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Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto Juez y Parte Castillo Machuca dictamina improcedente juicio contra su ex jefe Juan Antonio González juan.antonio.gonzalez@proyectotabano.com.mx Diciembre 15, 2009. Alfonso Castillo Machuca fue juez y parte en el procedimiento mediante el cual la LIX Legislatura desecho la demanda de juicio político en contra de Marcelo de los Santos Fraga. El ex secretario general de gobierno durante la administración marcelista, diputado de representación proporcional impuesto al Partido Acción Nacional por el entonces gobernador de Los Santos, dictaminó la improcedencia como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Pese a que la parte promovente del juicio, Acción Ciudadana, había solicitado que Castillo Machuca se excusase de intervenir en el estudio y dictamen de la demanda, el diputado lo hizo. En lunes durante la sesión ordinaria, el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, fue aprobado igual por panistas que por priístas. El dictamen refiere que se desecho el juicio por la audencia de pruebas respecto de las acusaciones que Acción Ciudadana hacía en contra del ex gobernador. Incluso, los diputados de ambas comisiones van más allá al considerar que “antes de que las pruebas ofrecidas permitan presumir la existencia de la infracción, tal y como lo exige la Ley de Responsabilidades, se advierte que las mismas gozan de la presunción de legalidad, sin que se haya determinado lo contrario por autoridad alguna”. Acción Ciudadana había entregado un reporte de probables irregularidades en las que incurrió Marcelo de los Santos, pero para los diputados, las observaciones de esa organización ciudadana, bordaban sobre la vaguedad. “Las pruebas apuntadas tan solo alcanzarían a demostrar la existencia de las cuentas públicas, de las diversas actas, de los decretos y los contratos en comento, no así las circunstancias y conductas objeto de la responsabilidad”. Lo que querían los diputados, es que se presentaran pruebas directas y claras sobre las presuntas conductas ilegales del ex gobernador. “La vaguedad en la manifestación de hechos redunda en la imposibilidad de probar, lo que a su vez, concluye en la falta de elementos para declarar la consecuencia jurídica pedida por los denunciantes”. Y agrega en referencia al Perfil General de Irregularidades planteado por la parte demandante, que “ante la imprecisión de hechos, las pruebas carecen de vínculo demostrativo, al encontrarse indefinidos los extremos de verificación, y luego, de imputación, quedando desatendida la obligación de aportar elementos que acrediten el nexo”. En la lógica de los diputados de las comisiones dictaminadoras y del pleno mismo, era que quien denuncia debe probar, pero en ello, han dejado de lado su responsabilidad de poder fiscalizador a través de la Auditoría Superior del Estado. Los ciudadanos no tienen acceso a los datos y a la información gubernamental, pero los legisladores sí.
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6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
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