Con licencia para robar
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Sólo alguien que tuviera la certeza de que nunca sería investigado ni castigado se atrevería a cometer los excesos e ilícitos que se reseñan en el informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública de la administración municipal que presidió la priista Victoria Labastida, correspondiente al ejercicio fiscal que va del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012. Sólo alguien que gozara de total impunidad por las influencias y relaciones que pudiera tener con los dueños del poder en México se animaría a derrochar y comprometer la hacienda pública municipal al grado de que sus pasivos y gasto corriente la tienen al borde de la quiebra. Pero lo peor de todo es que sabemos que a los responsables de estos latrocinios no se les aplicará sanción alguna y que el daño patrimonial que perpetraron nunca será resarcido. También estamos ciertos –para nuestra desgracia- que todo quedará reducido a simples notas periodísticas que muy pronto serán olvidadas.
El alcalde Mario García Valdez no ha calculado el daño que su pasividad y falta de carácter para denunciar estos hechos le está causando a su imagen y carrera política. Su exagerada campaña publicitaria y pretextos que utiliza para zafarse de estas obligaciones son inútiles. A él le corresponde formalizar las denuncias, independientemente de lo que haga la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues cuenta con las pruebas e información para proceder en consecuencia. Hasta el propio auditor acusa en la página 72 de su informe de que no se han presentado denuncias en contra del Ayuntamiento. Su inacción y encubrimiento parecen trazados en un arreglo cupular en el que ni ex funcionarios, ni proveedores, ni contratistas involucrados en estos abusos han aparecido para replicar las múltiples y serias acusaciones que se les han dirigido.
Debe ser frustrante para un político bien intencionado toparse todos los días con la realidad de que no hay dinero para cumplir con los compromisos ofrecidos, pero sí con largas filas de proveedores y acreedores que angustiados y cada vez más molestos reclaman el pago de sus adeudos. Debe ser desesperante que todo el esfuerzo recaudatorio se destine a pagar una pesada nómina burocrática y sus prestaciones, y si acaso para el sostenimiento de algunos deficientes servicios municipales, pero nada para obras, ni siquiera para arreglar vialidades. La renuncia de Juan Ramón Nieto Navarro a la Tesorería Municipal, a quien muchos potosinos consideramos como una persona proba e inteligente, obedece a estas razones y al riesgo de verse tentado u obligado por las presiones que se ejercen a tomar recursos etiquetados para solventar gasto corriente y contraer nuevos empréstitos que difícilmente
podrían ser cubiertos en esta administración.
No tengo espacio para comentar todas las operaciones que deberían estar observadas por la ASE y que muchas de ellas se desprenden del informe de la cuenta pública que presentó al Congreso del Estado, por lo que sólo me referiré a algunas de estas. El primer asunto, el más importante es el monto de los pasivos o cuentas por pagar que al 30 de septiembre de 2012 ascendían a más de 1 mil 269 millones de pesos, cifra muy superior a los 853 millones que a finales de ese año se detallaban en la página de transparencia del municipio, y a los casi 730 millones que se reconocen como saldo al 31 de mayo pasado. Estas diferencias pueden responder a una estrategia de ocultamiento –que ahora se destapa- para que las firmas calificadoras no cataloguen al municipio como un deudor insolvente al que ya no se le pueden otorgar nuevos créditos. Seguramente que en el proceso de entrega recepción se le ocultó al tesorero el monto real de la deuda que tiene ahora al municipio en la antesala del colapso.
Otro asunto muy relevante es el monto total de los ingresos propios que supuestamente se recaudaron durante el período auditado y que ascendían a 1 mil 078 millones de pesos, pues una buena parte de estos no ingresaron a las finanzas municipales. El auditor debió cuestionarlos. Son números falsos porque sumaron los créditos fiscales que se le notificaron a Telmex por diversos conceptos que alcanzaban la cantidad de 641 millones de pesos, de los cuales, 533 millones fueron declarados improcedentes por una última instancia judicial, y sólo 108 millones podrían recuperarse si la liquidación que se reclama en TECA resulta procedente (página 13 del informe que se puede consultar en Proyecto Tábano). Este ingreso virtual le permitió al ex tesorero municipal, Agustín Soberón, presentar un informe con un déficit que le aprobó el Cabildo por 129 millones de pesos, pero si le hubiera restado el importe de esos créditos a los activos municipales, los números rojos se hubieran elevado a 770 millones de pesos. El auditor no observó esta maniobra.
La auditoría no aclaró por qué conceptos ni a quiénes corresponden los más de 52 millones 565 mil pesos que recibió el municipio y que fueron jineteados entre una semana y dos meses posteriores al día en el que se tenían que haber depositado; aunque hay la certeza de que por lo menos 12 millones 200 mil pesos corresponden a la operación que se celebró con Grupo Constructor Iscamapi, propietaria de los condominios Monterra, porque varios depósitos que se hicieron para cubrir dos recibos de entero expedidos el 15 de agosto a favor de la compradora se depositaron hasta el mes de octubre. Estos recibos se pagaron extrañamente con el importe de 20 depósitos en efectivo, 19 de ellos realizados en Querétaro. Su informe no menciona el daño patrimonial que sufrió el municipio por haber aceptado que los gastos de la escritura corrieran por su cuenta, ni la indemnización que le perdonó al comprador porque no pagó la totalidad del precio en la fecha convenida.
La auditoría tampoco explica la extraña coincidencia de un estado de cuenta bancario en el que se aprecian 4 depósitos por 30 millones 452 mil 800 pesos que ingresaron en una cuenta del municipio destinada expresamente a captar las monedas que se reciben de los parquímetros. Esa cantidad coincide con la suma de 4 recibos de entero del 15 de agosto pasado que se expidieron a favor de Iscamapi.
