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¡Aguas con el agua de San Luis! Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Mayo 11, 2008.
El argumento más contundente para evitar que el servicio público de agua potable pase a convertirse en San Luis Potosí en un bien privado es que el INTERAPAS dejaría de percibir los ingresos de las zonas residenciales de la capital del Estado que están por encima de su costo promedio, y que le permiten subsidiar a los usuarios de menores niveles de consumo que pagan tarifas más baratas, por eso, no resulta atractivo para la inversión privada la concesión del servicio en las zonas habitacionales de interés social o popular, pues tendrían que respetar las cuotas subsidiadas. Este sólo razonamiento debería ser suficiente para que el cabildo, controlado por la mayoría panista, niegue la privatización, que en este caso deberá ser aprobada por la mayoría calificada de los miembros que asistan a la sesión, esto es, por 12 de sus 18 integrantes, si es que se presentan todos los convocados. Hasta el momento han manifestado su rechazo 2 panistas, los dos frenteciviquistas, el del PRD y el príista Ángel Castillo Torres, falta por convencer a su compañero de partido, Fernando Díaz de León Pedroza para que no pase la solicitud. No se nos puede olvidar que dentro de las 100 acciones prioritarias del gobierno de Felipe Calderón -en la 48 de su listado- se comprometió a iniciar en los primeros 100 días de su administración la infraestructura hidráulica de la presa El Realito, que nos garantizaría a los potosinos la disponibilidad del suministro de agua potable para los próximos 20 años. Compromiso fallido que cumple dos años el próximo 4 de septiembre. Si esta promesa fuera cierta, que caso tendría entonces concesionar el servicio a un particular, y seguir autorizando la extracción de agua del subsuelo en volúmenes desmesurados.
Las experiencias privatizadoras del servicio de
agua potable en distintas ciudades del país nos han demostrado
incrementos inmoderados en las tarifas, cortes del servicio e
incumplimiento de las inversiones prometidas. No podemos perder de
vista que el objetivo de los concesionarios es ganar dinero, no
vienen a hacer obras de caridad, por lo que se renunciaría en cierta
medida a los derechos que consagra el Pacto Internacional de
Derechos Económicos y Sociales, ratificado por México en 1981, que
establece el derecho de todos a disponer del agua para el uso
personal y doméstico en cantidad suficiente, en buenas condiciones
de calidad, con facilidad y cercanía para obtenerla, así como
económicamente accesible; esto último quiere decir que el agua hay
que subsidiarla a todas aquellas personas que no tienen capacidad
económica para pagar su precio real. No encuentro ningún beneficio social o económico para los potosinos que justifique concesionar el servicio público de agua potable a un particular, pues de cualquier manera el fraccionador tiene la obligación de aportar la infraestructura hidráulica que se requiere para la prestación del servicio si quiere que le autoricen su proyecto inmobiliario; la que finalmente quedará conectada a la red pública; en el entendido de que todas estas obras pasarán a ser propiedad del organismo operador de agua cuando se reciba el fraccionamiento. Si un grupo de empresarios invirtiera el capital que se necesita para reponer las tuberías viejas y rotas de la ciudad, por las que se desperdicia más del 40 por ciento del agua que circula, tendríamos pocos argumentos para negarles que se hicieran cargo del servicio y cobraran por éste, porque entendemos que INTERAPAS no cuenta con recursos para su reposición, y a ninguna autoridad le conviene políticamente realizar inversiones tan cuantiosas que no se vean y menos que no luzcan. Con una inversión de más de 100 millones de pesos, Aguas del Poniente Potosino construye las obras de infraestructura hidráulica que contribuyen a darle valor a las inmobiliarias del promotor del deporte López Medina, lo que le permite vender en más de 4 mil pesos cada metro cuadrado de terreno. Ahora bien, si dividimos los 100 millones que asegura haber invertido, entre los 2,168 lotes que forman los fraccionamientos en los que se solicita la concesión para prestar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; resulta que a cada lote de terreno habría que agregarle por este sólo concepto un costo aproximado de 46 mil pesos, más los otros gastos relacionados con la urbanización y administración de los fraccionamientos. Si cada lote de terreno tiene una superficie de más o menos 400 metros cuadrados, su precio promedio de venta alcanza el millón 600 mil pesos por unidad, que es la cantidad que están pagando los adquirentes para hacerse de un inmueble en esa exclusiva zona de la capital. La verdad es que lo que menos me interesa es conocer cuánto gana o deja de ganar el fraccionador en este negocio, lo que pretendo demostrar con esta observación es que la inversión de más 100 millones de pesos no debe impresionar a ninguno de los miembros del cabildo para votar a favor de la concesión, porque si analizamos con atención este gasto nos vamos a dar cuenta que es muy poco cosa, si lo comparamos con la suma de la venta de todos estos inmuebles que puede ascender a más de 3 mil 468 millones de pesos. Ni el 3% del dinero que va a recaudar. Ofende el cinismo del titular de la Comisión Estatal de Agua, Urbano Díaz de León, que ante la evidencia de los hechos, y una vez que emitió su opinión favorable que consta en el expediente, niegue que se esté privatizando o concesionado el servicio de agua potable.
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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