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Los ex gobernadores Segunda parte Eduardo Martínez Benavente Febrero 3, 2008.
No es mi intención desacreditar a los exgobernadores Guillermo Fonseca Álvarez, Fausto Zapata Loredo, Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto en su tarea de exigirle al gobernador Marcelo de los Santos que informe a los potosinos qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno en materia de seguridad pública y procuración de justicia, y qué medidas está tomando su gobierno para combatir al crimen organizado, -demandas con las que coincido plenamente- y menos es mi propósito unirme al coro de infamadores que emplea su gobierno para sofocar voces disidentes, pues ante este reto, los ciudadanos común y corrientes tenemos la oportunidad de que ahora que los ex titulares del Poder Ejecutivo se suben a la palestra política de manera inusual y oportunista, aprovechando las circunstancias para obtener un beneficio político, sin importarles sus antecedentes e historias, nos informen con toda veracidad de algunos asuntos que dejaron pendientes de aclarar y que trastornaron el orden y el concierto de nuestra comunidad durante sus administraciones. Asuntos que por su naturaleza tenían que ser públicos y nunca revelaron, o peor todavía nos desinformaron o mintieron. Por eso nos sentimos ahora con todo el derecho para exigirles que transparenten algunas acciones de su gobierno que durante muchos años han permanecido en el más absoluto de los secretos. Es pues el momento de decirnos la verdad y toda la verdad. El silencio y el olvido fueron durante todos estos años el sello con el que se distinguieron. Para reconocerles autoridad moral a los exmandatarios en sus cuestionamientos y críticas al gobierno de Marcelo, es indispensable que primero nos revelen los medios que utilizaron para que el crimen organizado no operara en San Luis Potosí durante sus administraciones, y la receta que les permitió que las acciones criminales que caracterizan a estos grupos fueran accidentales en una plaza que por su situación geográfica debía ser transitada permanentemente por estos delincuentes. Creo que a ningún potosino nos queda la menor duda que sus gobiernos negociaron con estas organizaciones para que no violentaran el Estado, o en el mejor de los casos se hicieron los desentendidos y simularon que nada estaba ocurriendo para no ser perturbados. Se les toleró y algunos de ellos se sintieron tan protegidos que asentaron a sus familias entre nosotros. De esta manera teníamos la garantía de que nada afectaría la paz en la capital potosina; política que siguió vigente durante los 4 primeros años de la administración marcelista. Dirían que si esa estrategia había dado tan buenos resultados para qué alborotar a la gallera. Hasta que algo muy grave ocurrió el año pasado con la detención de unos presuntos narcotraficantes, y la desaparición de su valioso cargamento. Son muchos los capítulos de la vida política de los exgobernadores que podemos destacar en este ejercicio de memoria, sin embargo nos reduciremos a algunos de ellos que consideramos que impactaron hondamente a la sociedad potosina. Estoy seguro que la mayoría de nosotros desconoce muchos de los eventos que protagonizaron o que ocurrieron durante sus administraciones, por eso creo que ahora es la oportunidad de repasarlos. Hace ocho días se cumplieron 33 años de los tres bombazos que cimbraron nuestras canteras rosas y dejaron muerte y terror en el centro histórico de la capital del Estado; suceso en el que perdieron la vida seis potosinos y causaron lesiones graves a otros treinta. Esta acción criminal, inimaginable en nuestra entidad, ocurrió en el sexenio de Guillermo Fonseca Álvarez, aquel ministerio público que en 1961 aprehendió al doctor Salvador Nava en su domicilio; y que nos gobernó de 1973 a 1979. Su antecesor, Antonio Rocha, le había heredado un territorio sin conflictos políticos y sociales de consideración. Pero de repente todo se trastornó. ¡Terrorismo en San Luis! No dábamos crédito a un suceso de violencia extrema nunca antes visto en nuestra entidad. El exgobernador que ahora demanda transparencia y explicaciones manipuló la información a su conveniencia, pues nunca nos convenció su tesis de que grupos subversivos de izquierda habían ejecutado la acción criminal; cuando más bien se trataba de la guerra sucia que existía entre los priístas por la sucesión presidencial. Esto le sirvió para desactivar al movimiento social de resistencia al incremento de las tarifas del transporte público, pues permitió que a un grupo de activistas que en esos días luchaba contra el alza se les apresara y se les adjudicara la culpabilidad del suceso. Unos días después aumentaba el precio del servicio. La seguridad como ahora, había quedaba en manos de la policía federal y del ejército. Fue así como Julio Hernández López, Jesús Mejía Lira, Prisciliano Pérez Anguiano, Carlos López Torres, Ricardo Moreno Barajas y Héctor González Charó fueron remitidos a las mazmorras de la doceava zona militar, y algunos de ellos torturados por Miguel Nazar, por un delito que sabían que no habían cometido. Como también sabían los servicios de inteligencia del país que en San Luis Potosí no habían brotado organizaciones subversivas como en otros estados de la República. Las actividades guerrilleras no tuvieron acogida en el Estado, no obstante los indicadores de pobreza y marginación que nos ubicaban entre los primeros lugares del país. Es muy lamentable que una fecha tan significativa, como la del 27 de enero de 1975, no sea recordada por los potosinos, como el 11 de septiembre para los estadounidenses. El 20 de junio de ese mismo año era asesinado Eusebio García, un líder campesino huasteco de enorme influencia en esa zona del Estado. El crimen quedó impune; como también quedó sin castigo el secuestro y vejación de la exdirigente estudiantil Cruz Elena García Navarrete. Con estos golpes enterraban la cohesión entre estudiantes, obreros y campesinos que se habían hermanado en la defensa de causas populares. Esto también, peligrosamente explosivo.
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