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El mercader de Ciudad Satélite Primera parte Eduardo Martínez Benavente Julio 27, 2008.
Cuando un empresario se transforma en funcionario público y maneja la oficina que se le encomienda como si fuera uno más de sus negocios, incurre por necesidad en numerosos ilícitos e irregularidades, como los que se le señalan al director del Instituto de Vivienda del Estado, Jorge González Hernández, que ha permanecido en ese cargo durante los últimos cinco años. No se debe administrar un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, que está sujeto a estrictas e inflexibles normas de procedimiento con el criterio de discrecionalidad y sentido patrimonialista que caracterizan a este negociante de bienes raíces, convertido ahora en burócrata. Si Ciudad Satélite fuera un negocio propiedad de particulares, sus dueños tendrían todo el derecho de reservarse la información que le solicitaran personas ajenas a su entorno; pero no es el caso de este proyecto habitacional que se levanta, en una buena parte, con recursos del Estado, y en el que la falta de transparencia y buen juicio del titular del INVIES ha dañado seriamente la noble intención de la administración marcelista para abatir el problema de espacios habitacionales a precios accesibles en San Luis Potosí, lo que lo ha convertido, por lo menos, en un tema cuestionado y turbio, debido a su incapacidad para convencer a los potosinos de las bondades de la obra, y de la legalidad de las transacciones que realiza, pero sobre todo por su resistencia a transparentar el contenido de sus recovecos, y su gusto por distorsionar lo que en ese lugar ocurre. No nos extrañaría que le tocara la suerte de ser el servidor público del sexenio que en la próxima administración termine en la cárcel. Su arrogancia y estilo pendenciero ha viciado un proyecto que por su naturaleza debería ser reconocido por todos. Por lo pronto ha admitido su incapacidad para concluirlo en los 14 meses que le restan a esta administración. Si acaso, acepta, tendrá tiempo y recursos para cumplir con la mitad o menos de los compromisos adquiridos; y esto, sólo si el Pleno del Congreso le permite malbaratar una superficie de más de 5 millones 261 mil metros cuadrados que le restan al inmueble. Los reclamos de los colonizadores por la falta de servicios serán algunos de los muchos pendientes que le heredarán al gobierno que los suceda. En un acto irreflexivo y sin la información debida, las Comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable, Gobernación y Hacienda del Congreso del Estado, aprobaron el pasado 23 de junio el dictamen en el que le autorizan enajenar cuatro predios que abarcan esa superficie, más 1,264,765.02 metros cuadrados que deberán donarse para equipamiento urbano, vialidades y otros servicios. No se precisa en este documento en qué lugar están ubicados los 500 lotes de terreno urbanizados que el gobierno panista donó a la CTM, que en San Luis Potosí regentea el garante de los intereses patronales, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero. Regalos que después se convierten en votos. El director de INVIES logró que los diputados integrantes de esas comisiones le autorizaran pactar libremente los términos, condiciones y el precio de la operación; contraviniendo expresamente lo dispuesto por el artículo 57, fracción XVII de la Constitución Política del Estado, que le ordena al Congreso establecer estos requisitos, y bajo ninguna circunstancia dejarlos al criterio del vendedor. No les informó qué tan adelantados van los arreglos para que constructoras de vivienda con presencia nacional, como Corporación Geo, propiedad de los panistas Gómez Mont, Dinámica, Urbi, entre otras, adquieran esas extensiones, pagando como contraprestación y en abonos, la suma de 280 millones de pesos, a menos de 54 pesos el metro cuadrado, precio en el que está incluido el valor de las inversiones que realice el Gobierno del Estado para introducir los servicios de agua, drenaje y electricidad hasta la entrada de las súper manzanas, además del costo que representa perforar y equipar 3 pozos profundos, más la planta tratadora de aguas residuales, las vialidades externas, el acceso a este desarrollo a través de un puente que se construye sobre la carretera a Río Verde, hospitales, escuelas, mercados, centros de convivencia, el subsidio al transporte público y todo el equipamiento que requiere una obra de tal envergadura. Una verdadera ganga, en la que se demuestra una vez más que cada vez que el Estado la hace de empresario sale perdiendo y la iniciativa privada se enriquece con nuestro patrimonio. A todo este paquete de oportunidades habría que agregarle el valor virtual que representan las licencias, permisos y autorizaciones municipales “que se requiera para la construcción y desarrollo de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta etapas…”, que van de pilón en el precio, y que ilegalmente le fueron obsequiadas por el municipio panista de la Capital del Estado, al considerar que se trataba de bienes del dominio público, y que por lo tanto la operación estaba exenta de contribuciones. Ahora las comisiones dictaminadoras establecen lo contrario, al determinar en el considerando quinto, que “los predios que se pretenden enajenar son del dominio privado…”. Por lo tanto, se le debe requerir al INVIES el pago de todos los impuestos y derechos que dejó de cubrir amparado en este falso argumento. Tampoco les explicó las razones por las que a los promotores potosinos les pidió 82 pesos por cada metro cuadrado, precio muy superior al que negocia con los constructores foráneos, pues de concretarse la operación con los locales, le permitiría al INVIES un ingreso por más de 431 millones de pesos. El colmo de la impudicia del dictamen es el que obliga al INVIES a cuidar en todo momento a que no se especule con el precio del terreno, pues de lo contrario, dice la resolución, se rescinden los contratos; cuando los primeros adquirentes, los empresarios chihuahuenses, además de hacerse pasar como ejidatarios, sin ningún trabajo obtuvieron colosales ganancias.
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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