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a Periodismo de mano en mano y Visor de Transparencia |
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El eslabón más débil Reflexiones para enfocar la atención José Victoriano Martínez Guzmán Febrero 12, 2009.
Es necesario distinguir entre lealtad y complicidad. La primera es el apoyo que se presta para la defensa de un bien común amenazado. La segunda tiene que ver con el silencio o la inacción que favorecen a los corruptos. Javier Darío Restrepo
Cuando el dato es contundente, los comentarios salen sobrando. Cuando ante un dato contundente la reacción se desvía o limita su enfoque a una de las partes y, sin desmentir lo que no se puede desmentir, se trata de desvirtuar lo que no dejará de ser un dato cierto, entonces el acto de informar sobre datos reales y verificables exige un comentario adicional que re-enfoque el sentido de su difusión. Tal es el caso de la información que sobre los apoyos que dio el Congreso del Estado durante 2008 a 36 periodistas se ha presentado en esta página y en la revista etcétera del mes de febrero. Hasta el momento las reacciones que hemos conocido se enfocan a cuestionar la motivación que impulsó la publicación de la información, como si ella careciera de valor periodístico, y a señalar a quienes aparecen en la lista como personas que han incurrido en faltas a los principios que rigen la profesión, cuando esto es sólo una parte de lo que muestra esa información. Se impone abundar sobre estos dos puntos.
El interés periodísitico Sobre el primero, el valor periodístico de la información, podemos hacer una valoración a la luz de las características que señala Petra María Secanella para el verdadero periodismo de investigación. 1. El periodismo de investigación es producto de iniciativa personal en la que no tienen cabida las informaciones remitidas por departamentos de prensa y otros organismos oficiales. Es claro que ninguna dependencia gubernamental, o de cualquier naturaleza, difícilmente emitirá un boletín de prensa con información como la que se exhibió en ese trabajo periodístico. 2. El asunto a investigar debe ser importante para una gran parte de la población. Tal vez en este aspecto es en el que habría muchas más cosas qué decir, por lo que habremos de señalar algunas líneas generales que abran puntos de reflexión sobre los que se puede abordar la importancia y el alcance que tiene haber dado a conocer esta información. Los datos muestran apenas la punta de una larga madeja en la que está presente una gran paradoja: quienes ejercen la libertad de expresión y favorecen el derecho a saber de la sociedad están envueltos en un sistema de componendas que atenta contra el derecho a saber que tenemos todos y la libertad de expresión. Con una agravante: se hace con recursos públicos. El dinero de todos usado para mal informarnos a todos. La información documenta parte de esa relación perversa entre medios e instituciones públicas, en donde queda expuesto el eslabón más débil de una cadena de responsabilidades que se extiende hacia las propias empresas periodísticas y hacia funcionarios públicos. El asunto investigado nos pone en alerta a todos sobre algo que ya sospechábamos y que resta credibilidad a la información que día a día nos proporcionan los medios. Ejercitar nuestro derecho a saber obliga a tratar de distinguir, en el abanico informativo al que nos enfrentamos, la información orientada por estas prácticas de aquella que se nos ofrece para atender un auténtico interés público. 3. Son asuntos que algunas personas e instituciones quieren mantener en secreto. El investigador encuentra una firme oposición, y será mayor en función de la importancia de la información.
No fueron pocos los intentos por disuadir la
intención de publicar la información que se obtuvo. Hay que
reconocer que se atendió en tiempo una solicitud de información
conforme a la Ley de Transparencia, lo que –dicho sea de paso–
muestra el valor que puede tener este instrumento legal para ejercer
el derecho a saber. Pero de la misma manera, se debe señalar que,
desde que se presentó esa solicitud de información, la maquinaria
disuasiva comenzó a operar, de lo que dieron cuenta reclamos
anticipados de personas que aparecen en la lista de beneficiarios de
los vales y mensajes para amedrentar, que no pudieron tener otro
origen que la anticipación, por parte de los empleados del Congreso
del Estado, de la solicitud a la que se daba trámite, a quienes se
sentirían afectados. Tras la publicación de la información, se han dado reclamos “civilizados”, amenazas y mensajes que no desmienten la información y sólo tratan de ofender. Más indicadores de que hay personas e instituciones que querían mantener en secreto la información seguramente se acumularán.
Cadena de responsabilidades Sobre el segundo punto. Enfocar la atención sobre quienes aparecen en la lista hace perder de vista el origen del beneficio que obtienen: recursos públicos administrados por el Congreso del Estado. ¿Qué fundamento legal y legítimo tienen los servidores públicos para otorgar ese tipo de beneficios a trabajadores de empresas privadas? ¿De qué manera queda justificada la aplicación de 301 mil pesos de forma discrecional? En una entrega anterior, se reveló la existencia de 45 contratos de prestación de servicios firmados con medios de comunicación entre los que se detectó la compra de gacetillas y entrevistas en espacios noticiosos. Más de 2.5 millones de pesos aplicados por esa vía, con acciones que incluso incurren en violaciones a la Constitución General de la República (ver www.etcétera.com.mx del mes de enero). ¿Y el órgano de control interno? ¿No existe observación alguna por parte del Contralor Interno sobre este uso discrecional de recursos públicos? ¿La Junta de Coordinación Política aprobó el uso de esas partidas? ¿De qué manera está fundado y motivado? Cuando se revela un dato contundente, el comentario sale sobrando… siempre y cuando funcionaran las instituciones y ante un evidente mal uso de recursos públicos se activaran los mecanismos de control que protegieran el patrimonio común. Se debe entender que en ese caso hay al menos tres partes involucradas que deberían asumir su responsabilidad: • los reporteros de la lista (quienes, como eslabón más débil de la cadena, están más expuestos a sufrir las consecuencias de sus actos con potenciales medidas expiatorias por parte de las empresas en que laboran, pero no correctivas de las causas de las que, como empresas, son parte);
• las propias empresas periodísticas (de quienes
no bastaría que tomaran medidas correctivas para que sus reporteros
dejen de incurrir en estas prácticas, sino que necesariamente deben
buscar mejorar las condiciones de trabajo de sus reporteros), ¿Cómo lograr que cada actor asuma su responsabilidad? El tema es demasiado amplio, pero cuando el trecho que hay que recorrer es muy largo, hay que comenzar por los primeros pasos. Aunque parezca que no se ha dado paso alguno, resulta que en los hechos sí existen al menos tres concretos en San Luis Potosí que están en manos del Congreso del Estado y son los diputados quienes han sido omisos en darle seguimiento: UNO El 4 de junio de 1998, la LV Legislatura tomó un punto de acuerdo con los siguientes puntos: A) Nos comprometemos a fortalecer la libertad de expresión consagrada específicamente en la Constitución General de la República y en la Constitución General del Estado. B) Que esta Legislatura no vuelva a pagar publicidad a tarifas que no sean las que rigen comercialmente. C) Exigir a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 58 municipios, se abstengan de realizar el pago de publicidad a tarifas superiores a las comerciales. D) Exigir que los medios de Comunicación cumplan con la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado, por ser éstos, proveedores de servicios, o en caso contrario aplicar las sanciones correspondientes. E) Enviar al Congreso de la Unión petición para prohibir el nefasto intercambio comercial entre las dependencias públicas y los medios de comunicación, que con esto evitan el pago formal de impuestos, debiendo reglamentar el uso de la publicidad oficial y que sea este un punto a incluir en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones. DOS En mayo de 2005, el entonces diputado Eduardo Martínez Benavente presentó un punto de acuerdo para iniciar la regulación de la contratación de publicidad en medios de comunicación que incluía un punto en el que se exigía al gobernador “un compromiso público de corrección y sanción de las cantidades asignadas fuera de presupuesto a medios de comunicación”, y se proponían una serie de criterios para la búsqueda de un esquema equitativo de distribución de la publicidad oficial. La propuesta de Martínez Benavente contó con la firma de apoyo de otros dos legisladores: Juan Ramiro Robledo Ruiz, hoy candidato del PRD a la gubernatura, y Pedro Pablo Cepeda Sierra, hoy aspirante a la postulación por el PAN por la alcaldía de la capital potosina. TRES En 29 de octubre de 2008, el abogado José Mario de la Garza Marroquín presentó al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Campañas Institucionales de Publicidad y de Comunicación Promovidas o Contratadas por el Estado de San Luis Potosí, que pretende regular jurídicamente las campañas de publicidad, propaganda y comunicación de las entidades públicas del estado con criterios que pretenden evitar que se desvíe el uso de recursos públicos a fines que no sean los de interés público.
Cuando el problema nos une a todos en una cadena de responsabilidades, alguien tiene que dar el primer paso para poner la atención sobre él, en conjunto, y no sólo sobre el eslabón más débil. No se vale desviar la atención, que para desviar la atención sobre el verdadero trabajo de los diputados, ya hemos visto, se desvían recursos públicos para maquillaje mediático.
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VISOR DE TRANSPARENCIA
6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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Usuarios de Leyes de Transparencia
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