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Los ex gobernadores Quinta y última parte Eduardo Martínez Benavente Febrero 24, 2008.
Como si en verdad le preocupara a Fausto Zapata la seguridad y suerte de los potosinos, como si estuviera al pendiente de sus necesidades y apuros; también firmó el desplegado de los exgobernadores que apareció publicado el pasado 21 de enero; y unos días después, lanzó una dura crítica al gobernador Marcelo de los Santos por el “distanciamiento abismal” que existe entre él y los potosinos. No me quiero ver como un defensor oficioso de Marcelo, pero la desvergüenza del exembajador de México en China nos obliga a recordar algunos capítulos de su vida política relacionados con su accidentada y fracasada incursión en la gubernatura del Estado. Fue hasta junio de 1998, en el acto inaugural de las oficinas del gobierno potosino en la ciudad de México, después de casi 7 años que no concedía entrevistas, en que Fausto rompió el silencio para confesarnos que el expresidente Carlos Salinas tomó la decisión de su renuncia y que no pudo evitarlo. El 9 de octubre de 1991 su versión era distinta. En el escrito que envió al Congreso del Estado aseguraba que su renuncia era una decisión unipersonal para no poner en riesgo las posibilidades de convivencia pacífica entre los potosinos. Al expresidente ni lo mencionó en aquel escueto comunicado. La decisión entonces había sido suya. Todavía el 9 de julio de 1992, a nueve meses de su graciosa huída, le confirmó al periodista de “La Jornada”, Alejandro Caballero, que él había tomado la decisión de renunciar al cargo de gobernador del Estado. Eran los días gloriosos del salinato, aquellos en los que muy pocos se atrevían a cuestionar al hombre más poderoso del país. En esa extensa entrevista que se narra en el libro “Salvador Nava, Las Últimas Batallas”, el ex delegado de Coyoacán confiesa que once días antes de que tomara posesión como gobernador del Estado pensó en la renuncia. Que fue el primero en plantearlo y así se lo hizo saber al Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Lo cierto es que la decisión tomada por el presidente Salinas correspondió a la única salida que la incapacidad de Fausto le dejó porque no supo cómo resolver su propio problema. Fausto nunca contó con apoyo popular que le permitiera sostenerse en el poder. Muchos nos preguntábamos a qué horas iban a salir a la calle los 330 mil electores que las cifras oficiales indicaban que habían votado por él. Este hecho nos confirmaba que la mayoría de los sufragios que obtuvo o eran falsos o los había conseguido mediante la entrega de una dádiva, y con ésta se había terminado el compromiso. Nunca se le ocurrió nada inteligente para atemperar el conflicto. La “Ley del Hielo” y el rechazo a cualquier negociación eran parte de las estrategias para tumbarlo. Él lo reconoce cuando acepta que no hubo con quién dialogar, y que el doctor Nava canceló toda posibilidad de acuerdo. Un año después de su primera aparición en público, en mayo de 1999, el historiador Jorge Castañeda invitó a Fausto a que presentara su libro “La Herencia” en territorio potosino. El evento se celebró en la “Casa de la Cultura”. A pesar de nuestras divisiones, el navismo se volvió a reagrupar a las puertas de ese inmueble para impedir su entrada, y recordarle que es una persona non grata para muchos de nosotros. Como era de esperarse no se atrevió a incursionar en ese lugar. Después de esa fallida visita, en la que quiso medir su grado de aceptación, ha regresado a San Luis como invitado a algunos eventos sociales y políticos sin relevancia, pues su distanciamiento con los potosinos es absoluto. No quiero concluir este trabajo sin antes dejar de mencionar algunas observaciones del desempeño del ex gobernador Fernando Silva Nieto. En una entrevista publicada el pasado 24 de enero, en “La Jornada San Luis”, en un tono inusual, Fernando interviene por primera vez en asuntos del gobierno de Marcelo de los Santos, señalando que la seguridad del Estado no se puede dejar libremente en manos del gobierno federal, y que el combate a la delincuencia ha fallado. Para que alguien se atreva a plantear estos señalamientos es porque su administración estuvo libre de incidentes criminales, o porque cree que nadie tiene memoria; y me refiero concretamente a la ejecución, por un disparo en la cabeza, de Margarito Méndez Rico, comandante de la Policía Judicial Federal, el 14 de agosto de 2002, enfrente de su casa, en plena zona residencial. El matón huyó y nunca se resolvió el caso. O el asesinato del presidente municipal de Cerro de San Pedro que tapó con una averiguación amañada de que había sido un suicidio, cuando todas las evidencias señalaban que un tercero vinculado a la Minera San Xavier le quitó la vida. Que no se le olvide que la única cuenta pública que el Congreso del Estado le ha reprobado a un gobernador en toda su historia, es la suya, la de su último ejercicio; y que no se le olvide que el 5 de mayo del 2000, le otorgó a los canadienses el permiso de uso de suelo para la explotación minera más depredadora de que se tenga memoria. De los Invernaderos de Santa Rita, ya ni hablar. Por último, le acuso recibo al exgobernador Horacio Sánchez Unzueta de un correo electrónico que me envió el pasado martes, en el que me asegura que si hubo respuesta a nuestra solicitud de información de la deuda pública, lo cual es falso; y me recuerda que el 22 de octubre de 1993 me ofreció el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, y no acepté. Es cierto el ofrecimiento que me hizo porque sabía que no lo iba a aceptar. Ya era demasiado el daño que Horacio le había hecho al navismo, y yo sabía que tan pronto como incursionara en alguno de los ilícitos de los “intocables” me iba a votar del cargo. Justifica su inoperancia con el argumento de que nunca dispuso de evidencia alguna para proceder legalmente en contra de los exgobernadores. Yo lo invito a debatir públicamente éste y muchos otros asuntos de interés para los potosinos. El intercambio epistolar privado no nos sirve para nada.
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