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La Santa Rita de Marcelo Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Marzo 9, 2008.
La condición que impuso el Gobierno del Estado para invitar a promotores potosinos a construir viviendas en el proyecto habitacional de Ciudad Satélite era que contaran con los recursos económicos necesarios, ya fueran propios o a través de un crédito, para levantar el número de casas que se les asignara, y además, que debían tener la experiencia y estructura empresarial que se requiere para desarrollar un trabajo de tales dimensiones. El primer conjunto de casas, confiesan, no les resultó atractivo, pero había que entrarle para evitar que constructoras con presencia nacional los desplazaran en su propia plaza; aseguran que la ganancia es mínima, no más de 6 mil pesos por vivienda, pues no obtendrán utilidad alguna en el lote de terreno; ya que éste será donado por el Instituto de la Vivienda del Estado a los primeros colonizadores. Más adelante, les prometía el responsable del proyecto, serían compensados en otros paquetes, con una utilidad mucho mayor, cuando el Instituto les vendiera a precios de ganga los terrenos sobre los que construirían las viviendas; y pudieran revenderlas con un sobre precio a sus clientes. Pequeños constructores, e ingenieros recién egresados de las universidades quedaron excluidos del negocio, no fueron invitados a participar porque no eran sujetos de crédito para obtener el financiamiento bancario. Hubo algunas protestas y reclamos, pero finalmente todos aceptaron su triste realidad. Lo que no sabían, era que se les había ocultado que las garantías para obtener el préstamo hipotecario y convertirse en deudores solventes correrían por cuenta del Gobierno del Estado, a través del INVIES. Quizás sea ésta la parte más oscura e ilegal del proyecto inmobiliario de Ciudad Satélite, porque la hipoteca que constituyó INVIES sobre 3000 lotes de terrenos urbanizados de 120 metros cuadrados de superficie cada uno, garantizarán, junto con las construcciones que se levanten, el pago de 270 millones de pesos, -noventa mil pesos por cada casa- que Grupo Financiero Interacciones le prestó a los diez afortunados constructores. Se trata de un crédito puente del que se irá disponiendo en ministraciones a medida que avanza la obra; y que se aplicará a pagar el importe del crédito, y recuperar el costo de la urbanización del terreno. Se desconoce el nombre del urbanizador de esta primera etapa, cuánto vale la obra, y no hay constancia de que el INVIES la haya licitado; como tampoco sabemos de dónde se están obteniendo los recursos para cubrir esa inversión. Es muy probable que algunos de los pequeños constructores que quedaron fuera del proyecto hubieran resuelto el problema de su insolvencia financiera si se hubieran enterado que las garantías hipotecarias serían dadas por el propio Gobierno. Son muchas las disposiciones legales que prohíben expresamente que el Gobierno del Estado otorgue tales respaldos. La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, en su artículo 46 dispone: “El Gobierno del Estado no otorgará garantías, ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones…” La Constitución del Estado sólo permite, que previa autorización del Congreso, el Gobierno del Estado avale préstamos a los ayuntamientos para obras y servicios públicos, pero en ningún caso permite atravesar su firma para garantizar el cumplimiento de obligaciones de particulares; como aquel aval que otorgó el exgobernador Gonzalo Martínez Corbalá para garantizar el pago de un préstamo que solicitaron los camioneros para la adquisición de sus unidades; y que el Gobierno vino pagando en el caso de los deudores morosos. El INVIES puede ayudar a gestionar estos financiamientos, pero nunca comprometer su patrimonio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de un tercero. El monto anterior debe sumarse a la deuda pública contingente porque el Estado aparece como deudor solidario; y el artículo 8° de la Ley de Deuda Pública del Estado la califica como tal, y establece que el Poder Legislativo debe autorizar la afectación en garantía de pago de los bienes inmuebles que posea. La culpa no la tiene este grupo de constructores jóvenes con solvencia económica y experiencia en el desarrollo de proyectos habitacionales que recurrieron a Interacciones a solicitar el financiamiento. La responsabilidad es del director del INVIES que tendrá que responder por esta inconsistencia. Es una operación ilegal que viola la Constitución y debe ser sancionada. Otro asunto, también muy delicado, que no ha sido aclarado por el director del Instituto, Jorge González Hernández, es el pago que realizó el 10 de agosto de 2007, por más de 10 millones 554 mil pesos a la Comisión Nacional Forestal, por concepto de compensación ambiental por la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto de Ciudad Satélite, en una superficie de 1,852.53 hectáreas; cuando la superficie de la que es propietaria abarca sólo 684 hectáreas. Sería muy revelador que nos informara a quién más beneficio con este pago excesivo. Se trata de un desvío de recursos públicos que debe ser castigado. Sería muy interesante investigar por qué el Gobierno del Estado no ejerce su derecho de preferencia para adquirir, antes que cualquier intermediario o fraccionador, las tierras ejidales que se están vendiendo en la periferia de la ciudad; lo que ha originado que los especuladores de siempre se queden con las reservas territoriales para después comercializarlas con descomunales ganancias, logrando así, sacar de la competencia del mercado inmobiliario a los pequeños constructores que no cuentan con los recursos y relaciones para comprar algunas de esas parcelas. Este es el principal problema del encarecimiento de la vivienda en San Luis Potosí. Por eso resulta imposible conciliar el derecho constitucional de hacerse de una vivienda digna, con el miserable ingreso de 1.5 a 3 salarios mínimos diarios que ganan el 80 por ciento de los trabajadores potosinos.
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