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Un airado reclamo Eduardo Martínez Benavente Octubre 5, 2008.
El secreto que le permite al gobernador Marcelo de los Santos manejar a su antojo los recursos públicos de los potosinos es la discrecionalidad y libertad que tienen los integrantes de la Comisión Gasto Financiamiento -que controla el contador Joel Azuara- para autorizar todo tipo de transferencias, ampliaciones o reducciones al presupuesto de egresos del Estado, sin que para esto se requiera permiso de los diputados. Cuando el 25 de abril de 2008 presenté una solicitud de información a la Secretaría de Finanzas en términos tan claros y sencillos como pedir “copias simples de las actas del Comité Gasto Financiamiento en las que se hayan aprobado modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal 2007”, imaginé un procedimiento igualmente sencillo y expedito por parte de los funcionarios de la dependencia, en el que localizaban cada una de las actas solicitadas, la fotocopiaban y me la entregaban. Así de simple debería ser el derecho de acceso a la información pública. Lo que entonces no pude imaginarme, o más bien creí ilusoriamente que estaba desterrado, era que me enfrentaría a un celo burocrático que a estas alturas se encuentra muy lejos de poder ser considerado un afán de proteger datos en bien de la eficiencia administrativa y se acerca mucho más a una mal intencionada forma de encubrir irregularidades en la aplicación de los recursos públicos, materia en la que la transparencia debe ser la premisa principal. La respuesta fue negativa, no me entregaron lo que pedía, por obra y gracia de una lectura intencionalmente deficiente a lo que había planteado, me indicaron que “no existen actas en las que se hayan aprobado modificaciones presupuestales superiores al 20 por ciento”. Una contestación que nada tenía que ver con mi petición. Sabedor de la existencia de la CEGAIP, con su recién obtenida autonomía constitucional y su capacidad para sancionar, imaginé que la presentación de una queja ante ese organismo me permitiría acceder a las fotocopias de los documentos solicitados. Presenté mi queja ante la CEGAIP el 3 de junio –39 días después de mi solicitud– y el 15 de julio –81 días después de mi solicitud– se me notificó la resolución en la que esa instancia ordenaba a la Secretaría de Finanzas la entrega de la información solicitada. Creí que mi imaginación no se equivocaba. Pero pronto la propia CEGAIP se encargaría de deshacer el idealista pedestal en el que la había puesto: los diez días que le otorgó a la Secretaría de Finanzas para cumplir con su resolución los prolongó por un periodo vacacional para el que los señores comisionados se llevaron a sus casas el derecho de acceso a la información pública, y a pesar de que le dieron al ente obligado hasta el 11 de agosto –108 días después de mi solicitud–, esta fecha se llegó sin que se me entregara la información que requería. A pesar de un recordatorio de mi parte entregado a esa instancia el 13 de agosto, en el que les informé que no había recibido las copias de los documentos, los señores comisionados no tomaron las medidas que les ordena la Ley para estos casos: aplicar las sanciones que marca el artículo 109 y las medidas de apremio establecidas por el 114 de la Ley de Transparencia. Fue hasta el 9 de septiembre –137 días después de mi solicitud– que me enteré que la CEGAIP acordó un nuevo plazo de tres días a la Secretaría de Finanzas para cumplir con su resolución, que se notificó hasta el 28 de agosto. El golpe demoledor contra toda esperanza de que la CEGAIP resultara un verdadero garante del derecho de acceso a la información pública lo recibí en esa misma notificación del 9 de septiembre. El imaginado simple proceso de localizar un documento, fotocopiarlo y proporcionarlo a quien lo solicita no era así, a juicio de la CEGAIP, sino que implicaba que el ente obligado elaborara un documento ex profeso en el que sólo se incluyeran los datos que de forma convenenciera seleccionaran los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y le colocaran la leyenda “Versión Pública aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas”, para dar por satisfecha mi solicitud. El principio de oportunidad de la información fue tirado a la basura, y de esta manera los entes obligados pueden entregar la información cuando y cómo se les pegue la gana, al fin que eso basta para evadir cualquier responsabilidad y sanción. No puede uno más que pensar que los señores comisionados son un trío de tontos, o que se hacen los tontos. Cualquiera de las dos opciones es grave. La primera por lo inútiles que resultan; la segunda, porque los convierte en cómplices de la opacidad y las corruptelas que con ella se ocultan. Más aún, a 137 días de presentada mi solicitud, que conforme a la ley debió ser atendida el 13 de mayo, -18 días después de mi solicitud- la CEGAIP canceló el procedimiento de aplicación de sanciones, y consideró que Finanzas había cumplido a cabalidad con mi solicitud, sin que se cerciorara si me habían entregado las actas de la Comisión de Gasto Financiamiento, -que ahora dudo que existan-, y que a la fecha se mantienen en secreto, lo que me obligó a recurrir al Juicio de Amparo que está en proceso, porque no se me ha permitido consultar elementos mínimos que den transparencia a los movimientos presupuestales como es la fundamentación y motivación de cada uno de ellos. Las presiones con las que trabajan dos de los tres comisionados, no justifican sus conductas, a Walter Stahl, lo tienen intimidado por las sanciones que en cualquier momento le pueden aplicar, incluida su destitución, por una queja que lo señala haber ejercido la abogacía al mismo tiempo que se desempeñaba como servidor público; y a la presidente, María de la Luz Islas, la balancean en la cuerda floja, por la irresponsabilidad en la que incurrió el Congreso al haber emitido el dictamen de su nombramiento sin una debida evaluación de su persona y de la de sus competidores, lo que ha puesto en duda su legalidad en cinco amparos que aún no se han resuelto.
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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