Una bestia anda suelta
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Pocos crímenes han conmovido tanto a la sociedad potosina como la violación y homicidio calificado que sufrió la menor Itzachel Shantal González López, alumna del primer año de bachillerato del Instituto Salesiano, ocurrido el 20 de octubre de 2007 en las instalaciones de esa casa de estudios. La crueldad, lugar, victima, homicida y demás características de este suceso son algunos de los elementos que lograron que ese brutal asesinato impactara profundamente en la conciencia de los potosinos. Todo indicaba -desde un principio- que el homicida era alguien vinculado con la adolescente y concretamente se señalaba que el autor podría haber sido alguno de los maestros o directores del plantel, y por ese lado se enfocaron las investigaciones descartando cualquier otra conjetura. Fue tal el manoseo de ministeriales y huéspedes del inmueble, o tal la protección e impunidad de la que gozó el victimario, que estropearon la escena del crimen y los videos de las cámaras de seguridad, como las propias autoridades lo reconocieron, alterando y desaparecido huellas y objetos claves de la pesquisa. Nunca se les fincaron cargos a los responsables de esas injerencias no obstante que algunos de ellos estaban plenamente identificados. El 7 de octubre de 2009, el sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, salió de su refugio y se entregó voluntariamente a la juez Sexta del Ramo Penal, Juana María Castillo Ortega, porque previamente lo había convencido su ex abogado defensor, Cándido Ochoa Rojas, en ese momento procurador General de Justicia del Estado, de que dentro del término constitucional sería puesto en libertad por falta de pruebas y que era mejor confrontar personalmente la acusación que seguir escondido. Él como nadie sabía que la averiguación era endeble y que no existían elementos contundentes para procesarlo. No creo que el ahora secretario general de gobierno le hubiera tendido una trampa a su ex cliente. No lo considero ruin ni perverso para cometer una fechoría de ese tamaño. Más bien creo que algo le salió mal, que no calculó todas las consecuencias de su estrategia y por las presiones que se ejercían en un asunto altamente politizado que había atraído la atención de importantes personajes; uno o varios de los magistrados del Poder Judicial le ordenaron a la juez que le dictara auto de formal prisión. En asuntos tan delicados como éste los jueces resuelven conforme a lo que les ordenan sus superiores porque saben que la sentencia será apelada. Tampoco considero que el abogado haya incurrido en una acción de prevaricato, si acaso en un conflicto de intereses porque es cierto que su intervención fue en momentos y circunstancias diferentes a las responsabilidades que le ha tocado ejercer. Tan es así que en la última entrevista que concedió el religioso se le preguntó sobre la actuación de Cándido Ochoa, contestando que lo respetaba y que como sacerdote estaba llamado a perdonar.
A partir de su aprehensión, algunos potosinos le reconocimos al doctor Fernando Toranzo que dentro de las primeras acciones de su administración hubiera ordenado la consignación del expediente al Juez que el Ministerio Público Investigador de Delitos de Alto Impacto elaboró el 21 de agosto de 2009, -36 días antes de que concluyera la administración de Marcelo de los Santos- con el pliego de la consignación de la averiguación previa de esos ilícitos, determinando como probable responsable al sacerdote de los delitos señalados. También considerábamos en ese momento que el ex gobernador había retenido dolosamente el expediente, no obstante que dentro de su gestión debió consignarlo y solicitar la orden de aprehensión.
De esta manera el sacerdote perdió su libertad y purgó en el penal de la Pila casi 4 años de los 33 y 6 meses a que fue sentenciado hasta que 4 de los 5 ministros que integran la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, ordenaron su absoluta e inmediata libertad por falta de pruebas. El expediente era una aberración pues no encontraron una sola prueba que incriminara en los hechos al sentenciado, sino meros indicios, los cuales resultaron insuficientes para acreditar su culpabilidad. No creo que los ministros hayan otorgado el amparo por las presiones y cabildeos ejercidos por algunos miembros de la alta jerarquía de la iglesia y sus abogados; aunque no hay que perder de vista que el caso atrajo la atención personal del Papa Benedicto XVI, como consta en el boletín de prensa que a través del Internet difundió la Arquidiócesis de México, el 24 de julio de 2011, en el que denuncia que “Esta injusticia ha tocado matices internacionales, esto se puede ver reflejado en el viaje que realizaron el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, en un intento por sensibilizar la realidad de esta arbitrariedad acudieron a la Santa Sede quienes a través del Padre Walter Paolo fueron recibidos por el Santo Padre, a quien le pusieron de conocimiento la situación del padre José Carlos, mostrando gran inquietud e instruyendo a su personal para que tuvieran conocimiento y estar pendientes del asunto”.
Creo que a muchos potosinos nos queda una sentimiento de enfado y frustración porque el homicida anda libre, porque tenemos la certeza de que jamás será castigado y porque a Shantal no se le hará justicia. Queda también un efecto de desencanto y desconfianza a las autoridades responsables de procurar y administrar justicia por su ineptitud y torpeza. Es otro caso que se suma a la larga lista de yerros y abusos en los que últimamente han incurrido y; finalmente quedan dudas sobre la inocencia del sacerdote, independientemente de la valoración que hicieron los ministros de la Corte al considerar que fue víctima de una injusticia porque las prueba en las que se basaron para condenarlo sólo eran indicios «fuera de lógica» y «carentes de sentido común»; pues hay que entender que su liberación obedece a las fallas procesales y no a una declaración expresa y contundente de su inocencia.
¡Hasta octubre!