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El penúltimo capítulo de Santa Rita Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Septiembre 21, 2008.
El último capítulo de la historia de los
invernaderos de Santa Rita se escribirá una vez que se conozcan los
detalles de su inevitable malbaratamiento, y así, queden enterrados
para siempre los ilícitos en los que incurrieron el ex gobernador
Fernando Silva Nieto y otros funcionarios de su administración que
participaron en el proyecto hortícola; el primero, por su criminal
negligencia de haber dispensado a la parte compradora de otorgar las
garantías necesarias a fin de asegurar el pago de los activos
enajenados, y haber engañado a los potosinos, cuando les hizo creer
que había recibido a satisfacción el precio convenido. A los
segundos, encargados de supervisar y administrar el proyecto, por el
despilfarro y manoteo de los recursos que se les confiaron. Es indispensable que todos los movimientos que se realizaron en torno a esta inversión queden auditados por un despacho externo, ajeno al gobernador del Estado y por supuesto al Auditor Superior del Estado, para que nos informe de la situación real que guarda la empresa, desde la primera adquisición hasta el pago de la última factura. Se requiere de una revisión en serio, en la que se compulsen cheques con pólizas y facturas, y se examine si el precio que se pagó en cada caso era el que le correspondía en el mercado; sólo así se podrá justificar la ganga con la que se desharán de este patrimonio. Servirá también para verificar la información del ahora responsable de los invernaderos, Manuel Sánchez Hermosillo, que asegura que se están obteniendo utilidades de 20 millones de pesos, no aclara si por ciclo o anuales, y si son netas o brutas. No nos queda la menor duda que el lugar en el que se construyeron los invernaderos no era el adecuado. Su ubicación obedeció a un capricho, pues se levantaron en ese sitio para promover la imagen del ex secretario de finanzas, José Luis Ugalde, que iniciaba su carrera política y quería aparecer como el promotor de la obra en su distrito. No había agua. No había caminos. Se tuvieron que perforar varios pozos que no resultaron, hasta que se adquirió un predio colindante con un pozo que surte una parte de sus necesidades. El 9 de agosto de 1999 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 358 de la 55 Legislatura, en el que además de autorizar al gobernador del Estado a contratar una línea de crédito por 28 millones de dólares para desarrollar el proyecto hortícola en el municipio de Rioverde, se establecían las bases para su enajenación como condicionantes para suscribir el préstamo: nadie podría adquirir más de una de las 200 hectáreas que estaban proyectadas. Los ejidatarios de la zona tendrían derecho de preferencia para comprarlas, los que a su vez podrían disponer de un crédito sin intereses para cubrir la deuda que se pagaría con el 50 por ciento de las utilidades que generara su superficie. Si a éstos no les interesaba hacerse de la oferta, la prioridad pasaba a los pequeños propietarios de la región. Nada se cumplió, todo fue demagogia, todo era un engaño, pues el 30 de julio de 2002 apareció publicado un nuevo decreto, el 371 de la siguiente Legislatura, en el que se desvirtuaba el contenido social de esta operación, y se desincorporaban los bienes y derechos que formaban el patrimonio de Santa Rita de la administración pública paraestatal, autorizando al gobernador del Estado para que por sí o a través de la empresa Invernadero Santa Rita, S.A., los enajenara en forma directa en un valor que le permitiera liberar al Estado de la deuda bancaria que se había contraído. Los invernaderos se vendieron el 23 de enero de 2003, fuera de subasta pública, a una empresa creada ex profeso por Rufo Antonio Gutiérrez en 353 millones de pesos; y aunque en el contrato se manifestó que se recibía a satisfacción el precio convenido, lo cierto fue que el gobierno de Silva Nieto aceptó como pago dos pagarés que nunca le fueron cubiertos. Ante la crítica situación económica que padecerán las finanzas estatales en el 2009, en virtud de que el gobierno federal reducirá en cerca de dos mil millones de pesos las remesas que nos envió este año, y ante su urgencia por hacerse dinero; a la administración marcelista no le quedará más remedio que agarrar lo que le quieran dar por Santa Rita.
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