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Más grave que la opacidad: la mentira Eduardo Martínez Benavente Junio 1, 2008.
El Gobierno de Marcelo de los Santos pretende ocultar el monto real de los pasivos que pesan sobre las finanzas públicas. Ahora ya no quiere reconocer que al 31 de diciembre de 2007 adeudaba por diferentes conceptos la suma de $6,052,837.000.00; números que corresponden exactamente a la suma de los pasivos que esta administración reveló en el informe anual de su Cuenta Pública del 2007. La respuesta a la solicitud de información que recientemente se le presentó a la Secretaría de Finanzas proporciona una cifra totalmente distinta a la anterior, pues en su acuerdo de fecha 13 de mayo sólo acepta pasivos por $4,246,324.000.00 al 31 de diciembre de 2007. Borra de un plumazo adeudos por $1,806,513.000.00 que se detectan fácilmente en la página 125 del documento que contiene la Cuenta Pública 2007, y que corresponden a los pasivos a corto y largo plazo de los organismos descentralizados del Gobierno del Estado, los primeros por $947,401.000.00, y los otros por $859,112.000.00, que si se suman dan la cantidad faltante. Se vale todo, menos aceptar que ya superaron, y con mucho, el monto de las obligaciones financieras que recibieron de su antecesor, y que contabilizaron en $3,490,100.000.00, como se aprecia en el documento que dio a conocer el gobernador del Estado, el 26 de septiembre del 2003, al rendir su protesta en el Teatro de la Paz. El monto de los pasivos de Silva Nieto comprendía, además de la deuda pública directa e indirecta, todos los demás pasivos y compromisos inmediatos y a corto plazo, así como la deuda de los organismos descentralizados y fideicomisos, como eran los más de 600 millones de las plantas tratadoras y el fideicomiso carretero por 778 millones. El gobierno panista no quiere ahora agregar a sus pasivos lo que adeudan los organismos descentralizados. Al ex gobernador le sumaron todo lo que debía y se había gastado, hasta el último recibo de la luz que dejó pendiente, y los ramos de flores que ordenó y no había pagado. La comisión de entrega recepción de la próxima administración deberá prestar especial atención al rubro de los pasivos que desde ahora pretenden ocultar. El Secretario de Finanzas, Joel Azuara, insiste en seguir mintiendo al declarar que esa cantidad es muy lejana a la realidad de sus compromisos porque la que él reporta ahora sólo se refiere a la de la administración central, y no a la de los organismos descentralizados, y que los activos que tiene en los bancos habría que descontarlos de lo que se debe a proveedores y acreedores. El contador Azuara tergiversa su informe porque la deuda de los organismos descentralizados finalmente son pasivos con cargo al Gobierno del Estado, y el dinero que tiene en bancos es para cubrir, no nada más esos pasivos, sino principalmente los sueldos de la burocracia y el gasto corriente de todo el aparato gubernamental. Por cierto que lo único que nos interesaba conocer de este asunto era el nombre de los proveedores y acreedores a los que no se les había pagado, así como el monto y concepto de sus obligaciones. Nada más. Sin embargo la respuesta de la oficina a cargo de Azuara fue excesiva, por un lado negó la información solicitada, a la que calificó de confidencial porque según su criterio contiene datos personales relativos al patrimonio de los contribuyentes, y sólo con la autorización de éstos sería posible proporcionarla; pero por otra parte se fue de bruces porque dio a conocer, sin que se lo pidiéramos, el nuevo monto total de todos los pasivos del Gobierno, contradiciendo la cifras que unos meses antes había dado a conocer. El Gobierno de Marcelo de los Santos es incongruente y desmemoriado porque al negarme la relación de sus acreedores y proveedores, argumentando que se trata de información confidencial; no repara que en las páginas 31 a 36 del Informe Financiero del Ejercicio 2003, festejaba y se daba gusto publicando los nombre y montos de todos los acreedores y proveedores que dejó pendientes de liquidar su antecesor. El caso era exhibir al gobierno priísta como deudor y mala paga. Así como justificar la necesidad de que le autorizaran nuevos empréstitos. El mismo secretario de Finanzas que ahora se niega a dar a conocer tal información, en el 2004 pensaba diferente. Entonces era cristalino y transparente. Su criterio era el correcto: el gasto público no debe ocultarse. Es más, en la relación que publicó aparecía él y Héctor Mayorga Delgado, como acreedores del Gobierno del Estado, el primero con 942 pesos y el otro con 7 mil. A Humberto Pícharra se le debía un poco más de 34 mil pesos, a Victor Manuel Campuzano Montoya 3,870 pesos, todos ellos importantes funcionarios gubernamentales. Seguramente que no batallaron mucho para recuperar sus adeudos. La cuenta de la Dirección de Pensiones alcanzaba la cifra de 182 millones de pesos. En fin, el listado de acreedores sumaba más de 923 millones de pesos, y cualquier ciudadano podía consultarlo. En el capítulo de proveedores aparecía la Cafetería y Restaurante el Pacífico, con 4 millones 845 mil pesos; la florería Francis de San Luis, con 21 mil 298 pesos; Sanborns Hermanos, con casi 40 mil pesos; a la Beneficencia Española se le debían 5 millones y medio de pesos: a la Televisora Potosina un millón 416 mil pesos, y muchos otros, hasta alcanzar los 106 millones de pesos. No pasó absolutamente nada cuando conocimos toda esa información. Sólo la Contaduría Mayor de Hacienda contaba con los medios para verificar la autenticidad de los pasivos. Por eso no entendemos ahora qué es lo que pretende tapar Joel Azuara con su negativa. Para desbloquear esta cerrazón hemos interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información para que ordene a la Secretaría de Finanzas la entrega completa de la información solicitada porque los pasivos gubernamentales implican la aplicación de recursos públicos que son de acceso libre para cualquier persona, y se sancione al responsable de haber falseado la información.
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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Usuarios de Leyes de Transparencia
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