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Siguen las vacas flacas Segunda y última parte Eduardo Martínez Benavente Septiembre 7, 2008.
Es muy reveladora la información que acaba de subir la Secretaría de Finanzas a su página de transparencia en la que exhibe los pasivos y demás obligaciones del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2007. Podemos concluir que le debe a medio mundo: bancos, Hacienda, sindicatos, asilos, bomberos, cruz rojas, medios de comunicación, pensiones alimenticias retenidas, luz, teléfono, rentas, hoteles, gasolineras, presidencias municipales, hospitales, dependencias de gobierno, farmacias, talleres, panaderías, restaurantes, en fin, una larga lista de nombre que no sabemos, en muchos casos, qué le vendieron o qué servicio le prestaron, y menos desde qué fecha se originan sus adeudos. La suma de lo que tiene que pagar, sólo, a proveedores y acreedores, según su propio informe, asciende a más de 3 mil 235 millones de pesos, que incluye a todos sus organismos, instancias y dependencias. En el documento no consta el detalle de los pasivos de los organismos descentralizados por estos conceptos. Bastó un sólo renglón que reporta mil 806 millones de pesos, para vaciar, sin más detalles toda la deuda bancaria y la de proveedores y acreedores derivada de los organismos descentralizados. Son tantas las interrogantes que saltan de su análisis, que el responsable de esta oficina está obligado a aclararlas. Antes que nada, nos tendría que explicar en qué fecha y bajo qué condiciones el Poder Ejecutivo reestructuró su deuda pública directa. El 16 de agosto de 2007, el Congreso del Estado modificó el artículo 9 de la Ley de Deuda Pública, y le cedió a un Ejecutivo irresponsable y botarate la atribución de renegociar libremente, en los términos y condiciones que considere convenientes, sus obligaciones financieras con la banca, sin necesidad de obtener autorización previa por parte de los diputados. De esta manera se perdió uno más de los controles o contrapesos que deben existir entre los Poderes para evitar los excesos y desequilibrios. No se justificaba, bajo ningún pretexto que el Legislativo renunciara a esa atribución. Sin embargo lo hizo. En la información relativa a la deuda pública estatal, con corte al 31 de marzo de 2008, aparece Banco Mercantil del Norte, como el único banco acreedor de la totalidad de la deuda pública directa, por $2,677,805.00, desapareciendo Banobras y Banco del Bajío, que todavía el 31 de diciembre de 2007 encabezaban la lista de instituciones a los que se les debía dinero. El empréstito bancario que se le autorizó contraer el 3 de octubre de 2007, por 227 millones de pesos, para cubrir la aportación que le correspondía hacer al Estado para atender a la población afectada por contingencias climatológicas, no aparece registrado, por lo menos hasta el 31 de marzo de 2008; por lo que habría que sumárselo al monto de la deuda pública directa. Sería criminal que el Gobierno del Estado no hubiera aplicado esos recursos en las zonas afectadas después de tantos meses que ocurrieron, y con el dinero a la vista. Lo que si podemos asegurar es que soportaron por lo menos seis meses de parálisis, en los que las autoridades desatendieron las demandas de los afectados. Hay un movimiento sumamente extraño en el informe de la deuda pública contingente del 30 de septiembre de 2007, pues de un plumazo desaparece el adeudo de 453 millones de pesos que tenía la Comisión Estatal del Agua todavía en el informe del 30 de junio. El 31 de diciembre de 2007 vuele aparecer, aunque reducido a un poco más de 90 millones. El contador Joel Azuara, Secretario de Finanzas se resiste a proporcionarnos los conceptos de los pasivos de los proveedores y acreedores del Gobierno del Estado, violentando nuestro derecho a la información. Seguramente que no se atreve a revelar todo. Si no, que nos explique qué originó la deuda por más de 24 millones 883 mil pesos que aparece en su listado de proveedores con varios bancos, distintos a los bancos acreedores de la deuda pública directa. La única explicación que encuentro es que se trate del remanente de los créditos quirografarios que tenían que haber sido saldados a más tardar el 31 de diciembre de 2007, y que bajo ninguna circunstancia podían trasladarse al siguiente ejercicio. Quién sabe cómo podrá justificar el Gobierno del Estado el inexplicable adeudo por $553,713.48 que tiene por concepto de retenciones pendientes de pagar a acreedores alimenticios. Es ridículo que en su informe de 25 páginas de proveedores y acreedores resalten varios con deudas insignificantes, como la de Ma. Guadalupe del Socorro Nava Dávalos, por 160 pesos; o la de Miguel Ángel Santos por 202. Adeuda impuestos retenidos y no enterados a la Secretaría de Hacienda por $104,054,288.09. Hay un largo listado de instituciones de beneficencia a las que el Gobierno del Estado no les había pagado. Algunos ejemplos, el Asilo de Ancianos San Martín de Porres con $18,700.00. El Asilo Montes de Oca con $16,000.00. La Cruz Roja de Matehuala con $30,000.00. Al Consejo Estatal Electoral le debía más de 6 millones y medio de pesos. A Fonacot no le había pagado 3 millones 481 mil pesos, que corresponden a las retenciones que les hace a sus trabajadores. Al Hospital Central, casi 4 millones de pesos. Al sindicato de Bernardina Lara, 4 millones 500 mil pesos. A Interapas 14 millones 736 mil pesos. No paga el agua. Al Municipio de Tamazunchale no le había cubierto 10 millones 688 mil pesos. Al de San Antonio $49 mil pesos. Hay otros 10 municipios en las mismas condiciones. A Matienzo, por los banquetes que le sirve le debe 578 mil pesos. A Desarrollo del Pedregal de Carlos López Medina le adeuda 11 millones de pesos. A la SEDARH: $21,606,391, que probablemente correspondan al producto de las ventas de las hortalizas del Invernadero de Santa Rita. Y para cerrar con broche de oro, Joel Azuara Robles, el encargado de las finanzas, no le había pagado a Joel Azuara Robles, no sabemos por qué concepto, la cantidad de $15,984.70. Y éstos son sólo algunos ejemplos.
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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