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Regalos de Navidad Eduardo Martínez Benavente Noviembre 30, 2008.
Todo indica que el Congreso del Estado autorizará al INVIES a enajenar una superficie de más de 5 millones 261 mil metros cuadrados, antes del próximo 15 de diciembre, en el precio y condiciones que su director considere más convenientes, así como a donar a título gratuito otra de 1 millón 264 mil metros cuadrados para equipamiento urbano, independientemente de las áreas de donación que por Ley corresponden del proyecto habitacional de “Ciudad Satélite”. Serán tantos los asuntos que se despacharán en el Congreso durante esos días prenavideños, tanta la desatención y negligencia de los diputados, tanta su prisa por salir de vacaciones, que su autorización pasará irreflexivamente desapercibida en el montón de dictámenes que se aprueben. Los presupuestos de ingresos y egresos estatales para el 2009, las leyes de ingresos de los 58 municipios, seguramente la autorización para la venta de los activos de los invernaderos de Santa Rita, las urgentes reformas al Código Penal, la designación del presidente del Consejo Estatal Electoral y demás consejeros, así como otras iniciativas pendientes de resolver, ocuparán la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos interesados en los asuntos públicos. Los legisladores aprobarán sin mayores reparos el dictamen que le permite al director del INVIES, Jorge González Hernández, regalar a una empresa constructora de Guadalajara, un cuantioso acervo inmobiliario, mediante la formalización de un contrato de compra venta que ya tienen amarrado con el funcionario potosino. Seguramente que ningún legislador ha observado que en los dos contratos de promesa de compra venta que firmó con Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V., representada por el señor Carlos Federico Valenzuela Cadena, el pasado 13 de junio, el primero por una superficie de más de 1 millón 642 mil metros cuadrados, que comprenden 6 macromanzanas, en un precio de $131,409,075.20; y el segundo por 1,456 lotes de terreno semiurbanizados, en 35 millones de pesos, se establece que esas cantidades “podrá ser pagada en especie (infraestructura urbanística) o en cantidad líquida y que el pago podrá hacerse en pagos diferidos que no excedan de 12 meses contados a partir de la firma del contrato prometido”. Sin exageraciones ni mentiras puedo asegurar que el señor González Hernández les está regalando esos inmuebles a los de Jalisco, al pactar que el precio convenido podrá cubrirse con el importe de las inversiones que necesariamente tendrá que realizar la parte compradora para completar la urbanización de los terrenos, y cuyo costo excederá con mucho los 166 millones que le adeudan a la vendedora, de tal manera que los compradores quedarán liberados de pagar su adeudo con dinero o cantidad líquida. Bastará con acreditar mediante facturas o peritajes el monto de su inversión por concepto de infraestructura en agua potable, saneamiento, energía eléctrica, drenajes, pavimento y otros. Toda una ganga que ocultó y no ofreció a los constructores locales. Seguramente que algunos de ellos se hubieran animado a participar en este lucrativo negocio si hubieran conocido su generosa oferta. Tampoco les informó que en los referidos contratos se establece la posibilidad de construir casas hasta en un precio que no rebase el valor de las viviendas de interés social, que de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luís Potosí alcanzan la suma de $451,987.50. Hay que recordar que la iniciativa gubernamental para justificar este proyecto quedó sustentada en el compromiso de construir sólo viviendas clasificadas como “económicas” que en la actualidad tienen un precio aproximado de $189,000.00. Lejos, muy lejos quedó aquella obligación de atender a aquellos trabajadores cuyos ingresos no son mayores a 3 salarios mínimos. Ciertamente que se trata de casas que muy pocos promotores levantan por los reducidos márgenes de utilidad, lo que obliga al INFONAVIT a devolver recursos millonarios con los que se podrían edificar miles de estas viviendas. Pero aún hay más, si revisamos que el INVIES pagó a 40 pesos cada uno de los más de 6 millones 844 mil metros cuadrados que adquirió de un grupo de especuladores chihuahuenses; y a esto le agregamos los $496,113.545.00 que declara el INVIES que invertirá en el proyecto con recursos del Estado, más el valor de las inversiones federales, como son el puente de acceso y otros servicios que no tenemos cuantificados; así como el costo que representan todos los permisos y licencias que se requieran para la construcción del desarrollo habitacional, y el área de equipamiento central del mega proyecto, que de conformidad con el artículo 5 del proyecto de dictamen que están a punto de aprobar los diputados, corren por cuenta del organismo que dirige el señor González Hernández, con todos estos agregados, podemos concluir que el responsable de este proyecto está malbaratando nuestro patrimonio inmobiliario, o que su interés desmedido en deshacerse de estos bienes no tiene más explicación que su participación camuflada en los beneficios del negocio. Es tal su empeño por favorecer a la empresa del señor Valenzuela que ni siquiera prevé cláusulas rescisorias o penales en los contratos, en caso de incumplimiento, pero eso sí, se compromete a acompañarlo a la firma de todas las operaciones de compra venta que se otorguen a favor de los beneficiarios finales, sin importar que el INVIES ya no tendría ningún derecho sobre el inmueble. No nos extrañaría que el resto de la superficie de Ciudad Satélite estuviera también comprometida, con el mismo constructor o con otros voraces compradores, pues la información que se obtuvo, después de que fue obligado por la CEGAIP a que nos la proporcionara, está referida hasta el 28 de julio del 2008. Es indispensable que los diputados lo obliguen a comparecer para que les actualice todos los movimientos que ha realizado después de esa fecha, antes de que le autoricen la operación. |
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Lista obtenida a través de solicitudes de información
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