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A más Impugnaciones, menor Transparencia Juan Antonio González Noviembre 3, 2008.
Si va en crecimiento el número de medios de impugnación que recibe la CEGAIP es que en esa misma medida repunta la falta de voluntad de los entes obligados. Estas no son buenas noticias. Si el incremento en ese sentido es del 428 por ciento, en ese mismo escandaloso porcentaje ha crecido la reticencia a liberar información. Eso no es para alegrarse ni para alzar campanas al vuelo en el entendido de que en la Comisión se trabaja mucho, que a partir de la implementación de la nueva legislación en materia de transparencia se han tenido que multiplicar para atender los recursos. Bien visto, resulta preocupante ese dato que aparece en el Informe Anual de Actividades de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Lo importante no es presumir que trabajan mucho para atender la creciente demanda de los ciudadanos que están insatisfechos por las respuestas de los sujetos obligados, sino el que éstos no cumplen Con ello, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública deja constancia de que la institución no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones legales. La reticencia de los sujetos obligados que se reporta en el Informe choca frontalmente con el supuesto legal que coloca a la Comisión como garante de que eso no ocurra. Mil 419 solicitudes de información y 592 medios de impugnación, lo que representa 428 por ciento de incremento a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todo depende de cómo se vea el vaso, si medio vacío o medio lleno, pero es obvio que no hay razones para el optimismo cuando crecen los recursos de impugnación, lo ideal es que esa cantidad fuera en declive frente a las solicitudes de información que reciben los entes obligados. Al menos hasta ahora no es así. Frente a ese panorama de opacidad y pese a que la Comisión cuenta con facultades para aplicar sanciones, el Informe reporta apenas el apercibimiento a dos entes obligados por no cumplir con la entrega de información pública. Lo anterior denota el temor que tiene la Comisión, primero para poner nombre y apellido a los entes incumplidos a los que se ha apercibido, en segundo lugar, refleja la actitud timorata para limitar su facultad sancionadora a meros apercibimientos y tercero, expone ante la opinión pública a comisionados que no están dispuestos a ir a fondo en la aplicación de la ley. En su mensaje, la comisionada presidenta, María de la Luz Islas Moreno hace apología de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la coloca como una de las mejores de América Latina. De poco sirve ese supuesto ante el hecho de que de cada diez solicitudes de información que se presentan, la mitad terminan en recurso de queja ante la CEGAIP. Se puede decir que eso de que es una ley de vanguardia se ha convertido en un lugar que de tan común, ya hasta resulta chocante citarlo. Vamos, hasta en el transporte urbano, dice el gobernador Marcelo de los Santos que San Luis es vanguardia. Y claro, la realidad muestra otra cosa. Las leyes por si mismas pueden ser de poca utilidad para la sociedad sino se aplican de manera estricta, sin ambages ni intereses de por medio y está claro que la de Transparencia es de esas. Baste traer a cuento la actitud omisa y negligente que a las obligaciones que les impone la ley se han mantenido en el Congreso del Estado. Cuando una institución pública manda al demonio la ley es porque quienes se encargan de velar por su cumplimiento no merecen mayor crédito. En la CEGAIP se podría alegar que la pelota está del otro lado de la cancha, la de los sujetos obligados, pero si a éstos que se muestran rejegos a la ley no se les mete en cintura, no le depara nada bueno a la cultura de la transparencia. El servidor público es por naturaleza burocrático y cerrado, gusta de formarse mundos en los que él y sólo él es quien tiene el poder de decisión, asumen como propiedad privada el cargo y la información. Nadie más puede saber que hace y como lo hace, cómo dispone de los recursos públicos y decide qué es público y que es confidencial o reservado. A la Ley se le puede tener enfrente con todo y sus abalorios de vanguardia, pero es el funcionario, incluso aquel proclive a la corrupción el que al final del camino toma decisiones. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no ha logrado calar hondo en las esferas del poder. Si no se respeta en muchos casos la Constitución, menos una norma menor aun cuando ésta incluya derechos constitucionales. Ese tipo de resistencias se pueden vencer solamente cuando hay una institución que actúa con firmeza y solidez, que va más allá del discurso manido y hueco. La CEGAIP ha tenido oportunidades de sobra para hacer valer sus facultades para la aplicación de sanciones, pero las ha desperdiciado. La Auditoría Superior del Estado así lo ha entendido, sabe que para combatir la corrupción en los ayuntamientos, no hay mejor forma que enviando a alcaldes corruptos a la cárcel o imponiendo sanciones económicas millonarios y, en su caso, inhabilitando a servidores públicos a los que se comprobaron actos ilícitos. En el tema de la transparencia es igual, mientras no se sancione de manera ejemplar a los que la incumplen con alevosía y premeditación, el estado de cosas actual no va a cambiar y el año entrante, en su informe, los comisionados dirán que crece la cultura de la transparencia porque se habrán hecho miles de solicitudes de información, pero que, lastima, han dado entrada al mismo tiempo a miles de medios de impugnación. |
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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Usuarios de Leyes de Transparencia
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