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El penúltimo capítulo de Santa Rita Primera parte Eduardo Martínez Benavente Septiembre 14, 2008.
Ya no aguantó más. 40 meses de prolongado encierro y una serie de arbitrarias sentencias en su contra fueron suficientes para doblarlo. Si desde el principio del conflicto hubiera aceptado rescindir la operación de compra venta y renunciar a todos los derechos de comercialización de los productos agrícolas de los Invernaderos de Santa Rita que celebró con el gobierno de Fernando Silva Nieto, seguramente que el empresario Rufo Antonio Gutiérrez Ramírez se hubiera evitado la pena de perder su libertad durante tanto tiempo. Si hubiera devuelto lo que no era suyo en el momento en el que el gobernador Marcelo de los Santos le negó el aval de su gobierno para que Natural Valley obtuviera los financiamientos bancarios para cubrir el importe de los pagarés que había suscrito por 353 millones de pesos para adquirir la totalidad de las acciones de la paraestatal, ciertamente que hubiera evitado su encarcelamiento y el de otras personas, algunas de ellas inocentes, que corrieron con su misma suerte. Su intención era inocultable: apropiarse del patrimonio de Santa Rita. Nunca abonó un centavo para liquidar la deuda que había contraído ni arriesgó sus propiedades para que los bancos le prestaran. Calculó mal. Creyó que saldría libre en unos cuantos días, y que ganaría fácilmente la demanda por daños y perjuicios que entabló en contra del Gobierno del Estado para que le entregara el 10 por ciento sobre las ventas totales de los ciclos de producción del 2003 al 2011 y otras prestaciones que bien podían ascender a más de 250 millones de pesos; y que ante la negativa gubernamental de pago se adjudicaría los activos de Santa Rita. También existía el riesgo de que el litigio se prolongara por muchos años más, y que obtuviera su libertad absoluta e incondicional. Se sabía que Gutiérrez Ramírez disponía de los recursos económicos necesarios para costear los honorarios de los mejores abogados del país que le permitirían el estancamiento indefinido del asunto. De tal manera que a todos les urgía concluir la litis, pues dentro de los pendientes de la administración marcelista estaba el de deshacerse de esta monserga, y por lo tanto tenían que negociar para encontrarle una salida al pleito. A los compradores ya no les quedaba mayor margen de maniobra que “chicanear” el asunto y llevarlo a una solución en mejores términos con el sucesor de Marcelo, como podía ser un arreglo económico. Pare esto ya habían perdido la millonaria demanda de la comisión mercantil por la comercialización de los productos hortícolas, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado había confirmado la sentencia del Juez Tercero del Ramo Civil, Carlos Alejandro Robledo Zapata, en la que declaraba la nulidad absoluta del contrato de compra venta que habían celebrado con el gobierno potosino. La justicia federal arbitrariamente les negó el amparo porque el Gobierno del Estado consiguió peritajes que revelaban que la firma del empresario que aparecía en la solicitud de amparo no era la suya. Es justo reconocer que los abogados del gobierno demostraron en esta ocasión que su nivel de conocimientos y estrategias jurídicas ya no corresponde a los de un kindergarten, como se le había conceptuado, aunque es evidente que jueces de consigna y otras autoridades les facilitaron su trabajo, además de que tuvieron que contratar despachos externos como el de Barrera, Siquieiros y Torres Landa, de la ciudad de México para que los auxiliaran. Cálculos conservadores indican que el monto de los honorarios que cobraron excedió la suma de 10 millones de pesos. Probablemente se trata del asunto jurídico de mayor impacto político que haya litigado el Gobierno del Estado en los últimos sexenios. Es una exageración señalar que el daño patrimonial a las finanzas públicas haya alcanzado los 600 o más millones de pesos. El gobierno nunca fue despojado de sus bienes pues de inmediato se expropió la empresa y se simuló corregir la operación de compra venta mediante un agregado o addendum en el contrato de compra venta en el que el Gobierno se reservaba el dominio de las acciones de Santa Rita que nunca endosó. Como también nunca se investigaron los desvíos y sobreprecio en la adquisición del inmueble, y en la compra del equipo y accesorios en los que intervinieron funcionarios silvanietistas, como José Manuel Rosillo Izquierdo, Antonio Navarro Robles Gil y otros. La Contaduría Mayor de Hacienda nunca investigó el destino de los más de 200 millones de pesos que reportó de ingresos la administración de Silva Nieto por la venta de hortalizas durante esa gestión; y ni la Procuraduría ni Gutiérrez Ramírez solicitaron la comparecencia del ex gobernador como indiciado o testigo para que rindiera su declaración, no obstante que fue uno de los protagonistas más importantes de este caso. Es previsible que como valor entendido, o como parte medular de la negociación, la Procuraduría General de Justicia del Estado no apele o apele “suavemente”, sin ánimo de que se revoque, la sentencia del Juez Penal que desvaneció los elementos de los delitos de asociación delictuosa en grado de pandillerismo y fraude genérico que pesaban sobre los inculpados, y que sólo les dejó el de fraude específico, lo que les permitió salir en libertad mediante el pago de una fianza barata. La clave para la liberación de los procesados fue el español David Mulas Corrales, accionista y administrador único de la parte compradora, pues el Juez de amparo resolvió que no se encontraron acreditados ninguno de los cuatro delitos que se le imputaban, contrario a lo que sostenía el Juez de la causa. Las pruebas no fueron suficientes para demostrar la existencia de dichos ilícitos. Por lo tanto, el Juez de amparo nulificó y dejó insubsistente la orden de aprehensión de fecha 6 de junio de 2006, ordenándole al Juez de la causa que dictara una nueva resolución acatando lo dispuesto en la sentencia. Que finalmente fue lo que hizo y lo que les permitió salir a todos.
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