Para nuestra vergüenza

Tercera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
A Casa Don Bosco por el 25 aniversario de su fundación, y en especial al tío Pepe, director de la obra, por su exitosa labor en favor de los niños y jóvenes  marginados. ¡Felicidades!

Es muy difícil evaluar con certeza los hallazgos más sustantivos de los informes de las auditorías que el organismo encargado de esta tarea les practica a las cuentas públicas cuando su titular no es una persona confiable y cuando muchas de sus actuaciones son más bien las de un encubridor. Cuando el auditor distorsiona y esconde cifras y conceptos le resta credibilidad a todo el informe, y a los que lo analizamos nos deja en un estado de incertidumbre porque no sabemos qué partes del documento debemos tomar como indubitables y cuáles desechar por oscuras o falsas, y más cuando se resiste a proporcionarnos la información adicional que le solicitamos y que está obligado a entregar. En estas condiciones es muy cuestionable la calidad de la información. ¿Pero qué podemos esperar de un auditor que después de tres años es incapaz de resolver en definitiva las observaciones que le señaló a los secretarios de Finanzas de éste y del gobierno anterior, en un asunto tan relevante como es el destino que se le dio a los 1,500 millones de pesos que -ya para irse- obtuvo el gobierno de Marcelo de los Santos?.

En el caso del informe de la auditoría de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 2012 podemos concluir que Mayorga fue harto generoso y condescendiente con los responsables de manejar esos recursos a los que les dispensó sus ilícitos e irregularidades, y que sería inútil investigar los medios de defensa que utilizaron para desvanecer sus observaciones porque sabemos que no nos serán entregados; como también es inútil imaginarnos que algún día se logren recuperar los créditos que se determinen; pero a pesar de toda esta manipulación, descubrimos lo siguiente:

1.- El auditor omite el monto de los recursos que la entidad tuvo que reintegrar en el 2012 a la federación por las observaciones de carácter económico derivadas de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a ejercicios anteriores, en las que se determinó un presunto daño o perjuicio que sufrió la Hacienda Pública Federal. Para darnos una idea de las dimensiones de este problema basta con revisar la página 14 del documento denominado «Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010», que emitió la ASF, en el que informa que San Luis Potosí, sólo por este fondo, tuvo que devolver recursos por más de 356 millones de pesos a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Los conceptos más recurrentes corresponden a pagos hechos a trabajadores comisionados al sindicato de maestros o adscritos a centros de trabajo no financiables con recursos del FAEB. Seguramente que los recortes presupuestales de los que se queja el secretario de Finanzas tengan algo que ver con estos reintegros.

2.- Pero es peor el panorama de las conclusiones de la auditoría practicada al Fondo Para la Infraestructura Social del Estado (FISE) correspondientes a los ejercicios fiscales del 2007 y 2009, al que se le asignaron 305 millones de pesos y que se dan a conocer hasta ahora. La ASF determinó que el principal concepto observado fue el de obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal que alcanzó el 90.5% del total de recursos observados. La ASF concluye que lo anterior es una muestra de que la gestión del fondo en el estado enfrenta problemas estructurales importantes.

3.- El auditor no evaluó debidamente el cumplimiento de las metas y objetivos que se programaron y por lo tanto no se generaron observaciones importantes al respecto. Sus comentarios son lugares comunes que nada revelan. No se atreve a evaluar las políticas de austeridad a las que se comprometió el gobierno ni el esquema de prioridades en la aplicación del gastos público porque tendría que empezar con una crítica a los gastos del Despacho del Ejecutivo que salió limpiecito de la revisión a pesar de que la Casa de Gobierno y las oficinas de palacio, desde donde despacha, reportaron gastos irracionales como los más de 3 millones 403 mil pesos que se ejercieron por concepto de servicios de mantenimiento, limpieza y tintorería; o los 189 mil pesos que se pagaron por artículos de limpieza destinados principalmente al aseo de esa casa. Los invitados a la casa del gobernador no lo pueden acusar de tacaño, pues dentro de la cuenta de Gastos de Ceremonial se erogó la cantidad de 2 millones 971 mil pesos por «los insumos alimenticios» para diferentes eventos con magistrados de Costa Rica; diputados locales; paisanos de Laredo, Texas; funcionarios de la CFE; directivos de la empresa Nissan de México y los imprescindibles gorrones de la COPARMEX y otros empresarios. En esta cuenta están incluidos los gastos por la impresión de lonas para las giras del gobernador, así como la renta del mobiliario y equipo audiovisual. El número de trabajadores, incluido el gobernador, asignados a ese Despacho se elevó de 32 en el 2009 a 99 en el 2012. ¿Alguna explicación?

4.- El auditor no reparó que el DIF Estatal adjudicó a una empresa del estado de Puebla los desayunos escolares por los que en los tres últimos año le pagó más de 321 millones de pesos, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado que se refiere al derecho de preferencia que tienen los proveedores locales para que el gobierno les compre sus productos. Es inexplicable que no haya habido un sólo proveedor potosino que igualara o mejorara el precio de esos insumos. Y si bien es cierto que al DIF se le audita por separado de la cuenta del Poder Ejecutivo, el auditor no ha aclarado un asunto tan delicado que se encuentra bajo sospecha. ¿No habrá algún diputado que tenga el valor de citar a los titulares de estas oficinas para que comparezcan y respondan a sus cuestionamientos?