y críticas que se le pueden fincar a su administración, que necesitaríamos escribir un voluminoso libro para que las nuevas generaciones conocieran el perfil y las actuaciones de un político teatral, tortuoso e inteligente que gobernó a los potosinos del 18 de mayo de 1993 al 25 de septiembre de 1997. El breve espacio de esta columna no nos permite explayarnos con mayor detenimiento en algunos de los eventos que protagonizó el ahora crítico de la seguridad pública y del sistema de impartición de justicia del Estado, ni mucho menos apuntar todas las acciones que lo distinguieron en su afán de trascender y querer ser recordado como un gobernador reformista y liberal. Fue utilizado perversamente por el expresidente Carlos Salinas de Gortari como un instrumento liquidador del navismo. Su triunfo electoral fue producto de una contienda inequitativa, injusta y desproporcionada; se trataba de una elección de Estado, y por lo tanto antidemocrática, y su candidatura tachada de ilegal, por que no contaba con la calidad de ser ciudadano potosino, ni cumplía con las condiciones de residencia que marcaba la Constitución del Estado. Fue un gobernante que se caracterizó por su bipolaridad política, pues pasaba sin ningún reparo de los apapachos a los castigos con grupos demandantes de tierra que en algunas ocasiones alentaba y en otros reprimía; como fue el caso de los campesinos de la ex hacienda de Santiago de la familia Garfias, y de Said López de Olmos en la Huasteca. Sus desplantes y demagogias llegaron a los extremos de permitir que lo fotografiaran sentado en el suelo rodeado de campesinos. Patrocinaba grupos ambientalistas, pero apoyaba simultáneamente a la contra parte, era una especie de prevaricador político; el ejemplo más obvio de esta conducta fue el asunto del tiradero de desechos tóxicos de Guadalcazar, que por sus errores y juegos, el gobierno federal tuvo que cubrir a Metalclad más de 16 millones de dólares por concepto de indemnizaciones que le demandó por considerar que el decreto que declaraba la zona como reserva ecológica, era más bien una expropiación sin el pago correspondiente. Nunca se atrevió a sancionar a los responsables que ilegalmente otorgaron los permisos para que operara la trasnacional, como tampoco castigó a los responsables de la quema de los autobuses urbanos en el campus universitario. Su gobierno les repuso a los permisionarios sus unidades, y a los maestros y alumnos les cubrió los gastos de reparación de sus vehículos que fueron dañados en esa misma acción que algunos le adjudican al propio gobernador que entonces se forcejeaba con el rector Alfonso Lastras. Nunca aclaró la denuncia que presentó la fracción perredista de la anterior legislatura en la que se le ubicó un movimiento millonario que su administración no reportó en la cuenta pública, y que tenía depositado en un banco de la ciudad de México. Maniobró y negoció con el Supremo Tribunal de Justicia para que destituyeran a 11 jueces sin haber sido escuchados, y sin que constara ninguna causa grave para su despido. El “caso Lavín” fue quizás el asunto más crítico y escandaloso de su administración, enfrentó y dividió a los potosinos, su gobierno quedó tambaleante al haber reconocido expresamente que obstruyó la justicia al doblarse ante los embates de los amigos y defensores del inculpado que peleaban su inocencia; en una ocasión hasta lo despertaron en la madrugada para que los atendiera, de tal manera que “azorrillado” por la presión de un grupo de pudientes de la ciudad, algunos de ellos actuando de buena fe y convencidos de que Lavín no había cometido el crimen, pero muchos otros incorporados al movimiento de protesta con la intención de ser identificados y aceptados por lo más rancio y burgués de nuestra sociedad; manipuló la investigación hasta llegar a los extremos de contratar policías de la ciudad de Los Ángeles y pagarles 70 mil dólares por sus servicios, pues nadie creía en sus pesquisas. Fue tal el desaseo del expediente, tal su intromisión, tantos los errores y titubeos que se cometieron que se hizo acreedor a una de las recomendaciones más virulentas que haya pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violar los derechos del señor Carlos Lavín Hinojosa con motivo de su detención, ocurrida el 7 de febrero de 1995. En la resolución de la CNDH no se emitió opinión alguna sobre la inocencia o culpabilidad de Lavín en el impune crimen del ganadero Salvador Valle Rodríguez; finalmente para el principal sospechoso, éste es un asunto concluido, al que nunca se le podrá juzgar de nuevo por ser cosa juzgada, en el que la verdad legal se pronunció a su favor gracias a los oficios de Horacio. No era la primera vez que complacía a las oligarquías potosinas, con anterioridad les había formalizado a un grupo de acaparadores de tierra la entrega del ejido de la Garita de Jalisco, con lo que el gobierno del Estado se deshacía de una importantísima reserva territorial. Algo que debe perturbar a Horacio, el que presume de su orientación izquierdista y de su sentido de justicia social, es recordar la forma ruin como desvirtuó y manipuló el sacrificio del burócrata Miguel Ángel Martínez Dávalos, que el 1 de mayo de 1994 se autoinmoló en pleno desfile obrero, ante las miradas horrorizadas de sus compañeros, prendiéndose fuego como un acto extremo de protesta por las condiciones de miseria en las que vivían los trabajadores, al expresar con toda claridad en el momento en que lo recogía la ambulancia: “Con estos sueldos ya nadie puede vivir”. De esto fuimos testigos cientos de miles de potosinos y millones de personas más en todos los países del mundo a través de la imagen y sonido de la televisión que recogió este testimonio. Sacrificio que fue reducido a un problema emocional por la mezquindad del gobernador.
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