Para nuestra vergüenza
Primera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Sólo en los países en los que el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o grupo no se les pide cuentas a los gobernantes, aunque en sus leyes exista la división de poderes, y si las presentan nadie se atreve a cuestionarlas y menos a investigar si los recursos se aplicaron correctamente. En sociedades pusilánimes como la nuestra ocurre otro tanto, pues ningún diputado o dirigente de los partidos políticos de oposición ha criticado la cuenta pública del gobierno del doctor Fernando Toranzo; y ¡vaya que existen elementos para reprobarla!
Ni siquiera el diputado del PAN, Alejandro Lozano González, “el Boris”, que ganó por un amplio margen en el distrito en el que se concentra la población de mayor poder adquisitivo y nivel académico del estado ha pronunciado una sola crítica sobre el tema. Su actitud ha decepcionado a muchos potosinos que confiaban en que haría un papel digno y combativo. Será por sumisión, mansedumbre, flojera, ignorancia o por temor a agraviar a los gobernantes; el caso es que ninguno ha emitido una opinión formal del resultado de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del 2012 del Poder Ejecutivo y, en cambio, con su silencio se han sumado a la patraña con la que el auditor superior del Estado ha iniciado el proceso de canonización de los funcionarios estatales que salieron limpiecitos. No me extrañaría que ni siquiera hayan leído el documento. Sólo unos cuantos medios de comunicación –como PULSO- han señalado los ilícitos e irregularidades que existen en el manejo de los más de 32 mil 609 millones de pesos que ingresaron a las arcas públicas -cifra record en la historia de San Luis-, cuyos beneficios no se ven reflejados por ninguna parte.
Cualquier partido político o diputado de oposición que se honre de serlo, con los recursos económicos y asesores que están a su disposición, debía publicar un análisis de las observaciones y comentarios de las auditorías que se les practicaron a 22 de las dependencias y entidades de la administración pública, aportando las pruebas de sus propias investigaciones, así como las denuncias que seguramente recibieron o conocen y que el auditor omite o minimiza en su informe. No hay ni habrá glosa ni debate en un asunto tan importante. Es cierto que la revisión y examen de las cuentas públicas es tarea de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, los diputados están facultados a señalar sus irregularidades desde la máxima tribuna del Estado, así como pedir información y demandar toda clase de explicaciones sobre la aplicación de los dineros públicos, solicitando la comparecencia del gobernador y de los funcionarios para que respondan a sus dudas y cuestionamientos.
No sé si el doctor Toranzo se ha dado cuenta de que existe un hartazgo -cada vez mayor- a su administración y persona. Que da la impresión de que tenemos un gobernador agotado, rebasado por los problemas y sin iniciativa, contando los días que le faltan para dejar el cargo y terminar con este suplicio. La falta de obras e inversiones, principalmente en el interior del estado que se encuentra desolado e improductivo; el desempleo y los bajos salarios; la corrupción que -como pocas veces- ha sido exhibida y documentada; el encarecimiento de los servicios y canasta básica de las familias; y la violencia e inseguridad han provocado un enorme descontento entre la población que podría llevarnos a que en San Luis se repitieran las acciones de extrema violencia –similares a las de una guerrilla- que están ocurriendo en el estado de Michoacán contra las fuerzas del orden público; a lo que habría que sumarle las gravísimas fallas de los aparatos de seguridad del estado, como el homicidio de un menor ocurrido en la huasteca potosina por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y que sólo porque intervino un relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales enviado por la ONU -que atendió la queja del padre- se está investigando, pues de no haber sido así sería un baja más que habría quedado olvidada en los cajones de la impunidad. Otro reporte de ese organismo que debería avergonzarnos es en el que se concluye que la muerte de los 13 reos ocurrida el 27 de abril en el penal de La Pila “se debió a que las autoridades han fallado en abordar adecuadamente el problema de autogobierno en el control penitenciario”, no obstante que fueron advertidos de esa situación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Otras quejas se han dirigido en contra del Poder Judicial. A través de las redes sociales se ha denunciado una enorme injusticia en contra de Hilda, la indígena que fue encarcelada por un aborto en el que ocurrieron serias deficiencias y abusos en su detención y proceso, y que espera el fallo de la quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por los magistrados Zeferino Ezquerra Corpus, Carlos Alejandro Robledo y María Guadalupe Orozco Santiago, que resolverán –ahora que regresen de vacaciones- el recurso de apelación que presentó esta joven mujer en contra de la sentencia que con criterios discriminatorios pronunció el juez Miguel Ángel Romero Díaz.
Tampoco se ha hecho justicia en el caso del secuestro y homicidio del hijo del ex diputado Tomás Rosales López. Su peregrinar y esfuerzos para que se castigue a los culpables han resultado inútiles. Ayer se cumplió el primer aniversario del ataque armado que ocurrió en la cabecera municipal de Tanquián, en el que Ana Rebeca González Argüelles, recién egresada de una carrera universitaria, así como otros cuatro jóvenes inocentes fueron victimas de la delincuencia demencial. Como ésta, quedan sin resolver cientos de tragedias que enlutan a muchas familias potosinas que se resisten a aceptar las versiones del gobierno en el sentido de que los presuntos delincuentes de sus seres queridos han sido apresados o abatidos, cuando sin pruebas contundentes les adjudican a éstos la autoría de todos los males que ocurren en la entidad, con tal de reducir el número de expedientes rezagados y calmar los reclamos de los deudos y ciudadanos que exigen justicia.