Con licencia para robar
Tercera y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
El Ayuntamiento que presidió Victoria Labastida violó la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como otros ordenamientos, al prescindir de la autorización del Congreso del Estado para enajenar los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. Lo hizo en repetidas ocasiones. Las más recientes fueron las donaciones de varios predios que cedió a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a la Arquidiócesis potosina, entre otros donatarios. Los representantes de estas instituciones deben encontrar la manera de convalidar sus adquisiciones que, sin este requisito, son nulas.
La Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí dispone que ningún notario podrá autorizar una escritura de enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del Estado y municipios sin la aprobación previa del Congreso del Estado; y el que la formalice incurre en responsabilidades, independientemente de que el acto jurídico es nulo. En Aguascalientes, por menos, se giró esta semana una orden de aprehensión en contra de un notario por haber autorizado varias donaciones que celebró el gobierno del estado con un organismo público sin haber cumplido con algunos requisitos similares a éste.
A pesar de las advertencias que se le hicieron en este sentido, el cabildo municipal, en un acto de prepotencia e inducido por las opiniones de los abogados de esa administración, autorizó y formalizó las enajenaciones sabiendo que a los adquirentes de buena fe les dejaba una bomba de tiempo que detonó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el informe final de su cuenta pública. Estas observaciones se encuentran sujetas a la resolución que en su momento emita el C. Juez Sexto de Distrito en el Estado en el Juicio de Amparo que promovió el ex síndico Luis Miguel Meade Rodríguez, las que pueden ser confirmadas o desechadas; aunque el criterio de la ASE es de que quedan firmes porque los ayuntamientos deben cumplir con este trámite para enajenar sus inmuebles y que la resolución recaída en la controversia constitucional que ganó la administración del ex alcalde Jorge Lozano no es aplicable en estos casos.
Se encontró también un acta del 11 de junio de 2012 en la que el Cabildo autorizó al municipio para que fungiera como aval del INTERAPAS en una línea de crédito hasta por 36 millones 208 mil pesos, a efecto de que el organismo pudiera celebrar con un particular un contrato de prestación de servicios para el Programa de Mejora Integral de la Gestión (MIG), que no es otra cosa más que la privatización de varios de los servicios que presta. La ASE sólo observó una falta menor consistente en que no se anexó ni remitió el contrato para su análisis, y no investigó una denuncia ciudadana en la que el ex presidente municipal interino, Luis Miguel Avalos Oyarvides, falseó la información al presentar una iniciativa al Congreso del Estado asegurando que el contrato se adjudicó al prestador de servicios denominado Mejora Integral San Luis, S.A. de C.V.”, cuando la licitante ganadora había sido la sociedad mercantil Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., como consta en el acta de fallo del 30 de marzo de 2012, que se puede consultar en la página electrónica de Proyecto Tábano.
La auditoría reporta un desembolso por 700 mil pesos que no fue observado y que presuntamente corresponde al pago que el municipio hizo para cubrir una parte de las obligaciones fiduciarias derivadas de la concesión que otorgó la administración del ex presidente municipal Marcelo de los Santos a un grupo de particulares para explotar el estacionamiento que construyeron sobre la cancha Morelos. El auditor tenía la obligación de investigar si ese compromiso -que trascendió el término de esa administración- fue autorizado por el Congreso del Estado y bajo qué condiciones se obligó el Ayuntamiento a completar el faltante del importe de las amortizaciones que los ingresos propios de ese negocio no alcanzaran a cubrir.
Un asunto que la ASE debió haber denunciado ante la Procuraduría General de Justicia, como asegura que lo hizo con otros ayuntamientos que no presentaron los informes de sus cuentas públicas, es el siguiente: el Ayuntamiento de San Luis Potosí -ya bajo la administración del ex rector Mario García Valdez- tampoco presentó la que abarca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012. Con especial interés esperábamos el informe final de la auditoría correspondiente a la revisión de esos tres meses que no pudimos obtener porque nos informan que no existe en virtud de que la cuenta pública no fue entregada. El cabildo en pleno violó la Constitución del Estado porque no verificó los ingresos y egresos comprendidos durante ese período. En ninguna de las sesiones que celebraron en enero del 2013 se agendó el informe. Lo tenían que haber aprobado y entregado al Congreso del Estado a más tardar el 31 de enero para cumplir con el principio de “anualidad”, como lo dispone el quinto párrafo del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, y no lo hicieron. Este ordenamiento no permite que el período que dejó de informarse pueda incluirse en la cuenta pública del siguiente ejercicio fiscal del ayuntamiento entrante, como pretende justificarse un miembro de ese cabildo para que no se le acuse de ejercicio indebido de la función pública.
En el pliego de observaciones financieras se señalan –entre otros- egresos por casi 67 millones de pesos que la ASE califica de improcedentes, entre las que podemos encontrar valiosos ejemplos de la incontenible y burda rapiña que prevaleció durante esa administración y que los interesados pueden consultar a detalle en la página web de Proyecto Tábano; así como del dispendio y desvío de recursos de decenas de millones de pesos que se tomaron del ramo 33. Insisto, sólo alguien con licencia para robar y protegido por un todo poderoso se atrevería a cometer con tanta desfachatez los ilícitos que se denuncian. En cualquier país democrático o con un mínimo de dignidad los contribuyentes habrían suspendido el pago de sus contribuciones hasta en tanto no se castigara a los culpables y devolvieran los que se robaron.
