Para nuestra vergüenza
Segunda Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
La crítica más severa que se le puede señalar al informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del 2012 del gobierno del doctor Fernando Toranzo consiste en que el auditor superior del estado, Héctor Vicente Mayorga Delgado, ocultó, desatendió o minimizó diversos asuntos que por su gravedad debían haber sido observados. Las cifras y comentarios que aparecen en el informe nos permiten advertir algunos de los excesos en que incurrió esa administración, cuyos responsables nunca serán sancionados pues no tendrán la obligación de aclararlos sus ilícitos e irregularidades porque no aparecen en el pliego de observaciones. La atención mediática se ha concentrado principalmente en los escandalosos resultados de la auditoría de la cuenta de la ex alcaldesa Victoria Labastida, lo que le ha permitido a la estatal pasar casi inadvertida.
La auditoría no hace referencia a la situación procesal que llevan las investigaciones relacionadas con el desvío de más de 561 millones de pesos que le observó al gobierno de Toranzo en la revisión de la cuenta pública del 2009, derivados del préstamo de los 1,500 millones que obtuvo el gobierno anterior, y que han motivado un conflicto de responsabilidades entre las dos administraciones que se prolonga desde hace más de tres años sin que la Auditoría Superior del Estado (ASE), ni ninguna otra autoridad hayan resuelto en definitiva si el gobierno de doctor recibió esa cantidad o si el de Marcelo de los Santos la gastó y desvió en operaciones que no estaban autorizadas en el decreto legislativo. Técnicamente el adeudo desapareció de la contabilidad gubernamental cuando el 19 de noviembre de 2010 el gobierno priista suscribió un nuevo empréstito por 1,483 millones de pesos con Banco Santander que se aplicó al pago del saldo insoluto que se le debía al banco acreedor.
Esta semana obtuvimos, después de tres años de batallar, una copia del fideicomiso -que se puede consultar en la página electrónica de Proyecto Tábano- con el que el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, justifica que en ese instrumento dejó una parte del remanente del crédito marcelista que recibió el gobierno del doctor Toranzo. Se trata de un convenio de pago que al amparo de ese fideicomiso celebró el gobierno anterior el 21 de agosto de 2009 para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y en el que, además de los recursos provenientes de las participaciones federales, afectó 25 millones 530 mil pesos que se tomaron del importe del crédito, como fondo de contingencia para garantizar el pago de dos amortizaciones mensuales de capital e intereses. La ASE no informó en qué se aplicaron esos recursos que el gobierno priista recuperó cuando reestructuró la deuda y que parece que fue lo único que sobró del préstamo de los 1,500 millones de pesos. En ese fideicomiso esperábamos encontrar el depósito o transferencia inicial del importe total del préstamo, así como los movimientos inmediatos con los que se dispersaron esos recursos a otras cuentas bancarias o los pagos que directamente autorizó el gobierno panista para cubrir gasto corriente y otras banalidades con las que en unos días agotó el dinero.
El auditor tampoco aclara la situación que guarda el préstamo ilegal que por 70 millones de pesos facilitó el gobierno de Marcelo de los Santos, y que no ha sido pagado ni reconocido por los cañeros potosinos ni por el Grupo Santos, la propietaria de los ingenios que generó el conflicto porque se rezagó en los pagos que debía a los productores huastecos. La ASE asegura que «actualmente se encuentra en un proceso legal para la recuperación del mismo», pero no cita el número de expediente ni el juzgado en el que se tramita el asunto. La CEGAIP ordenó el pasado 27 de junio que se entregara una copia de la documentación comprobatoria a un peticionario de información pública que, ante la negativa de la autoridad para soltarla, presentó un recurso de queja que se le concedió -y que también se puede consultar en la página de Proyecto Tábano- porque según el gobierno del Estado se encontraba clasificada como reservada, cuando no había cumplido con las formalidades de esta hipótesis. El secretario de Finanzas desacató la resolución e invitó al peticionario para que formulara directamente su solicitud al Poder Judicial Federal, no obstante que la comisión responsable de garantizar este derecho determinó que el quejoso no pedía información relativa al procedimiento judicial, sino que solicitaba los comprobantes del reconocimiento de adeudo que por su naturaleza son públicos y debían entregársele. La desdentada e inútil CEGAIP no se atrevió a sancionar al secretario de Finanzas que en un primer momento hasta tuvo el atrevimiento de negar la existencia de los documentos para más tarde argumentar que no los entregaba porque estaban clasificados como reservados.
La explicación más sensata sobre este asunto parece ser que es la que recoge el periodista Eduardo Delgado, colaborador de «Pulso», en la entrevista que apareció publicada el 29 de julio, en la que Brígido Delgado Rodríguez, miembro de una de las asociaciones que se vieron beneficiadas, asegura que ellos pagaron el préstamo a través del ingenio (Grupo Santos) que se los retuvo, pero que desconoce si éste se lo reintegró al gobierno. La empresa por su parte niega haber recibido el dinero.
Al auditor no le importó que el secretario de Finanzas pagara al Banco Nacional de México intereses por $1,026,462.00 pesos por un crédito quirografario de 200 millones de pesos que suscribió el 4 de diciembre de 2012 y liquidó el 20 de ese mismo mes, a una tasa del 11.548% anual, cuando en otros créditos iguales había pagado el 6.80% anual. Ni siquiera le exigió una explicación por la irracionalidad del gasto. Así andaría de apurado al haber aceptado las condiciones abusivas del banco agiotista; y todavía peor, tuvo la desvergüenza de regañar al alcalde de Tamuín porque obtuvo de BANSI un crédito a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de más 11 puntos.
