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Cuentas para un auditor "barco" Primera parte Eduardo Martínez Benavente Marzo 30, 2008.
No es confiable la información que entregó el pasado 29 de febrero el gobierno de Marcelo de los Santos al Congreso del Estado para su estudio y valoración, y que se refiere a la cuenta pública estatal del 2007, sustentada en miles y miles de números y lugares de las obras y acciones en proceso de ejecución o ejecutadas por su administración durante ese año; y aseguro que no es confiable porque nadie tiene la capacidad técnica ni administrativa, y menos el interés de verificar la autenticidad de cada uno de los datos que se proporcionan en tan voluminoso documento, independientemente de las inconsistencias y dudas que saltan de una lectura rápida y selectiva del informe. El siguiente paso será remitir el informe al Auditor Superior del Estado, Héctor Mayorga, para que concluya con las auditorías que está practicando al Gobierno del Estado; para esto le correspondió a él, y sólo a él, elegir qué instancias y dependencias del gobierno debían ser fiscalizadas para que antes de que concluya el mes de junio rinda un informe de las observaciones que las autoridades gubernamentales no desahogaron satisfactoriamente. Es previsible que el resultado de su trabajo sea muy similar al de la cuenta pública del 2006, en el que prácticamente todo resultó perfecto, pues de los más de 20 mil 831 millones de pesos ejercidos a lo largo de ese ejercicio, el auditor obsequioso y agradecido con la persona que lo recomendó para el cargo, sólo le reportó la suma de 2 millones 110,866 pesos con 86 centavos, en cinco observaciones cuantitativas que no fueron aclaradas; de estas, cuatro correspondieron a erogaciones que adolecieron de comprobantes que reunían todos los requisitos fiscales; y la quinta, la más grave, por más de un millón y medio de pesos, se refería a conceptos pagados y no ejecutados en la construcción del colector pluvial de Mexinox. Ante un manejo tan honesto y eficiente del gasto público sale sobrando cualquier órgano de revisión. Los diputados perdieron las atribuciones que tenían para revisar las cuentas públicas, por eso a nadie impresionan ni asustan, ya no cuentan con facultades para dictaminarlas, no pueden aplicar sanciones y hacerlas efectivas; su desempeño en esta materia quedó reducido a determinar si la revisión que hizo el Auditor se apega a todas y cada una de las disposiciones legales aplicables, pero ya pueden entrar al fondo de los asuntos que se auditaron y menos cuestionar sus resultados. Es por eso, que ahora, un grupo de legisladores anuncia que presentará una iniciativa para reformar la Constitución del Estado a efecto de recuperar las facultades que le fueron cedidas a la Auditoría Superior del Estado, porque las cuentas públicas se habían convertido en una lucrativa mercancía con la que los diputados podían negociar y chantajear política y económicamente, principalmente a los funcionarios municipales. Muchos ciudadanos teníamos la esperanza de que si se designaba a un auditor probo e independiente se corregirían muchos de los vicios que ocurrían cuando los diputados eran los encargados de dictaminar las cuentas públicas, pero para nuestra desgracia, el nombramiento del contador Mayorga resultó peor que los arreglos políticos y mercantiles que se permitían en el Congreso, pues con las cuentas del Gobierno del Estado no actúa por el conflicto de intereses que le impiden moverse libremente; además, por su perfil de auditor facilito o “barco” que lo caracteriza. Es tal la desesperación de la panista María Luisa Galván Limón, Secretaria de Desarrollo Social y Regional, por el encubrimiento e inoperancia del auditor Mayorga, que acaba de anunciar que el Gobierno del Estado envió al Congreso una iniciativa para que sea su dependencia la encargada de sancionar a los funcionarios que desvíen recursos, así como a los beneficiarios que mienten. Es imposible evaluar el apego y disciplina en el ejercicio del gasto público porque el presupuesto de egresos del 2007 que el Congreso del Estado le autorizó al Poder Ejecutivo en nada se parece a los resultados finales de la cuenta pública que se analiza. Las cifras que reporta son muy distintas a las del presupuesto que se le autorizó. Los siguientes ejemplos son más que ilustrativos: a Ciencia y Tecnología el Congreso le autorizó un presupuesto de 8 millones 860 mil pesos, sin embargo ejerció 48 millones 846 mil pesos; a Desarrollo Empresarial le autoriza un poco más de 137 millones, pero sólo gastó 108 mdp; a Comunicaciones, Transportes y Caminos le autoriza un egreso de 73 mdp, pero su gasto alcanza al 31 de diciembre de 2007, la suma de 335 mdp; a Desarrollo Agropecuario le autoriza 304 mdp, pero ejerce 558 mdp; a Turismo 29 mdp, gasta 64 mdp, y así están casi todas las demás áreas del gobierno panista. La administración estatal recaudó en el 2007 un total de 21,450 mdp, cifra superior en un 11.3% al establecido en la Ley de Ingresos que fue de 18,892 mdp, y en tres por ciento a lo obtenido en el 2006, lo que quiere decir que los ingresos reales disminuyeron por primera vez en muchos años si se le descuenta la inflación de ese año. Los ingresos federales representan el 91.1% del total de ingresos. El Gobierno dispuso de los últimos 175 mdp de la línea de crédito de 1,000 millones, y contrató un nuevo préstamo por 227 mdp, del que ejerció 192.8 mdp, que aportó al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para reconstruir los estragos que dejó el huracán Dean en varios municipios del Estado. No sabemos si la federación ya cumplió su compromiso de aportar a esta causa una cantidad igual a la que puso el Gobierno del Estado, porque los presidentes municipales de la región se quejaban, muchos meses después de las lluvias, que ni las escuelas ni los caminos dañados habían sido reparados, y en las comunidades los afectados reclamaban materiales y apoyos para reconstruir sus viviendas. En el presupuesto de egresos se le habían autorizado sólo 175 mdp prestados para completar su gasto.
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